El TSJC anula la suspensión del funcionario clave en la trama de Obras
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado la suspensión provisional de funciones impuesta a M.A.D., funcionario del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas e investigado en la 'trama de Obras' por presuntas adjudicaciones irregulares. La resolución permite al funcionario volver a su puesto de trabajo, del que fue apartado hace más de un año.
Motivo de la anulación
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC concluye que la medida cautelar adoptada por la administración solo podía prolongarse seis meses, al tratarse de una suspensión de naturaleza administrativa, no penal. Esta interpretación se fundamenta en doctrina consolidada del Tribunal Supremo, que establece ese límite cuando no concurren medidas judiciales que impidan expresamente la reincorporación al cargo.
“No se ha acordado ninguna medida judicial que impida al funcionario el desempeño del puesto desde su excarcelación en septiembre de 2023”, recoge el fallo.
Antecedentes del caso
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El funcionario fue apartado en febrero de 2023, coincidiendo con su ingreso en prisión provisional por orden de la jueza instructora del Juzgado de Instrucción nº5 de Santander.
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La Consejería de Obras Públicas ratificó en mayo la suspensión como medida cautelar, motivada únicamente por la apertura del procedimiento penal.
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En marzo de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 avaló la decisión de la administración. Ahora, esa sentencia ha sido revocada por el TSJC.
Contexto judicial y penal
El funcionario M.A.D. es considerado el presunto cabecilla de una red que, según la Fiscalía de Cantabria, habría cometido delitos de:
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Fraude en la contratación pública
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Cohecho
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Falsedad documental
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Blanqueo de capitales
La acusación se extiende también a su esposa, hijas y empresarios de constructoras como API, Rucecan y La Encina. El procedimiento penal, aún bajo secreto de sumario, se encuentra en fase final previa a la apertura de juicio oral.
Consecuencias administrativas y recursos
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La sentencia del TSJC no es firme y el Gobierno autonómico ya ha anunciado su intención de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, argumentando que existen “razones fundadas” para mantener la suspensión hasta que se produzca el juicio.
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No obstante, la anulación implica efectos administrativos y económicos, entre ellos la posible readmisión inmediata y la reclamación de los salarios dejados de percibir durante el periodo de suspensión que excede los seis meses permitidos.
El TSJC basa su decisión en una reciente sentencia del Supremo, que reconoce el derecho del empleado público a reincorporarse cuando no exista medida judicial restrictiva vigente, incluso si continúa abierto el proceso penal.