20.09.2020 |
El tiempo
domingo. 20.09.2020
El tiempo
El Diario de Cantabria

Las residencias "abandonadas a su suerte" por el Gobierno de Cantabria

Creen que, por parte del Gobierno, ha habido una distribución «totalmente insuficiente» de EPIs en las residencias; que las pruebas de detección PCR han llegado «tarde» y también algunos protocolos.

Una residencia cántabra de Santander. / CUBERO
Una residencia cántabra de Santander. / CUBERO
Las residencias "abandonadas a su suerte" por el Gobierno de Cantabria

Representantes de las residencias han reclamado al Gobierno de Cantabria un plan de desescalada «ya» y específico para estos centros; más financiación para cubrir los sobrecostes generados por el coronavirus que ponen «en riesgo» la viabilidad de algunos de ellos; equipos de protección individual (EPIs) y test para evitar rebrotes, y también una mejor atención sanitaria a sus residentes desde el Servicio Cántabro de Salud. Así lo han hecho los presidentes de dos patronales de la dependencia LARES y FED, Gema de la Concha y Rubén Otero, respectivamente; el de CERMI Cantabria, Ignacio Fernández, y el gerente del hospital Padre Menni, Carlos Pajares, en su comparecencia en la comisión especial creada en el Parlamento regional sobre el coronavirus.

Comparecencia   comision del covid-19 de el parlamento cantabro.
Ignacio Fernández, Carlos Pajares, Rubén Otero y Gema de la Concha, en el Parlamento / ALERTA

 

A lo largo de sus exposiciones, han expuesto cómo han vivido desde sus respectivos centros el COVID-19 y, aunque han insistido en que «no tienen reproches hacia nadie» y no buscan «culpables», algunos, principalmente LARES y FED, sí han criticado algunos aspectos de la gestión del Gobierno regional en lo que se refiere a las residencias (principalmente en lo sanitario) y han opinado que hay «errores» cometidos que deben corregirse. Lo presidentes de LARES y FED han coincidido en criticar el trato sanitario desde el SCS a los usuarios de las residencias y han hablado de «descoordinación» en el ámbito sociosanitario, aunque han asegurado que es un «problema endémico» que ya existía antes de la pandemia y que esta crisis ha «intensificado».

También creen que, por parte del Gobierno, ha habido una distribución «totalmente insuficiente» de EPIs en las residencias; que las pruebas de detección PCR han llegado «tarde» y también algunos protocolos. Principalmente, han centrado sus críticas en la atención sanitaria recibida por los usuarios de las residencias en esta crisis. Así Otero (FED) ha hablado de «falta de sensibilidad» y «sintonía» desde los centros de salud con la población residencial y ha asegurado que ha tenido la «sensación» de que se les dejaba «abandonados a su suerte». Por su parte, De la Concha (LARES) ha opinado que entre las prioridades de los centros de salud de Atención Primaria no ha estado la atención a los usuarios de las residencias y ha afirmado que, en algunos casos, parecía que no eran pacientes suyos.

Ha indicado que, en la «mayoría» de los casos la atención sanitaria a los residentes ha sido «solo telefónica» y ha indicado que, en ocasiones, los sanitarios que han visitado las residencias se han dejado «pacientes sin ver» o no valoraban a aquellos que no tenían la prueba PCR realizada o se dejaban sin hacer trabajos administrativos.

Ambos han señalado también que ha habido algunos problemas para la derivación de algunos residentes con COVID-19 a los hospitales, ya que se dejaba al criterio del 061, del SUAP o del personal del teléfono habilitado para asesorar en estos casos. Otero ha recordado que las residencias no están obligadas a tener servicio sanitario y, si los tienen, son «básicos».

En este sentido, ha insistido en que los hospitales se encargan de «curar» y las residencias de «cuidar». «No son hospitales y carecen de recursos humanos y técnicos», indicó. Además, FED y LARES coinciden en señalar que «medicalizar» las residencias, como se plantea desde algunos ámbitos, tampoco resuelve el problema y han recordado en que los residentes son ciudadanos «de pleno derecho» a la atención sanitaria desde el SCS y a recibir «el mismo trato» que quienes viven en sus domicilios. Así, la presidenta de LARES no comparte que se quiera «privatizar» la atención sanitaria a los usuarios de las residencias, quitándoles el derecho que se han ganado «a pulso» de ser atendidos desde la sanidad pública.

Además, señaló que las residencias «no pueden competir con el SCS en la contratación de personal y, además, cree que no habría médicos y enfermeras suficientes para centros de salud, hospitales y residencias. También ha avisado de que medicalizar residencias no solo es cuestión de tener medios personales sino también materiales (antibióticos, vías, suero...).

Por su parte, Otero (FED) cree que «no serviría de nada» el «medicalizar» las residencias si sus facultativos no tienen atribuciones con el Servicio Cántabro de Salud. Por todo ello, han reclamado que se garantice a los residentes una atención sanitaria «correcta» desde el SCS, «coordinada» con las residencias y una normativa «consensuada».

Desde LARES, se pide que hasta que, al menos, exista una vacuna o tratamiento efectivo, se garantice a las residencias el tener a su disposición EPIs y se tengan preparados test PCR para «barridos» en cuanto se detecte un positivo y que además se complementen con pruebas serológicas. Y en lo económico, De la Concha ha avisado que los centros viven una «situación delicada» que pone «en riesgo la viabilidad de bastantes» de ellos.

En una línea similar, el presidente del CERMI ha señalado que «muchos» de los centros del CERMI están «en peligro de desaparición» y, por ello, ha pedido al Gobierno regional que «ponga toda la carne en el asador». Así, ha señalado que la pandemia ha hecho que los centros hayan tenido que afrontar más costes y gastos mientras ha visto sus ingresos de facturación de plazas concertadas «mermados».

Plazas concertadas. En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo regional que, como han anunciado otras comunidades, abonen «el 100%» de las plazas concertadas (pese a considerar que es «deficitario») y ha pedido la creación de un «plan de choque» con la creación de un fondo económico extraordinario y específico para los Servicios Sociales que sirva para paliar el impacto de la pandemia. Según ha dicho, ese fondo debería dotarse con parte de lo que Cantabria reciba del fondo de 16.000 euros anunciado por el Gobierno y cree que la cuantía con que debe dotarse el mismo debe ser «como mínimo» equivalente a lo que el Estado transfiera a la comunidad del tramo territorial del 0,7% del IRPF de interés social.

Además, ha reclamado que se «flexibilice» la justificación de aquellos programas que ya tienen financiación y que, debido a la crisis sanitaria, no se van a poder ejecutar como estaba planteado. Desde CERMI también se ha «echado en falta» por parte del Gobierno más EPIs y pruebas para las residencias y ha pedido la unificación en una consejería de las competencias de Sanidad y Servicios Sociales, en la actualidad separadas.

Por su parte, el gerente de Padre Menni ha aludido a los sobrecostes generados en el hospital en este mes y medio de crisis sanitaria por el coronavirus, que ha cifrado en 237.000 euros adicionales que se han destinado para adquirir EPIs o a reforzar plantillas, no incluyendo en ello lo que el SCS debe abonarles por los pacientes que han sido derivados al hospital y para lo que aún no se ha firmado un convenio.

Además, ha señalado que, en función de si hay rebrotes graves o no hasta que haya una vacuna o tratamiento eficaz, el sobrecoste anual del hospital puede estar entre los 500.000 euros y los 2 millones anuales y, por ello, ha pedido al Gobierno que la concertación de plazas de 2020 y 2021 debe cubrirlos. Ha expuesto las medidas adoptadas ya en el centro desde primeros de marzo (antes del estado de alarma) y ha opinado que éstas «han dado resultado» y han servido para proteger vidas pese a que el centro ha registrado 11 trabajadores y 19 usuarios infectados y 2 residentes fallecidos. Ha pedido «protocolos claros», «coordinación», test pcr y serológicos y que se garantice EPIs cuando el mercado esté «imposible».

Los presidentes de LARES y FED han reclamado un plan de desescalada «ya» específico para las residencias, algo que, según han dicho, ya demandan los propios familiares de los residentes. «Nuestros residentes llevan mucho tiempo confinados en sus habitaciones con lo que ello conlleva para personas con patologías, como el alzheimer», ha dicho Otero (FED), que cree que «ha llegado el momento» de comenzar a abrir los centros, volver a la normalidad «poco a poco y con las garantías necesarias» para evitar que aquellos residentes que hayan sobrevivido al COVID-19 «no se mueran de pena», un punto de vista compartido por la presidenta de LARES.

GRUPOS POLÍTICOS. Por parte de la oposición (PP, Cs y Vox) ha criticado algunos aspectos de la gestión hecha por el Gobierno de Cantabria en las residencias, donde, según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo en rueda de prensa, han fallecido 130 personas por COVID y ahora hay más de 300 casos activos. Así, algunos han señalado que estos centros han sufrido el «abandono» y «desamparo» del Ejecutivo.

También varios de ellos han coincidido en la necesidad de reformar el sector de la dependencia y también han reclamado una mayor integración entre el sistema social y el sanitario. El PP ha pedido un plan coyuntural «a corto plazo» que garantice la «supervivencia» del sector que, a su juicio, ya estaba «al límite» y Vox ha propuesto crear una comisión específica para estudiar esta reforma del sector de la dependencia en Cantabria que desarrolle «nuevas bases» y leyes «que permanezcan en el tiempo» y permitan hacer frente a los «desafíos» y corregir estos errores.

Las residencias "abandonadas a su suerte" por el Gobierno de Cantabria
Comentarios