El Parlamento aprueba la ley ambiental que agiliza la creación de empresas y negocios
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la nueva Ley de Control Ambiental, una norma clave impulsada por el Ejecutivo autonómico que permitirá agilizar los trámites administrativos y facilitar la puesta en marcha de nuevas actividades económicas en la región.
La ley ha salido adelante con los votos a favor del PP, el PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, mientras que PSOE Cantabria y Vox han votado en contra.
Menos burocracia, más actividad económica
El eje central de la nueva normativa es la generalización de la declaración responsable ambiental para actividades de escasa incidencia, lo que permitirá eliminar trámites previos que hasta ahora podían retrasar durante meses la apertura de negocios.
El consejero de Fomento, Roberto Media, ha defendido que este modelo “traslada la responsabilidad técnica a quien corresponde” y elimina “controles previos innecesarios” que estaban frenando el emprendimiento en la comunidad.
“Se trata de una herramienta moderna que ya funciona en otros ámbitos administrativos y que ahora permitirá a empresas y autónomos iniciar su actividad de forma mucho más ágil”, ha explicado.
Garantías medioambientales intactas
Uno de los mensajes más reiterados por el Gobierno autonómico ha sido que la simplificación administrativa no supone en ningún caso una rebaja en la protección ambiental.
Según ha subrayado Media, el sistema mantiene “el 100% de las garantías medioambientales”, ya que la Administración seguirá ejerciendo controles posteriores y podrá actuar con contundencia ante cualquier incumplimiento.
De hecho, la ley introduce un régimen sancionador más claro y preciso, con multas que pueden alcanzar los 500.000 euros, además de la clausura inmediata de la actividad en caso de irregularidades.
Un impulso a la inversión y al tejido productivo
Desde el Grupo Popular, el diputado Alejandro Liz ha destacado que esta norma permitirá “facilitar la llegada de inversiones estratégicas” y reforzar la competitividad de Cantabria.
En la misma línea, el Gobierno defiende que la ley responde a una necesidad “jurídica, administrativa y social incuestionable”, ya que la normativa vigente databa de 2006 y había quedado desfasada frente a los nuevos retos económicos y regulatorios.
Además, el texto cuenta con el respaldo de sectores empresariales y del Consejo Asesor del Cambio Climático, lo que refuerza su carácter técnico y su orientación práctica.
Amplio trabajo parlamentario
Durante su tramitación, la ley ha incorporado numerosas enmiendas de los distintos grupos, incluidas propuestas del PRC y del propio PSOE, lo que ha permitido mejorar el texto inicial.
El regionalista Guillermo Blanco ha reconocido que el proyecto ha evolucionado positivamente hasta convertirse en una norma “más sólida, más clara y más segura”.
La oposición, en contra
Por su parte, los socialistas han justificado su rechazo al considerar que la eliminación de la Comisión de Comprobación Ambiental supone la desaparición de mecanismos de control.
Sin embargo, desde el Ejecutivo cántabro insisten en que esta crítica no se ajusta a la realidad, ya que el control no desaparece, sino que se moderniza y se adapta a un sistema más ágil y eficiente.
También Vox ha votado en contra, calificando la ley de “chapuza”, aunque sin haber presentado enmiendas parciales al texto durante su tramitación.
Una ley para el futuro de Cantabria
El Gobierno de Buruaga considera que esta ley marcará un antes y un después en la relación entre la Administración y el tejido productivo, eliminando trabas históricas y favoreciendo el desarrollo económico.
En definitiva, la nueva Ley de Control Ambiental se presenta como una herramienta clave para modernizar la comunidad, atraer inversiones y facilitar la actividad empresarial sin renunciar a la protección del entorno.