Las consecuencias de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia se traduce en datos escalofriantes que afectan directamente a los cántabros con 90 juicios suspendidos en un solo día, 71 demandas que no están siendo admitidas a diario, entre 120 y 200 notificaciones telemáticas a procuradores y abogados paralizadas diariamente.

La huelga está teniendo un "seguimiento masivo" en Cantabria. Denuncian incumplimiento de una serie de compromisos que adquirió en abril de 2022 el Ministerio de Justicia. El departamento se comprometió a reducir de cinco a tres grupos funcionariales, como pasa en otros sectores como el de los forenses en aras de mejorar la equiparación salarial de este cuerpo funcionarial.

Y alrededor de una veintena de letrados cántabros estarán presentes este miércoles en la manifestación que se ha convocado a nivel nacional, en Madrid y que irá de la plaza de Callao a la sede del departamento de Justicia.

Además de reclamar el cumplimiento de esos compromisos, estos profesionales quieren poner en valor su trabajo, ya que, apunta Muñoz, son "los grandes desconocidos" del sector judicial.

En palabras de Muñoz, los letrados "dirigen los juzgados", admiten las demandas y son los fedatarios de los jueces, por lo que en todas las actuaciones de los jueces tienen que tener presente a un letrado. También son responsables de los actos de comunicación, firman las notificaciones de sentencia, las citaciones para los juicios, aplazamientos o requerimientos.

Y dirigen el proceso de ejecución de las sentencias, así como la cuenta de consignaciones de los juzgados y los registros administrativos, que es donde se anotan las órdenes de protección, o las medidas cautelares.

Muñoz recalca sus "disculpas a la ciudadanía", ya que está previsto que la huelga paralice la Justicia.

El "detonante" del conflicto se sitúa en el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021". Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento", denuncian.