El PP cántabro refuerza el control parlamentario tras los accidentes de Adamuz y Gelida
El Partido Popular ha reforzado su control parlamentario sobre la seguridad ferroviaria en Cantabria tras los recientes accidentes registrados en Adamuz y Gelida, que han vuelto a situar en el foco la gestión del transporte ferroviario en España. Los diputados nacionales por Cantabria Félix de las Cuevas y Javier Noriega han registrado en el Congreso una batería de 24 preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno para recabar información detallada sobre el estado de las infraestructuras y los servicios ferroviarios en la comunidad autónoma.
La iniciativa se enmarca en una labor de fiscalización que el PP viene desarrollando desde el inicio de la legislatura, con numerosas preguntas escritas relacionadas con la llegada del AVE a Cantabria, las incidencias en los servicios de Cercanías y Larga Distancia, las compensaciones a los viajeros, los tiempos de viaje y la puesta en servicio de los nuevos trenes de cercanías comprometidos por el Ejecutivo.
Desde el grupo popular se subraya que la preocupación por la situación del ferrocarril no es reciente y que el deterioro del servicio se ha manifestado de forma continuada en los últimos años. Retrasos recurrentes, cancelaciones, vibraciones, roturas de catenarias, fallos técnicos tanto en la infraestructura como en el material rodante y una atención deficiente a los usuarios se han convertido, según el PP, en problemas habituales del sistema ferroviario bajo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
La acumulación de accidentes graves, junto con episodios recientes relacionados con cambios contradictorios en las limitaciones de velocidad y discrepancias en la información oficial ofrecida, ha incrementado la inquietud entre los usuarios del ferrocarril en Cantabria. Esta situación ha llevado a los diputados cántabros a reclamar un ejercicio de control más exhaustivo y específicamente adaptado a la realidad territorial de la comunidad.
Las nuevas preguntas parlamentarias presentadas se centran en aspectos clave como el estado actual de la red ferroviaria en Cantabria, los servicios prestados por RENFE y FEVE, las reclamaciones formuladas por los sindicatos de maquinistas y trabajadores ferroviarios, las incidencias registradas en los últimos meses y las limitaciones de velocidad que se hayan aplicado o continúen vigentes, así como las causas técnicas u operativas que las motivan.
Asimismo, los diputados del PP recuerdan la existencia de la Disposición Adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por su grupo parlamentario, que establece obligaciones concretas y plazos definidos para hacer frente a la acumulación de incidencias, restricciones operativas y retrasos que afectan a los usuarios del ferrocarril. El objetivo del control parlamentario es verificar el grado de cumplimiento real de esta disposición en Cantabria y en el resto de comunidades autónomas.
Desde el PP también se pone el acento en la evolución de los servicios públicos de competencia estatal, que consideran que han sufrido un deterioro progresivo en los últimos años pese al incremento de la recaudación tributaria. En este contexto, el transporte ferroviario aparece como uno de los ámbitos donde la pérdida de calidad resulta más evidente para los ciudadanos.
Por último, los diputados populares vinculan la situación actual a los problemas de dirección y gestión en las empresas públicas RENFE y ADIF, marcados por cambios frecuentes desde 2018, algunos de ellos rodeados de controversia, así como a los casos de corrupción que han salpicado al Ministerio de Transportes durante la presente etapa de Gobierno.
Con esta ofensiva parlamentaria, el PP busca reforzar la supervisión institucional y situar la seguridad ferroviaria y la atención a los pasajeros como prioridades en la agenda política nacional, con especial atención a la situación en Cantabria.