Vivienda notifica más de 950 pisos turísticos ilegales en Cantabria
Los inmuebles sin registro obligatorio fueron señalados como ilegales y las plataformas deben retirar sus anuncios, mientras se supervisa los alquileres turísticos para garantizar acceso a la vivienda
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha informado sobre la identificación de un total de 955 pisos turísticos considerados ilegales en la comunidad autónoma de Cantabria, y ha notificado a diversas plataformas digitales la necesidad de retirar de manera inmediata los anuncios correspondientes a estos inmuebles que se encuentran en oferta en distintos portales de comercialización online.
Entre estos 955 pisos, 220 se encuentran en la ciudad de Santander, lo que representa aproximadamente un 23% del total, mientras que en otras localidades de la región los números se distribuyen de la siguiente manera: 79 en Suances, 60 en Comillas, 54 en San Vicente de la Barquera y 38 en Ribamontán al Mar, según precisó el Ministerio de Vivienda en un comunicado oficial.
Estos inmuebles han solicitado obtener el número de registro obligatorio que permite su funcionamiento legal como alojamiento turístico a partir del 1 de julio del presente año. Sin embargo, dichas solicitudes no han recibido aprobación porque los pisos no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente para la operación de alquiler turístico.
En consecuencia, las plataformas digitales deben proceder a retirar los anuncios de estos pisos, los cuales podrían estar siendo ofrecidos en varias plataformas simultáneamente, una situación que dificulta el control y seguimiento de la oferta turística irregular. El Ministerio puntualizó que este procedimiento forma parte de un conjunto de medidas orientadas a garantizar la transparencia y la legalidad en el sector del alojamiento turístico en Cantabria y en el conjunto de España.
primeros de europa. España se ha convertido en el primer país de Europa en implementar un Registro único de alojamientos temporales, desarrollado en colaboración con el Colegio de Registradores. Esta medida tiene como objetivo principal erradicar el fraude en los alquileres turísticos, asegurando que únicamente aquellos inmuebles que cumplan con todos los requisitos legales puedan ofrecerse públicamente como alojamientos turísticos.
El registro permite un seguimiento sistemático de todos los inmuebles que solicitan operar como alquileres temporales o turísticos y facilita la coordinación entre las autoridades competentes y las plataformas digitales que actúan como intermediarias en la oferta de alojamiento.
A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos de este registro se cruzan con la información proporcionada por las plataformas digitales, permitiendo la identificación rápida y precisa de los anuncios que carecen del código de registro obligatorio. Esta herramienta tecnológica permite verificar de forma sistemática y uniforme la legalidad de cada inmueble anunciado en la red, evitando que los propietarios puedan comercializar alojamientos sin cumplir con los requisitos normativos.
Desde que el registro comenzó a funcionar el 1 de enero del presente año, se han recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998, equivalentes al 78,75%, corresponden a alquileres de uso turístico, mientras que el resto se relaciona con otros tipos de alquiler temporal. Del total de solicitudes recibidas para alquileres turísticos, 53.786 han sido revocadas, lo que representa el 20,3% del total de solicitudes. La revocación de un código implica que el Colegio de Registradores recibió la solicitud, pero que esta contenía datos incompletos o información que no se ajustaba a la normativa vigente sobre la actividad que se pretendía desarrollar.
Cuando la solicitud no se corrige dentro del plazo establecido, el código es revocado y el inmueble queda impedido para operar como alquiler turístico legalmente. Esta medida asegura que únicamente aquellos inmuebles que cumplen con los requisitos puedan permanecer en el mercado y evita la proliferación de pisos turísticos ilegales que afectan a la regulación del sector.
En la Comunidad de Madrid, se registra un comportamiento diferenciado respecto al resto de España, constituyendo una excepción dentro del sistema nacional de registros. En esta región, el 83% de las solicitudes presentadas corresponden a alquileres temporales, mientras que únicamente el 17% se registran como alquileres turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico en la Comunidad de Madrid, más de un tercio han sido revocadas por no cumplir con la legalidad.