“Que pague quien tenga que pagar”: las familias exigen responsabilidades por la tragedia de El Bocal
La tragedia de la pasarela de El Bocal, en la senda costera entre Cabo Mayor y La Maruca (Santander), sigue dejando una profunda huella de dolor entre las familias de los jóvenes que perdieron la vida.
Los allegados de las víctimas han reclamado “justicia” tras el derrumbe de la estructura de madera ocurrido el pasado 3 de marzo, cuando un grupo de siete jóvenes caminaba sobre el puente que conecta dos acantilados de esta zona del litoral cántabro.
El colapso de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes —cinco chicas y un chico— y dejó una herida grave, la única superviviente del grupo.
Las familias, completamente devastadas, aseguran que todavía les cuesta “creer lo que pasó”.
“No hay derecho a que unos chavales vayan a dar un paseo y tengan que pagar con la vida”, han señalado familiares de una de las víctimas.
Las familias apuntan a una posible dejadez en el estado del puente
Mientras avanzan las investigaciones judiciales, los familiares de los fallecidos consideran que la tragedia podría estar relacionada con una posible falta de mantenimiento de la estructura.
Según denuncian, el estado del puente ya había generado preocupación entre vecinos de la zona.
De hecho, un vecino alertó al 112 el día anterior del accidente sobre el estado de la pasarela.
El Servicio de Emergencias de Cantabria trasladó ese aviso a la Policía Local de Santander, pero la incidencia no llegó a gestionarse.
Este hecho ha provocado una fuerte indignación entre los familiares.
“No tiene perdón quien no pusiera una serpentina o una cinta para impedir que la gente pasara”, lamentan allegados de uno de los jóvenes fallecidos.
Una agente de Policía Local investigada
El Ayuntamiento de Santander ha abierto un expediente sancionador a la agente que atendió la llamada del vecino que alertó del peligro.
No obstante, el procedimiento municipal ha quedado suspendido temporalmente hasta que exista una resolución judicial.
La policía local que recibió el aviso ha sido citada a declarar como investigada dentro del proceso que intenta esclarecer las responsabilidades en el colapso de la pasarela.
Un grupo de estudiantes entre las víctimas
Los siete jóvenes que caminaban por la pasarela eran alumnos del CIFP La Granja de Heras, centro educativo ubicado en el municipio cántabro de Medio Cudeyo.
El grupo realizaba un paseo por la senda costera cuando la estructura cedió repentinamente.
Entre las víctimas mortales se encuentran jóvenes procedentes de distintas partes de España:
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Una joven de Cantabria, natural de Igollo de Camargo
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Tres jóvenes de Vizcaya (dos de Barakaldo y una de Balmaseda)
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Una joven de Almería
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Otra de Guadalajara
La única superviviente, natural de Álava, fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde ingresó en la UCI de Traumatología.
Las últimas informaciones apuntan a que su evolución médica es favorable.
La investigación policial detecta desperfectos en la pasarela
La Policía Nacional ha entregado ya al juzgado el atestado policial sobre lo ocurrido.
El informe, elaborado por el Grupo III de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) con la colaboración de la Policía Científica, recoge los desperfectos detectados en la estructura del puente.
Aunque el documento no establece conclusiones definitivas, sí detalla el deterioro de varios elementos de sujeción del puente.
Entre los problemas detectados figuran:
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Tornillos deteriorados
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Elementos metálicos afectados por el óxido
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Degradación estructural en algunos puntos de anclaje
Estos fallos podrían haber comprometido la seguridad del puente de madera, aunque será la investigación judicial la que determine si tuvieron relación directa con el derrumbe.
El conflicto sobre quién debía mantener la pasarela
Otro de los puntos clave de la investigación será determinar quién era responsable del mantenimiento de la pasarela.
Desde el Ayuntamiento de Santander sostienen que la infraestructura forma parte de un proyecto ejecutado por Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Según el Consistorio, el mantenimiento de la pasarela y de la senda costera correspondería a ese organismo estatal.
El proyecto de esta senda, que conecta Cabo Mayor con La Maruca, quedó paralizado hace más de una década tras generar fuerte rechazo social en la zona.
“Que pague quien tenga que pagar”
Para las familias, lo ocurrido ha dejado una herida imposible de cerrar.
Los padres de una de las víctimas aseguran que la tragedia les ha destrozado la vida.
“Nos han dejado un vacío enorme”, explican.
Aun así, confían en que la investigación permita esclarecer las causas del derrumbe.
Y reclaman que se depuren responsabilidades.
“Esperamos que se haga justicia y que pague quien tenga que pagar”, concluyen.