Corrupción 2.0. Revilla se fue del poder tras ver como la Policía entraba en su Gobierno
El mayor caso de corrupción en Cantabria: el legado judicial de Revilla | Dos años después del estallido del caso, Cantabria asiste al desenlace judicial de la trama que sacudió los cimientos del Gobierno del socialista, Miguel Ángel Revilla (PRC-PSOE). Lo que comenzó como una denuncia anónima en 2022 ha destapado una red de corrupción que implica a altos funcionarios y empresarios locales, con millones de euros desviados y el mayor daño económico conocido en una consejería cántabra.
Dos años después de estallar la investigación judicial sobre la Consejería de Obras Públicas de Cantabria, ya hay condenas pactadas. Lo que comenzó en febrero de 2023 como una investigación rutinaria, ha acabado señalando al que hoy ya se considera el mayor caso de corrupción en la historia política de Cantabria.
El principal imputado, un exfuncionario del Gobierno regional durante el mandato de Miguel Ángel Revilla (PRC-PSOE), ha pactado con la Fiscalía una condena de 7 años y un día de prisión. Acepta, además, una multa de 963.227 euros por delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. El acusado tendrá que indemnizar al Gobierno de Cantabria con 749.648 euros.
Una trama con nombres y apellidos
El caso no termina ahí. Su esposa también ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía: 1 año y 1 día de prisión y una sanción económica de 478.513 euros por su papel en el blanqueo del dinero procedente del fraude.
Entre los empresarios implicados figuran nombres relevantes del tejido económico cántabro:
- Elías y Vidal Celis (Rucecan)
- José Luis Blanco (API Movilidad)
- José Saiz (La Encina y Cannor)
Todos ellos han pactado penas de 2 años de cárcel y han reconocido la adjudicación irregular de obras en carreteras autonómicas como los puentes de Somo y Pontejos o la pasarela de Solvay.
Un escándalo que señala a todo un Gobierno
Los hechos se remontan a los años de gobierno en coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista (PSOE), bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla. El exmandatario se desmarca ahora del caso, aunque los delitos ocurrieron bajo su responsabilidad política directa.
El caso se suma a otras investigaciones abiertas en la etapa de Revilla, como las compras sanitarias durante la pandemia o el uso irregular de fondos públicos en otras consejerías.
Responsabilidades y condenas
Además de las penas de cárcel, todos los condenados han sido inhabilitados para recibir subvenciones, contratar con la administración y beneficiarse de ayudas públicas durante cuatro años.
El caso deja al descubierto una red de adjudicaciones a dedo, comisiones ilegales y beneficios personales a costa del erario público. El perjuicio económico para el Gobierno de Cantabria ha sido cifrado en más de 1,6 millones de euros.
La jueza ha decretado el comiso definitivo de más de 957.000 euros en bienes del funcionario principal y su esposa. También se declara la responsabilidad subsidiaria de las empresas implicadas por la actuación de sus directivos.
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