Solo alquileres de temporada: el largo plazo desaparece del mercado cántabro

El acceso a la vivienda en Cantabria continúa complicándose. Según un estudio de un portal inmobiliario, el esfuerzo económico que los cántabros deben realizar para comprar una vivienda ha aumentado en el tercer trimestre de 2025 hasta el 19% de los ingresos del hogar, mientras que para alquilar asciende al 26%. En ambos casos, se trata de un punto más que en el mismo periodo del año pasado.

Aun así, la región se mantiene por debajo de la media nacional, situada en el 25% en el caso de la compra y en el 36% para el alquiler. Aunque estas cifras no superan el límite del 30% recomendado por los expertos, el incremento evidencia una tendencia preocupante en un mercado cada vez más tenso y desigual.

En Santander, los porcentajes son todavía más altos: el esfuerzo para la compra se sitúa en el 21%, mientras que para el alquiler alcanza el 26%, reflejando la presión del mercado en la capital cántabra, donde la oferta se reduce y los precios se mantienen en constante ascenso.

Pero detrás de las estadísticas se esconde una crisis más profunda y silenciosa: la desaparición del alquiler de larga duración. En municipios como Santander, Torrelavega o Laredo, encontrar una vivienda disponible durante todo el año se ha convertido en una misión casi imposible.

Un mercado tensionado: suben los precios, baja la oferta

Las agencias inmobiliarias lo confirman: sí hay pisos en Cantabria, pero casi todos son de alquiler temporal o turístico. El alquiler de larga duración —el que permite a una familia o a un trabajador asentarse de forma estable— ha desaparecido prácticamente del mercado.

Los precios superan ya los 700 euros incluso en barrios periféricos, mientras que el centro de las principales ciudades apenas ofrece viviendas disponibles. En la práctica, la escasez ha convertido el acceso a un piso en una competencia feroz entre familias, jóvenes y estudiantes.

El aumento de los pisos turísticos y el miedo a la ocupación ilegal han sido los dos grandes detonantes de este escenario. Según los datos del Gobierno de Cantabria, en la región hay cerca de 50.000 viviendas vacías, pero solo una fracción mínima se encuentra en el mercado de alquiler.

El 37,2% de los inmuebles en alquiler salieron del mercado regional durante los primeros meses de aplicación de la Ley estatal de Vivienda, aprobada en 2023, según reconoció el propio consejero de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente.

Los propietarios, temerosos ante posibles ocupaciones o impagos prolongados, prefieren mantener sus viviendas cerradas antes que arriesgarse a un conflicto judicial. “Muchos prefieren tener la vivienda vacía antes que perderla por una ocupación o un juicio interminable”, explica una administradora de fincas con dos décadas de experiencia en Santander.

El auge de los pisos turísticos agrava la situación

A este fenómeno se suma la expansión del alquiler turístico, especialmente en localidades costeras como Santander, Suances o Noja. Tras la pandemia, muchos propietarios optaron por convertir sus viviendas en alojamientos vacacionales, atraídos por la rentabilidad y la flexibilidad de este modelo.

Según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), las licencias de viviendas turísticas han crecido más de un 60% en los últimos tres años. Mientras tanto, el número de contratos de larga duración se ha desplomado.

Los nuevos contratos suelen limitarse a alquileres de temporada de entre uno y nueve meses, que no garantizan estabilidad ni derechos a los inquilinos. El resultado es un mercado dual: abundan los pisos para turistas y trabajadores temporales, pero faltan viviendas para residentes permanentes.

En el centro de Santander o en zonas como El Sardinero, cada nuevo piso turístico implica una vivienda menos disponible para alquiler habitual. “Estamos ante una tormenta perfecta: falta de oferta, miedo a alquilar y una fiebre turística sin regulación suficiente”, señala un experto inmobiliario.

Los estudiantes, las principales víctimas

Cada otoño, decenas de estudiantes llegan a Cantabria con la ilusión de iniciar una etapa universitaria. Sin embargo, muchos se encuentran con una realidad desalentadora: no hay viviendas disponibles para ellos.

Las residencias universitarias no cubren la demanda, y los pisos compartidos se alquilan en cuestión de horas a precios que superan los 400 o 500 euros por habitación. Los propietarios, conscientes de la escasez, exigen meses de fianza, nóminas e incluso avales bancarios, requisitos imposibles para la mayoría de jóvenes.

“Llevo dos meses buscando piso en Santander y solo me ofrecen contratos de seis meses. En junio tengo que marcharme sí o sí porque el dueño lo alquila a turistas”, cuenta María, estudiante de Fisioterapia.

En Torrelavega, la situación es incluso más grave. El campus universitario, concebido hace más de una década como motor educativo y económico, sigue sin contar con una residencia de estudiantes, a pesar de que el proyecto fue anunciado en varias ocasiones.

La formación Torrelavega Sí ha denunciado la “dejadez institucional” y la “falta de visión estratégica” del Gobierno regional y la Universidad de Cantabria. “Cada año llegan jóvenes buscando formación y no encuentran dónde vivir”, lamenta su portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante.

El plan original preveía una residencia con 200 plazas y una inversión cercana a los 10 millones de euros, pero se encuentra paralizado. Sin alternativas, muchos estudiantes terminan en alojamientos precarios o desplazándose a diario desde otros municipios, con el coste añadido que eso implica.

Un problema social y generacional

La crisis de la vivienda no solo afecta a los estudiantes. También los jóvenes trabajadores enfrentan un panorama cada vez más difícil. La mayoría no puede acceder a una hipoteca —pese al aumento de los salarios mínimos—, y el alquiler estable se ha convertido en un lujo reservado a unos pocos.

El parque público de vivienda en Cantabria representa menos del 2% de los hogares, muy por debajo del 10% recomendado por la Unión Europea. En la última década, las promociones públicas de vivienda asequible se han reducido drásticamente.

La Ley de Vivienda, aprobada con el objetivo de proteger a los inquilinos, ha tenido efectos contrarios en comunidades con mercados pequeños como el cántabro. La limitación de rentas y la mayor complejidad para los desahucios han generado inseguridad jurídica entre los propietarios, que prefieren retirar sus inmuebles del mercado.

Algunos ayuntamientos, como Santander o Castro Urdiales, han impulsado programas de “alquiler seguro”, mediante los cuales el consistorio actúa como intermediario y garantiza el cobro a los propietarios. Sin embargo, su alcance es todavía limitado.

Entre el turismo y la vivienda: un equilibrio pendiente

Cantabria, cuya economía depende en gran parte del turismo, se enfrenta al reto de equilibrar el desarrollo turístico con el derecho a la vivienda. Las zonas costeras, que concentran la mayor parte de los visitantes, son también las más afectadas por la falta de alquiler estable.

El Gobierno regional ha reconocido la necesidad de una regulación específica para compatibilizar ambos usos, pero aún no ha aprobado una normativa que limite o ordene la proliferación de pisos turísticos.

Mientras tanto, los alquileres se disparan, el acceso a la vivienda se complica y la población joven ve cada vez más difícil construir su futuro en la región.

“Queremos estudiar, trabajar y quedarnos aquí, pero no tenemos dónde vivir”

Cantabria afronta el invierno de 2025 con un mercado inmobiliario tensionado, precios altos y una oferta mínima de alquiler estable. En palabras de una estudiante universitaria:

“Queremos estudiar, trabajar y construir nuestro futuro aquí, pero si no tenemos dónde vivir, ¿cómo vamos a quedarnos?”

La crisis del alquiler en Cantabria ya no es solo un problema económico: es una emergencia social que amenaza el arraigo de la juventud, la cohesión de las comunidades locales y el equilibrio entre turismo y residencia.