Elina sigue esperando una solución al piso propiedad de su familia que lleva cuatro años okupado, pero sigue sin obtener una respuesta por parte de las Administraciones.

Durante el pasado Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Torrelavega, la joven se dirigió al alcalde, Javier López Estrada, en busca de una explicación a porque desde el Consistorio se ha emitido un informe de vulnerabilidad que protege a la familia que ocupa la vivienda cuando son personas que se han comprado «un patinete eléctrico de 500 euros» y conducen «un Audi de alta gama».

El drama que atraviesa esta familia torrelaveguense se retrotrae hasta 2018, cuando los inquilinos de la vivienda firmaron un contrato de alquiler por un año y al poco dejaron de pagar. Para evitar el desahucio, los servicios sociales del Ayuntamiento de Torrelavega emitiron un informe de vulnerabilidad erroneo, que no correpondía con el desahucio de esa vivienda, y posteriormente emitieron un segundo, también favorable a los okupas, que «no corresponde con la realidad económica de los inquilinos».

Servicios Sociales del Ayuntamiento emitió un informe de vulnerabilidad erroneo 

Durante estos cuatro años, tal y como relató Elina en el Pleno, la familia se ha dirigido a todas las Administraciones de la región, pero siempre les remiten a la «casilla de salida: el Ayuntamieto de Torrelevega».

Con la voz quebrada, Elina explicó al alcalde la situación de sus padres, que han ahorrado toda la vida para poder pagar ese piso. «Mi padre trabaja en el Bar Chema, que está a la vuelta de la esquina», indicó Elina a los ediles, «es el que os sirve el café con una sonrisa, que ha estado trabajando 35 años y nunca ha pedido una ayuda».

La famlia víctima de este caso de okupación pide una explicación de porqué el Ayuntamiento no recoloca a esta familia en una vivienda de alquiler social de las cuenta el Consistorio. «Yo te regalo a mis okupas», espetó al alcalde.

Por su parte, López Estrada se escudó en el informe de vulnerabilidad emitido por los propios Servicios Sociales del Ayuntamiento y aseguró que como alcalde «no tiene capacidad» para hacer nada más que tramitar una compensacióne conómica. Estrada aseguró que este caso de okupación «no es fruto de la gestión» del Ayuntamiento y que la moratoria a los desalojos impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez impide solucionar el problema.

Respecto a la posibiidad de reubicar a esta familia, el alcalde aseguró que «no hay viviendas», por lo que es la familia de Elina la que se tiene que hacer responsable.

Por último, Elina pidió explicaciones a la concejala de Servicios Sociales sobre los motivos para emitir un informe de vulnerabilidad favorable a esta familia, momento en el cual el alcalde dio por concluído el Pleno y apagó el micrófono.

El «silencio complice» del Ayuntamiento y del Gobierno. El portavoz de Ciudadanos (CS) Félix Álvarez, y el concejal de Ciudadanos (CS) en el ayuntamiento de Torrelavega, Julio Ricciardiello, han denunciado en rueda de prensa, la situación que sufren los vecinos de Sierrapando tras la ocupación de varias viviendas.

Álvarez ha señalado que los vecinos de Sierrapando, llevan más de 10 años sufriendo el problema de ocupación de sus viviendas, además de soportar desperfectos, problemas de salubridad, invasión de zonas comunes, garajes y trasteros, insultos, amenazas e incluso intentos de agresiones.

El portavoz de la formación liberal considera que es deber tanto de Ayuntamiento de Torrelavega como del Gobierno de Cantabria, dar una respuesta habitacional a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que hasta ahora, los vecinos solo han encontrado el silencio cómplice de las distintas administraciones públicas, que por lavarse las manos, han mirando para otro lado, trasladando el problema a los vecinos que cumpliendo con la legalidad, pagan religiosamente sus hipotecas. «Llevamos más de 10 años viendo cómo los políticos que han dirigido el ayuntamiento en estos últimos años, han sido incapaces de asumir su responsabilidad. Tampoco lo han hecho los diferentes consejeros del Gobierno de Cantabria, con el señor Revilla y el señor Zuloaga a la cabeza, que al parecer, se van pasando unos a otros la pelota mientras son los vecinos los que sufren las consecuencias de la ocupación», ha subrayado Álvarez.

Por estos motivos, Ciudadanos presentará en el pleno del Parlamento del próximo lunes, una serie de preguntas para que la consejera de Empleo y Políticas Sociales, explique qué va a hacer al respecto para resolver este asunto.

«Hace un par de meses la propia consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego dijo en este Parlamento que en Cantabria no existe ningún problema con la ocupación. Lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema es aceptar la existencia del mismo», ha señalado Álvarez, que le ofrece a Gómez de Diego, visitar con él el edificio, para hablar con los vecinos afectados.

Ciudadanos quiere saber qué negociaciones, si es que las hay, tiene el Gobierno de Cantabria con la SAREB para buscar una salida al conflicto. Álvarez, va más allá y preguntará si el Gobierno tiene constancia de si la SAREB, propietaria de estos pisos ocupados, va a legalizar o a blanquear estas ocupaciones con alquileres sociales o por qué después de conseguir que un juez firme una orden para desalojar a estos okupas, renuncia a ejecutar esta orden. Por último, el portavoz de la formación naranja se ha dirigido al presidente de la ONG Plataforma Nacional por los Derechos Humanos, Francisco Saavedra, que ayer amenazó con denunciar al concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Torrelavega, por racismo y delito de odio.

«Mire, señor Saavedra, amenazas ni una, ya puede ir al juzgado a poner la denuncia, y puede incluirme a mí, porque le voy a dejar una cosa clara, como buen liberal que soy. Hay un principio fundamental en democracia, y es que todos somos iguales ante la ley, Independientemente de la raza, sexo, confesión religiosa o tendencia sexual», ha concluido Álvarez.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torrelavega, Julio Ricciardiello, ha denunciado que tanto Ciudadanos, como una funcionaria del consistorio, y el administrador del inmueble han sido amenazados, lo que demuestra la calidad de las personas que están ocupando las viviendas.

«Las únicas víctimas aquí son los vecinos afectados que llevan sufriendo casi 11 años, el silencio de las administraciones, sin apoyo y sin ser escuchados», ha señalado Ricciardiello, que aclara que se va a encargar personalmente de darles voz para que no sean silenciados, tal y como viene haciendo desde hace 2 años.

El concejal de Cs ha manifestado su preocupación ante la falta de soluciones por parte del Ayuntamiento, la consejería de Vivienda y la SAREB y se pregunta quién se va a hacer cargo de los destrozos, robos y los problemas de salud que esta situación está generando en algunos vecinos.

«Parece ser que las familias que están ocupando ilegalmente esas viviendas se están valiendo de unos derechos para adquirir otros pasando de okupas a inquilinos»,   ha denunciado Ricciardiello.