En el panorama político y social de Cantabria, la cuestión de la vivienda emerge como uno de los temas más candentes y debatidos. En el epicentro de esta discusión se encuentra el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, cuya figura se erige como bastión de la defensa de los principios conservadores en torno a esta problemática.

En un reciente evento de gran relevancia, la Conferencia Sectorial de Vivienda, Media ha arremetido contra lo que él califica como la nefasta «ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez», denunciando sus efectos desastrosos sobre el mercado inmobiliario regional.

El punto de partida de la argumentación de Media radica en la observación de un fenómeno preocupante: el encarecimiento del precio de la vivienda y la retirada masiva de propiedades del mercado de alquiler, fenómenos que han sido alimentados por el clima de inseguridad jurídica generado por la mencionada ley. El consejero no duda en señalar directamente al Gobierno central como responsable de esta situación, haciendo hincapié en los datos que avalan sus afirmaciones. Para Media, este escenario no solo es alarmante, sino que además arroja luces sobre los fallos estructurales de la legislación vigente y la falta de sensibilidad hacia las necesidades reales de los ciudadanos.

Una de las principales discrepancias entre Media y el Gobierno central radica en la interpretación de las causas del problema de acceso a la vivienda. Mientras que la administración central atribuye estos problemas a la proliferación de alojamientos turísticos, el consejero Media sostiene una visión diferente. A su juicio, la regulación de estos alojamientos no constituye el factor determinante que dificulta el acceso a la vivienda para los ciudadanos cántabros. Argumenta, con datos contundentes, que las viviendas de uso turístico representan apenas un porcentaje mínimo del parque residencial edificado en la región, mientras que el verdadero obstáculo lo constituyen las miles de viviendas vacías que no están disponibles ni en alquiler ni en venta. «En Cantabria las viviendas de uso turístico representan el 1,3% del parque residencial edificado, y las viviendas vacías son el 14% del total, es decir, 50.000 viviendas que no están en el mercado de alquiler ni de venta». «Ése es el verdadero problema para el acceso a la vivienda», ha asegurado.

Desde esta perspectiva, la entrada en vigor de la ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo central ha exacerbado la situación, generando un clima de temor e incertidumbre entre los propietarios, quienes han optado por retirar sus viviendas del mercado de alquiler. Media, firme en su postura, rechaza las «medidas coercitivas y de imposición» contenidas en la ley estatal, abogando en su lugar por políticas que brinden apoyo, fomento y seguridad jurídica al propietario. Para él, estas medidas no solo contribuirían a reactivar el mercado de alquiler, sino que también tendrían un impacto positivo en la estabilización de los precios y en el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.

Frente a «medidas coercitivas y de imposición», como la limitación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas que recoge la ley estatal, Media ha defendido «políticas de apoyo, fomento y seguridad jurídica al propietario» que, a su juicio, «animarán de nuevo a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado de alquiler, lo que aumentará la oferta de viviendas, con la consiguiente disminución de los precios» que es una de las «claves para dinamizar el mercado de alquiler». El análisis de Media no se limita únicamente a las deficiencias de la legislación actual, sino que también abarca una crítica contundente hacia la gestión pasada del Ejecutivo cántabro en materia de vivienda. Señala con vehemencia la falta de iniciativas para aumentar el parque de viviendas públicas durante el mandato anterior, un fracaso que, a su juicio, ha contribuido significativamente a la crisis actual. Esta crítica no pretende ser simplemente una mera condena, sino que busca abrir el debate sobre la necesidad de una reflexión seria y profunda sobre el impacto de las políticas de vivienda en los ciudadanos y las comunidades autónomas. Los datos presentados por Media durante su intervención son reveladores. La disparidad entre las solicitudes de viviendas de uso turístico y la disponibilidad real de viviendas en alquiler refleja una realidad preocupante.

La ley de Vivienda del Gobierno central no ha logrado abordar adecuadamente esta situación, y los resultados están a la vista en el aumento exponencial de las solicitudes en Cantabria desde su entrada en vigor. «En Cantabria en 2023 se registraron 2031 solicitudes para viviendas de uso turístico, es decir, una media de 169 solicitudes al mes. La ley de Sánchez se aprobó en el mes de mayo, y en junio se registraron 319 solicitudes, es decir, un 88% más de peticiones», ha explicado el consejero.

Más allá de las cifras, Media apela a la realidad tangible que enfrentan los ciudadanos cántabros: la existencia de decenas de miles de viviendas vacías cuyos propietarios se resisten a sacar al mercado por temor a la inseguridad jurídica y a las posibles sanciones. «Podemos taparnos los ojos, hablar de zonas tensionadas, pero la realidad es tozuda y la realidad es que en Cantabria tenemos 50,000 viviendas vacías de propietarios que no se atreven a sacarlas al alquiler por temor», ha afirmado Media, que además ha abogado por incrementar la colaboración entre administraciones públicas para construir vivienda pública, una medida «imprescindible» para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Además, ha criticado la política del anterior Ejecutivo cántabro que «en cuatro años no puso ni una sola vivienda pública en el mercado». «Luego nos llevamos las manos a la cabeza», ha añadido.

Ante este panorama desolador, Media no se limita a la crítica, sino que también propone soluciones concretas. Aboga por una mayor colaboración entre las administraciones públicas para construir vivienda pública, una medida que considera imprescindible para revertir la crisis actual. Esta colaboración no solo implicaría una mayor inversión en infraestructuras y programas de vivienda, sino también una revisión profunda de las políticas y regulaciones vigentes para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del mercado.

En última instancia, la intervención de Roberto Media en la Conferencia Sectorial de Vivienda no solo constituye un análisis exhaustivo de la crisis de vivienda en Cantabria desde una perspectiva conservadora, sino también un llamado a la acción urgente por parte de las autoridades competentes. La crisis de vivienda no es solo un problema económico o social, sino también una cuestión de justicia y equidad que exige respuestas políticas y sociales contundentes. En un momento en el que la vivienda se ha convertido en un bien cada vez más escaso y preciado, es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales trabajar juntos para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna y asequible.