La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla que reclame la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones habilitado por el Estado para hacer frente a los gastos derivados del Covid-19. Buruaga considera que los criterios «impuestos de manera unilateral» por el Ministerio de Hacienda son «injustos y perjudican a Cantabria, «al no permitir cubrir la totalidad de los gastos que el Gobierno de Cantabria dice que ha asumido, aunque todavía no ha acreditado a pesar de las reiteradas peticiones del PP», dice en un comunicado.

A su juicio, debe ser en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se discutan y decidan esos criterios, de común acuerdo con las comunidades autónomas. En su opinión, para evitar el conflicto debería mantenerse los criterios de reparto del actual sistema de financiación autonómica, «conocidos y aceptados por todos». Por eso, ha reclamado a Revilla que, en la próxima reunión de presidentes autonómicos, exija a Pedro Sánchez la convocatoria del Consejo, con un orden del día claro.

Buruaga ha pedido también al presidente que «no fie al PSOE ni la respuesta económica a la crisis ni la reivindicación de fondos al Estado si no quiere que el resultado sea un desastre», como, en su opinión, ha ocurrido con la crisis sanitaria. Para la dirigente popular, esta reivindicación no se puede dejar en manos del PSOE «porque entonces no vendrá un euro a Cantabria».

Además ha instado a Revilla a reclamar «en primera persona» que el orden del día del Consejo incluya también un acuerdo para que las comunidades no tengan que asumir en 2022 una liquidación negativa del sistema de financiación derivada de la actual reducción de actividad y de la merma de ingresos vía impuestos y que se modifiquen de manera urgente las reglas de estabilidad presupuestaria. Cree que esa medida es «especialmente importante en una comunidad que incumple sistemáticamente el objetivo de déficit» y ha ofrecido a Revilla el apoyo del PP este reivindicación. Además, le ha instado a reclamar al Gobierno de España que «no confisque más fondos» a las comunidades autónomas y que pague lo que debe a Cantabria, porque «no puede ser que lo que da con una mano lo quite con la otra», sentencia. Así, ha insistido en la reivindicación de que el Estado permita a los ayuntamientos a utilizar íntegramente sus remanentes de tesorería, un superávit que permitiría inyectar en la economía regional más de 450 millones de euros, casi el triple que la cantidad que le corresponde a Cantabria con el actual criterio de reparto del fondo no reembolsable de 16.000.

Además, ha vuelto a reclamar la devolución a la comunidad autónoma de los 42 millones correspondientes a la liquidación de la última anualidad del IVA de 2017, « un dinero que es de Cantabria y que el Gobierno de Sánchez se niega a pagar». Buruaga ha recordado que el importe del IVA equivale al fondo extraordinario para gasto sanitarios incluidos por el Gobierno en el Plan de Choque, donde, además, se ha recogido esta reivindicación al Gobierno de España a petición del PP.

PRC. El PRC ha pedido al Gobierno de España que abone a las comunidades autónomas el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para hacer frente a los gastos generado por la COVID antes del mes de septiembre y que su reparto se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, teniendo en cuenta «los criterios» de la Ley de Financiación Autonómica. Los regionalistas también reclaman que se prevea una relajación del objetivo de déficit, ya que las ayudas destinadas a paliar la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 van a ser «insuficientes».

Así se recoge en la moción que el senador autonómico del PRC y diputado autonómico, José Miguel Fernández Viadero, ha registrado en el Senado junto a los senadores de Teruel Existe, Joaquín Vicente Egea y Beatriz Martín Larred, y el senador de Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica Gómez.

En la moción, según informan los regionalistas en un comunicado, los ponentes recuerdan que la crisis sanitaria y económica surgida como consecuencia de la pandemia del COVID-19 está causando «problemas, cuya resolución se presenta complicada», al tiempo que debe ser «necesariamente rápida» tal como muestran indicadores económicos como el paro o la caída del Producto Interior Bruto.