El tren Santander-Bilbao da un paso clave: el proyecto entra en información pública tras años de espera

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sometido a información pública durante 30 días hábiles el estudio informativo del tren Santander-Bilbao, un proyecto largamente demandado que busca mejorar la conexión ferroviaria entre ambas capitales del norte. El anuncio ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras la aprobación provisional del estudio el pasado 30 de octubre, y abre también el trámite de audiencia a las administraciones implicadas.

El documento, que analiza dos posibles alternativas de trazado, propone además una puesta en servicio progresiva por fases, con el fin de adaptar la inversión y el desarrollo de la infraestructura a la demanda real de viajeros y mercancías. En concreto, el Ministerio plantea tres tramos diferenciados: Santander-Laredo, Laredo-Castro Urdiales y Castro Urdiales-Bilbao.

Un proyecto con potencial, pero sin rentabilidad suficiente

Las conclusiones del estudio apuntan a que ambas alternativas ofrecen una opción competitiva frente a la carretera para el transporte de viajeros y mercancías entre Santander y Bilbao. Sin embargo, el análisis económico revela que ninguna de las dos cumple actualmente con la “rentabilidad socioeconómica mínima exigida” para formar parte de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T), lo que obliga a un “replanteamiento” del proyecto antes de su ejecución.

En este sentido, el Ministerio considera necesario revisar algunos de los condicionantes de partida y explorar “nuevas alternativas” que mejoren la viabilidad del tren, tanto desde el punto de vista económico como funcional. Entre las medidas a estudiar, el documento menciona la posibilidad de ajustar el diseño de la infraestructura para determinar si debe ser de tráfico mixto (viajeros y mercancías) o exclusiva de pasajeros, así como optimizar la ubicación de las estaciones con el fin de aumentar la captación de demanda y conectar mejor con la red ferroviaria existente.

Dos alternativas principales y sus diferencias

Las dos opciones analizadas en el estudio difieren principalmente en el número de paradas y el recorrido exacto del trazado.

• La primera alternativa, con parada solo en Castro Urdiales, permitiría reducir el tiempo de viaje en unos seis minutos y se considera más favorable a nivel económico y medioambiental, ya que evitaría las Marismas de Santoña, un entorno de gran valor ecológico.

• La segunda alternativa, con paradas tanto en Laredo como en Castro Urdiales, discurriría por las marismas y tendría una longitud ligeramente inferior, lo que, según el estudio, la hace más ventajosa desde el punto de vista funcional y territorial al ofrecer un mayor equilibrio entre accesibilidad y conectividad.

En el entorno de Castro Urdiales, donde ambas opciones confluyen, se han contemplado dos posibles soluciones de trazado en altura: una de rasante baja, que atravesaría la autopista A-8 mediante un túnel, y otra de rasante alta, que lo haría por un viaducto. En las conclusiones, el Ministerio señala que la opción subterránea (rasante baja) obtiene una valoración ligeramente superior en el análisis multicriterio por su menor impacto paisajístico y mejor integración territorial.

Trámite de información pública y presentación de alegaciones

La documentación completa del estudio puede consultarse durante 30 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE. Durante este plazo, cualquier persona, entidad o administración podrá formular observaciones sobre la concepción general del trazado y los posibles efectos sobre el interés público.

Asimismo, las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras podrán emitir sus propios informes técnicos en relación con los aspectos funcionales y de explotación del futuro trazado.

Las alegaciones podrán presentarse preferentemente a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, aunque quienes no dispongan de certificado digital o sistema Cl@ve podrán hacerlo por cualquiera de las vías previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.