23.10.2019 |
El tiempo
miércoles. 23.10.2019
El tiempo
El Diario de Cantabria

TRIBUNALES

Ocho meses para tres encargados del Puerto por quedarse con dinero de la venta de chatarra

También han sido inhabilitados ocho años para empleo público y 300 euros de multa como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos

Imagen de archivo del juicio celebrado en la Audiencia de Cantabria. / ALERTA
Imagen de archivo del juicio celebrado en la Audiencia de Cantabria. / ALERTA
Ocho meses para tres encargados del Puerto por quedarse con dinero de la venta de chatarra

La Audiencia de Cantabria ha impuesto una pena de ocho meses de prisión e inhabilitación para cargo público a tres encargados del puerto de Santander por quedarse con 3.000 euros de la venta de chatarra, obtenida de residuos y del desmantelamiento de naves.

Los tres trabajadores fueron juzgados por un tribunal del jurado, que los consideró responsables de un delito continuado de malversación de fondos públicos, con la concurrencia de un error vencible de prohibición. En cumplimiento del veredicto, la magistrada presidenta del jurado les ha impuesto además 300 euros de multa y el pago de una indemnización de 3.000 euros a la Autoridad Portuaria.

Según se recoge en la sentencia, los tres condenados- dos encargados de mantenimiento y el jefe del equipo de mantenimiento- encomendaron a trabajadores a su cargo la venta de la chatarra «quedándose o destinando» el dinero obtenido «a finalidades distintas a su ingreso a las arcas públicas», a cenas o comidas de fraternidad, entre 2009 y 2011.

La magistrada señala que el hecho de los acusados actuasen en la confianza de que «su conducta era tolerada», no implica que no pudieran conocer que se trataba de «un comportamiento penalmente relevante».

«Les era exigible mayor cautela y un mínimo esfuerzo sincero de indagación que hubiera permitido, con una lógica actitud de conciencia social y ciudadana, que concluyeran que emplear dinero público para fines privados (y no es otra cosa usarlo para cenas o comidas de fraternidad) lo que determina es que se sustraen bienes públicos de los que se dispone por razón de la función pública que se ejerce a su destino público con el perjuicio consiguiente para la Administración», argumenta. Y añade que con «su actitud de indiferencia hacia el Derecho, probablemente ante lo institucionalizado de su conducta, ni siquiera se plantearon si su conducta era lícita o no lícita».

La magistrada considera, por tanto, que concurre un error vencible, porque los acusados tenían «la carga de verificar la licitud de la actividad que desplegaron». 

Comentarios