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El Diario de Cantabria

El Parlamento cántabro insta a que el castellano sea vehicular, sin apoyo del PSOE

Esta es la segunda vez en dos semanas que el PSOE se queda solo en su defensa de la ley Celaá en el pleno del Parlamento de Cantabria, mientras que el PRC, su socio en el Gobierno regional, vota junto a los partidos de la oposición (PP, Cs y Vox).
En primer plano, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (dcha) y el vicepresidente (izqda) Pablo Zuloaga. / HARDY
En primer plano, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (dcha) y el vicepresidente (izqda) Pablo Zuloaga. / HARDY
El Parlamento cántabro insta a que el castellano sea vehicular, sin apoyo del PSOE
 El pleno del Parlamento de Cantabria ha reclamado hoy, lunes, que la ley de reforma de la educación, la conocida como ley Celaá, reconozca al castellano como lengua vehicular en toda España, con el voto en contra de los socialistas.

El resto de grupos a votado a favor de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos, que ha salido adelante a través de una enmienda transaccional con el PRC, en la que también se reclama que la alta inspección educativa sea designada por un proceso público y no un nombramiento político.

Esta es la segunda vez en dos semanas que el PSOE se queda solo en su defensa de la ley Celaá en el pleno del Parlamento de Cantabria, mientras que el PRC, su socio en el Gobierno regional, vota junto a los partidos de la oposición (PP, Cs y Vox).

La semana pasada, la Cámara regional aprobó otra proposición no de ley, del PP con una enmienda regionalista, para trasladar su rechazo a la reforma educativa que tramita el Gobierno de España, que ahora se encuentra en el Senado tras ser aprobada en el Congreso, y exigir diálogo.

Hoy, los regionalistas han negociado una enmienda transaccional con Ciudadanos, lo que ha permitido que haya salido adelante la proposición no de ley en la que se reclama para el castellano su reconocimiento como lengua vehicular en toda España y que se garantice de forma expresa su enseñanza obligatoria en todas las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, tal y como, según se señala en el texto de la iniciativa, recogen la Constitución, las sentencias judiciales y los tratados internacionales.

Además, se insta a que el alta inspección educativa vele de manera "efectiva" por el cumplimiento de la ley de educación y de sus decretos.

Sin embargo, la socialista Paz de la Cuesta ha defendido que la Constitución no dice que el castellano tenga que ser lengua vehicular, al igual que, según ha asegurado, ninguna sentencia judicial ni tratado internacional y ha reivindicado que la ley Celaá "obliga" a enseñar esta lengua en todos los centros públicos de España y "garantiza" el derecho de todos los alumnos a recibir educación en ella.

Y ha afirmado que el procedimiento para elegir a la alta inspección educativa "se mantiene", al igual que sus competencias, por lo que ha defendido el voto en contra de los socialistas a esta proposición no de ley.

El portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, le ha replicado que la ley Celaá contempla que sean las comunidades autónomas las que gestionen las lenguas oficiales, lo que ha alegado que es "como poner al zorro a cuidar de las gallinas", al tiempo que ha acusado a los gobierno del PP y del PSOE de haber "colaborado" para que el castellano "se menosprecie" en Cataluña, con la "participación" de los socialistas catalanes en los gobierno autonómicos.

El regionalista y senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, ha valorado el limitar el aprendizaje lingüístico por cuestiones políticas como "un grave error" y ha llamado a un "gran pacto educativo" que es donde, según ha subrayado, se podrá encontrar al PRC.

El portavoz popular, Íñigo Fernández, ha recalcado que el "gran problema" que tiene España es su presidente, Pedro Sánchez, y se ha preguntado "hasta dónde está dispuesto a ceder a los independentistas" para seguir en el poder. "Esto no fue lo que nos contaron en la campaña electoral", ha apostillado.

Y el diputado de Vox Armando Blanco ha reivindicado el castellano como un elemento "vertebrador" de toda España y ha rechazado que los "grandes gurús nacionalistas" hayan decido "atentar" contra este idioma y "atacar" la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.

PRC Y PSOE TUMBAN EL RESTO DE INICIATIVAS DE LA OPOSICIÓN

Por el contrario, los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, sí han votado juntos para tumbar con su mayoría absoluta el resto de iniciativas de la oposición.

De esta forma, se han negado a dejar sin efecto la ejecución pendiente de las partidas para impulsar la memoria histórica, así como suprimir para el ejercicio 2021 las que financien proyectos relacionados con ella.

El PP, que ha presentado esta moción, apoyada por Cs y Vox, también pretendía unificar la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica y la de Acción Cultural y asimilar en ella toda la política cultural, como venía haciéndose hasta 2019.

La oposición ha opinado que esos fondos son para "reabrir el enfrentamiento y agitarlo", cuestionando la "inoportunidad" del Gobierno regional al presentarlo en un contexto de pandemia, en el que creen que hay otras prioridades.

Además, PRC y PSOE han tumbado una proposición no de ley del PP para exigir el inicio de las obras del enlace en la autovía A-67, en el tramo Aguilar de Campoo-Mataporquera, que según el popular Roberto Media es "vital" para Valderredible.

Regionalistas y socialistas han defendido que estas obras ya han comenzado y, según ha señalado Javier García Olica (PSOE), podrían estar terminadas "a finales de 2022", pese al retraso que causó la pandemia a su inicio.

De nuevo PRC y PSOE han rechazado crear un protocolo, a través de la Dirección General de Salud Pública, para que las farmacias puedan realizar pruebas diagnósticas de covid-19, con el fin de cribar a la población y detectar, sobre todo, casos de asintomáticos, lo que, según el diputado de Vox Cristóbal Palacio, que ha defendido la iniciativa, "aliviaría a los recursos de la Sanidad Pública".

La diputada socialista Eva Salmón ha defendido que en Cantabria están funcionando bien "los coroautos", con unas 294.000 pruebas realizadas desde el comienzo de la pandemia, al tiempo que ha dicho que un test precisa de una realización y toma de decisiones derivadas de su resultado, que debe incorporarse a la historia clínica del paciente, a la cual no tienen acceso las farmacias.

Finalmente, regionalistas y socialistas han rechazado una moción de Vox para que los proyectos del parque acuático en Torrelavega y de una línea marítimo fluvial de transporte sostenible entre Torrelavega y Suances se sometan a los servicios técnicos y económicos del Gobierno regional.

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha alegado que estos proyectos que se prevé presentar a los fondos europeos de reconstrucción adolecen de "errores", mientras que el diputado regionalista Francisco Ortiz y el socialista Javier García Oliva han defendido que ambas iniciativas se enmarcan en un texto que todavía es un borrador y que "está vivo", aunque han defendido que "son buenos para la comarca del Besaya, para Torrelavega y, por tanto, para Cantabria". 

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