Sanidad, escuelas y reto demográfico marcan el rumbo legislativo en Cantabria
En la segunda jornada del Debate sobre la Orientación Política del Gobierno cántabro se aprobaron 78 propuestas, incluyendo nuevas exigencias de transparencia, medidas sanitarias, educativas, económicas y críticas al Gobierno central
El Parlamento de Cantabria culminó ayer la segunda jornada del Debate de Orientación Política del Gobierno de la legislatura con la aprobación de 78 propuestas de resolución de un total de 120 presentadas por los cuatro grupos que componen la Cámara autonómica: Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Socialista y Vox.
Este resultado implica que un 65% de las iniciativas formuladas durante la sesión han sido finalmente aprobadas, tras diversas negociaciones, intercambios de apoyos y votaciones cruzadas que reflejaron no solo las líneas de actuación política para el futuro inmediato, sino también la complejidad del actual escenario parlamentario, donde el PP gobierna en minoría y depende de alianzas puntuales para sacar adelante sus propuestas.
De las 120 resoluciones sometidas a debate y voto, 30 correspondían al grupo parlamentario del Partido Popular, formación que encabeza el Gobierno autonómico presidido por María José Sáenz de Buruaga. El PP logró el respaldo necesario para la totalidad de sus propuestas, gracias al apoyo puntual de otros grupos de la Cámara, logrando así la aprobación del 100% de sus iniciativas. Esta unanimidad interna contrasta con la fragmentación en las votaciones sobre las iniciativas presentadas por la oposición.
Los grupos de la oposición -PRC, PSOE y Vox– presentaron también 30 iniciativas cada uno, conformando un total de 90 resoluciones opositoras. De esas, 48 obtuvieron el respaldo suficiente y fueron aprobadas, lo que supone un 53% de éxito. Por partidos, el PRC consiguió la aprobación de 19 de sus propuestas, el PSOE vio respaldadas 15, y Vox logró sacar adelante 13. Este grado de respaldo parcial evidencia la existencia de coincidencias temáticas entre los grupos, pero también de profundas divergencias ideológicas que se plasmaron en un tono de confrontación en buena parte del pleno.
Una de las principales novedades aprobadas este año fue una iniciativa del PRC que establece la obligación de que la presidenta del Gobierno comparezca anualmente ante el Parlamento para informar sobre el grado de cumplimiento de las propuestas de resolución. Además, se aprobó otra resolución del mismo grupo que impone la dimisión de los cargos políticos responsables en caso de incumplir los acuerdos.
A esto se suma una resolución de Vox, que también fue aprobada, y que obliga al Ejecutivo a elaborar, antes del 31 de julio, un informe específico que detalle el grado de ejecución de todos los acuerdos parlamentarios aprobados en la legislatura. Este doble compromiso de rendición de cuentas responde a una demanda reiterada de la oposición, que critica al Ejecutivo por acumular “anuncios” sin acciones concretas.
Entre las propuestas aprobadas destaca la solución para los ciudadanos afectados por las sentencias de derribo, un plan de industrialización para Besaya y Campoo, el pago puntual de ayudas de la PAC y de indemnizaciones por daños de fauna salvaje, así como la construcción del campo de regatas en el Pantano del Ebro.
En sanidad, el PRC logró que se aprobase que ningún consultorio rural permanezca cerrado más de siete días, y la publicación de un listado de plazas sanitarias de difícil cobertura en julio. En educación, se aprobó la reversión del cierre del CEIP El Pedregal de Castro Urdiales, además de propuestas como la construcción de un gimnasio en el IES Zapatero Domínguez, la rehabilitación del instituto Juan de la Cosa, un aula nueva en el CEIP Alto Ebro y la licitación de las obras del Conservatorio de Música de Torrelavega.
También se aprobó la elaboración de un calendario para el Plan Regional de Ordenación Territorial, y negociaciones con la Autoridad Portuaria para reparar el Puente de Raos.
Las resoluciones del PSOE incluyeron la financiación de la Seguridad Social para autónomos en su tercer año, la ejecución de fondos europeos, y la creación de centros multiservicios rurales. Otras medidas aprobadas fueron la reactivación del matadero de Liébana, un Plan Estratégico de Cultura y Patrimonio, un Plan de Arte Rupestre antes de 2026, y un plan de dinamización turística para Alto Campoo.
Las propuestas aprobadas de Vox abarcaron la mejora de portales de transparencia, el desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa, un Plan de Diversificación del Modelo Productivo, un Plan Especial de Seguridad para Cantabria, un protocolo contra la okupación que incluiría la exención del IBI, el transporte escolar garantizado para todos los alumnos, y un plan específico contra el absentismo laboral.
El debate estuvo marcado por momentos de tensión, especialmente durante la discusión de una propuesta del PSOE contra la prostitución, que Vox criticó duramente, aunque finalmente fue apoyada por el PP.
Entre las propuestas del PP figuran demandas al Gobierno central como la culminación de transferencias en litoral e hidrográficas, el convenio de financiación para La Pasiega, la resolución del bitrasvase del Ebro, la ampliación de la Central de Aguayo, y la planificación eléctrica para Penagos.
En legislación, propusieron un decreto de Turismo Activo y Ecoturismo, una Ley de Salud Pública, la regulación de viviendas turísticas, y planes de empleabilidad para jóvenes y mayores de 45 años.
Durante los discursos, la oposición denunció promesas incumplidas del Gobierno y advirtió de que el PP gobierna en minoría. Desde Vox se criticó que el Ejecutivo “toma el pelo” sin mayoría, y el PRC ironizó con que la presidenta busca “amigos en Vox”.
En su turno, el PP acusó al PRC de un “giro izquierdista” con su nueva candidata Paula Fernández, y criticó la ausencia del liderazgo del PSOE en Cantabria, comparando a Pedro Casares con Papá Noel.
Desde el PSOE, se defendió su trabajo en Cantabria y se pidió que no se generalicen las acusaciones por escándalos nacionales: “no todos los dirigentes socialistas son iguales”.
Con el cierre de la jornada, el Parlamento deja sentadas las bases legislativas y ejecutivas para los próximos meses, aunque queda por ver el grado real de cumplimiento de las resoluciones y si el Gobierno será capaz de mantener los apoyos necesarios en su escenario de minoría.