Termina el año 2022, y comienza otro año más, el cuarto ya, desde que Elina y sus padres sufren la okupación de su hogar, porque un hombre no quiere salir de la casa, propiedad de la familia Villegas.

Además, este hombre, con la ayuda de los Servicios Sociales, consigue ser declarado ‘en situación de vulnerabilidad’ una y otra vez, pese a no cumplir con los requisitos mínimos, según los datos demostrados y denunciados por la familia de Elina. «Los Servicios Sociales no están haciendo ningún seguimiento del caso, no saben cómo vive este hombre, y a pesar de ello, le siguen declarando vulnerable, para que pueda quedarse en el piso», denuncian los propietarios.

Reunión con el alcalde Javier López Estrada. En este punto, Elina y sus padres solicitaron ayuda de nuevo al Ayuntamiento de Torrelavega. Su alcalde, el regionalista Javier López Estrada, en una segunda entrevista, les indicó que nada podía hacer por ellos, responsabilizando al Gobierno Central de su situación, al haber ampliado hasta junio de 2023 la suspensión de cualquier desahucio. En esa reunión, el alcalde, en cambio, sí afeó que Elina y sus padres hubieran hecho público su caso en los medios de comunicación, y así se lo hizo saber a esta familia trabajadora.

«Nos quedamos helados, cuando nos dijo que le parecía mal que lo hubiéramos denunciado públicamente», nos cuenta la afectada. «No tenemos nada en contra del alcalde, sólo pedimos ayuda a las Administraciones Públicas, desde todos los ámbitos posibles, esto es insostenible», lamenta María.

Reunión con el presidente de Cantabria. Por último, esta familia trabajadora solicitó reunirse con el presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista Cántabro, Miguel Ángel Revilla, -que hoy visita el programa ‘El Hormiguero’ junto a su mujer, para celebrar sus 80 cumpleaños.

El presidente regional no les recibió, pero sí se entrevistaron con su asesor político, Ramón Basurto Díaz, quien escuchó sus quejas y tomó nota de sus reivindicaciones. «Pero nada más, no sabemos nada ni del asesor personal de Revilla ni del propio presidente», dice María, que ya no ve más caminos por donde seguir, para poder solucionar este problema que les atormenta.

«En la reunión solicitamos que nos facilitase los documentos necesarios para pedir la compensación, pero ni siquiera sabía de lo que le hablábamos», dice perpleja Elina, cuando «nos recibe una persona que no tiene conocimientos de asistencia social. Nos recibió para quedar bien».

Reunión con Ramón Basurto Díaz.  «Vuestro caso tiene difícil solución porque estamos en año electoral»

Estas fueron las palabras del Director de Gabinete de Miguel Ángel Revilla, Ramón Basurto Díaz, cuando Elina y su madre se reunieron en la sede del Gobierno de Cantabria, para pedir soluciones ante «el abandono» de las Instituciones Públicas. «Nos sentimos abandonados, ni siquiera sabía qué era la ayuda de compensación para los afectados por las ocupaciones», se lamenta María.

Gesvican cuenta con cerca de ocho millones de euros anuales pero no tiene

viviendas

Cabe que destacar que, cuando este caso salió a la luz a través de este medio, en mayo de 2022, se entrevistaron a las dos partes, a la familia propietaria del inmueble, y a las personas que okupan el piso.  Los okupas alegaron en esa entrevista que si el Gobierno de Cantabria les daba una vivienda social, saldrían del piso.  Por esta razón, la familia de Elina pidió a la Administración Pública que solucionara este problema, que diera una vivienda a esta familia, y así podrían recuperar su hogar, sin éxito.  Además, según fuentes consultadas, y en contraposición con lo que dicen los informes de Servicios Sociales, ni el hombre que okupa la vivienda, ni su madre, empadronada en otro domicilio, han solicitado hasta el momento, una vivienda social al Gobierno de Cantabria.

Dentro de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en el Registro de Demandantes de Vivienda, no aparecen registrados, ni están inscritos en el Registro Público de demandantes de Vivienda Portegida, como afirma la funcionaria pública.

Por ello, Elina y sus padres se preguntan qué está haciendo la gestora pública de vivienda social, GESVICAN para facilitar a estas personas una vivienda pública.

GESVICAN. El objeto principal de la empresa pública es promover, alquilar, comprar nuevas viviendas para ampliar el Parque Público de Viviendas del Gobierno de Cantabria. Pero según el alcalde regionalista Javier López Estrada, y los Servicios Sociales, en Torrelavega no hay viviendas públicas disponibles para dar acceso a estas personas.

Además, los Servicios Sociales afirman que los okupas no pueden acceder a una vivienda social, «porque los alquileres son muy elevados, piden seguro por impago y demás exigencias, que hace imposible que puedan alquilar una vivienda social», señala en el informe enttregado al juez.

Por ello esta familia torrelaveguense, exige ayuda al Gobierno regional, porque afirman que «nos obligan a ser el escudo social de estas personas, y mantenerlos y darles una vivienda y luz y agua y gas, todo gratis, mientras el Gobierno no hace nada, ni una vivienda para esta gente. ¿En qué gastan el dinero destinado a ello?», se pregunta la madre de Elina. Según los datos extraídos del Plan de Actuación de Gesvican, y de las Cuentas de 2021 -las últimas publicadas en su portal-, la empresa pública tenía un presupuesto anual de 7,4 millones. En concepto de sueldos y gastos de explotación, el monto asciende a casi 1.800.000 euros anuales. Desde el año 2014, la empresa pública paga una alquiler de solo 300 euros mensuales, donde la sociedad tiene su domicilio social.  En concepto de inmuebles terminados al 31 de diciembre de 2021, el coste total ascendió a 1.285.390.- euros, repartidos en 38 inmuebles, de los que sólo 6 fueron destinados a viviendas. El resto eran garajes o locales.

El último sorteo publicado por la entidad fue de 36 viviendas en régimen de alquiler, en Ganzo, en 2021. La empresa pública tiene varios créditos bancarios concedidos por valor de cerca de 10 millones de euros en varias entidades como BBVA, Banco Santnader o Bankia para promociones de viviendas.

El total de inmuebles adquiridos, según la memoria consultada, es de 329 unidades, de los cuales 294 estaban alquilados y 35 sin alquilar. De los 35 inmuebles sin alquilar, 17 de ellos se encuentran en Ganzo, 3 en Campuzano, 2 en Laredo, 5 en Arenas de Iguña, uno en Polientes, 2 en Valdáliga  y 2 son inmuebles adquiridos en Cantabria Parque Público de Vivienda (PPV).

Según los datos, existen inmuebles sin alquilar, que según Elina, «bien podría destinarse a estas personas que okupa el hogar de otro».

El desglose de la cuenta ‘Terrenos para promociones’ al cierre de 2021 era de 1.860.135 euros, en concepto de terrenos adquiridos. Pero el documento indica que «las circustancias del mercado inmobiliario, especialmente en las zonas donde se ubican los terrenos de la sociedad, hacen que de momento no se prevea una desarrollo a corto plazo de estas promociones».