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El Diario de Cantabria

El Parlamento regional reclama una solución definitiva para los derribos

La iniciativa pide que esa solución al «grave problema» que viven cientos de familias en Cantabria se alcance «evitando la pérdida de patrimonio» y cumpliendo los convenios que ya están firmados

Concentración de los afectados por los derribos ante el Parlamento regional. / J. Ramón
Concentración de los afectados por los derribos ante el Parlamento regional. / J. Ramón
El Parlamento regional reclama una solución definitiva para los derribos

El pleno del Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una proposición no de ley consensuada por todos los grupos políticos en la que se insta a las administraciones públicas a dar una solución definitiva a las familias afectadas por las sentencias firmes de derribo. La iniciativa presentada por populares, regionalistas, socialistas y grupo mixto reclama que esa solución al «grave problema» que viven cientos de familias en Cantabria se alcance «evitando la pérdida de patrimonio» y cumpliendo los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno regional. También se pide crear en 2019 los fondos «necesarios» para afrontar y desarrollar esos convenios, requiriendo las garantías por las responsabilidades patrimoniales pertinentes y reprobaciones, si procede, de aquellos que incumplan, entorpezcan o dilaten las resoluciones del Parlamento de Cantabria.

Finalmente, todos los grupos de la Cámara regional, en presencia de un grupo de afectados que ha seguido el pleno desde la zona de público, han manifestado la importancia de seguir avanzando en el ordenamiento jurídico en cuantas iniciativas sean precisas, para lograr la protección de los ciudadanos terceros de buena fe en el ámbito urbanístico.

El popular José Manuel Igual, alcalde de Arnuero, uno de los municipios afectados por las sentencias de derribo, abrió las intervenciones subrayando que esta iniciativa no tiene «ningún ánimo electoralistas», sino que su objetivo es el de «ayudar a las verdaderas víctimas» de este asunto.

Apostó por «pasar de las palabras a los hechos» con una iniciativa apoyada por todos los partidos e impulsada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a la mayoría de los afectados, porque «no es tolerable» que esas familias lleven más de 20 años soportando un problema «generado por las administraciones».

El regionalista José Miguel Fernández Viadero defendió que, a pesar de los tribunales que «dificultan» la solución, el Parlamento de Cantabria ha ido tomando medidas para paliar los daños patrimoniales de los afectados. Sin embargo, Fernández Viadero ha puntualizado que eso no es suficiente porque todavía quedan familias que no han logrado una solución y ha advertido de que este compromiso de los grupos parlamentarios «afecta al próximo Gobierno».

El socialista Víctor Casal ha reivindicado el «incansable» trabajo en busca de una solución que ha llevado a cabo el Gobierno en esta legislatura, en la que, según ha apuntado, se ha reducido de 621 a 363 las viviendas afectadas.

También se han reservado, según ha detallado, 11 millones de euros para viviendas de sustitución, se han destinado 3 millones a la regeneración del Alto del Cuco y se han abonado la «práctica totalidad» de los daños morales con más de dos millones de euros, sin necesidad de que los afectados hayan acudido a los tribunales.

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, reconoció lo «difícil» que es encontrar esa solución, pero fue critico con la actuación de los políticos, reprochando que en estos últimos cuatro años «se han viso muchas palabras, pero muy pocos hechos».

También criticó la actuación de los partidos políticos el diputado del grupo mixto y ex parlamentario de Podemos Alberto Bolado, quien defendió su apoyo y el de su compañero José Ramón Blanco a esta proposición no de ley con el objetivo de poner fin a la «inacción» que se ha producido hasta ahora en este asunto.

La diputada no adscrita, Verónica Ordóñez, agradeció la «paciencia» y el «tono respetuoso» que han mantenido siempre los afectados.

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