El menor agredido en el instituto de Santander tenía apoyo sociosanitario, pero no estaba presente

El joven con discapacidad motora agredido por varios compañeros en el instituto público IES Leonardo Torres Quevedo contaba con el respaldo de un profesional sociosanitario en su día a día escolar. Sin embargo, ese apoyo no estaba disponible cuando el menor fue increpado, empujado y golpeado en un episodio que ha conmocionado a Cantabria y que ha puesto en tela de juicio el alcance de los mecanismos de protección del alumnado más vulnerable.

Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, quien ha confirmado que el alumno tenía asignado un técnico para asistirle en el centro, pero que no se encontraba con él en el momento de la agresión. El consejero ha recalcado que la figura del técnico sociosanitario tiene carácter estable, pero su presencia no es constante ni garantizable durante toda la jornada. “No se puede estar todo el tiempo”, ha afirmado.

Silva, visiblemente cauto, ha optado por no emitir juicios precipitados, aunque sí ha asumido que el sistema no ha funcionado como debía.

“Cuando se produce una agresión en un centro educativo, por leve o puntual que sea, hay un fracaso. Estas cosas no deberían ocurrir. Pero la realidad es que ocurren”, ha declarado ante los medios.

El vídeo, que ha circulado profusamente por redes sociales y fue emitido por varios medios de comunicación, muestra una agresión directa y sin oposición. Dura 96 segundos, suficientes para generar una profunda sensación de desamparo. “Es obvio que debemos revisar lo ocurrido, no para buscar culpables individuales, sino para garantizar que esto no se repita”, añadió Silva.

Refuerzo tras el daño

Tras los hechos, la Consejería ha intensificado la supervisión directa sobre el menor, que ahora cuenta con presencia continua de personal para evitar nuevos episodios de vulnerabilidad. Sin embargo, el joven continúa compartiendo aula con los agresores, un dato que ha generado incomodidad entre la comunidad educativa y que ha sido duramente criticado por la familia de la víctima, que exige cambios estructurales y sanciones ejemplares.

El técnico sociosanitario, según explicó el consejero, se encontraba de baja laboral al menos el día anterior, lo que ha evidenciado, en palabras del propio Silva, la necesidad de “tener mecanismos más ágiles y eficaces para absorber estos imprevistos”.

“Una agresión, sí. ¿Un caso de acoso? Está por determinar”

Aunque las imágenes difundidas muestran una escena de violencia injustificable, desde la Consejería se insiste en que aún es pronto para determinar si este caso forma parte de una situación de acoso prolongado. “Estamos hablando de un episodio de agresión. Para calificarlo como acoso, tiene que existir una repetición en el tiempo y eso es precisamente lo que está investigando el protocolo activado”, señaló Silva.

Aseguró que, hasta el momento, no constaban denuncias previas de esta gravedad en el expediente del centro. No obstante, ha afirmado que “todas las líneas están abiertas”, incluyendo el análisis de posibles omisiones institucionales.

Medidas, proceso penal y seguridad en el centro

Los hechos se conocieron internamente el 12 de marzo, aunque no trascendieron públicamente hasta el día 26. El mismo día en que el centro fue informado, se adoptaron medidas inmediatas, incluyendo la expulsión cautelar de cinco días a los agresores, el máximo permitido por ley. Esa medida, sin embargo, ha quedado suspendida por la apertura de un procedimiento penal que está siendo investigado por la Fiscalía de Menores.

Silva también alertó sobre un riesgo colateral: la exposición pública de datos personales de los menores implicados, tanto de la víctima como de los agresores. En ese sentido, pidió responsabilidad en el uso de redes sociales y confirmó que se ha reforzado la presencia policial en el centro para garantizar la seguridad de todos.

El consejero cerró su intervención con una reflexión que apela tanto a las instituciones como a la sociedad: “Lo importante ahora es proteger a la víctima, escuchar a las familias, corregir errores y reconstruir la confianza. No podemos permitirnos mirar hacia otro lado”.