El mayor caso de corrupción en la contratación pública de Cantabria da un paso decisivo hacia el juicio
El procedimiento entra en una nueva fase procesal tras la transformación de las diligencias previas y la vista de imputación. Se desimputa a una hija del funcionario principal y a dos empresarios
El procedimiento judicial conocido como el ‘caso Obras Públicas’, que investiga una presunta trama de adjudicación irregular de contratos públicos en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria a cambio de sobornos, ha dado un giro determinante con la presentación de cargos por parte de la Fiscalía contra ocho de los once investigados iniciales.
El Ministerio Público ha optado por excluir del procedimiento a tres de ellos, entre ellos una de las hijas del principal acusado, Miguel Ángel Díaz, al considerar que no participó de forma activa en los hechos. También han quedado fuera dos constructores implicados inicialmente.
La causa, iniciada en octubre de 2022 y dada a conocer en febrero de 2023, se centra en el presunto entramado de corrupción liderado por Díaz, entonces jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, quien habría favorecido, a cambio de comisiones ilícitas, a varias empresas en la adjudicación de contratos de obra pública. A Díaz se le imputan hasta cinco delitos graves: cohecho, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales, que podrían suponer penas de hasta seis años de prisión por cada uno.
Durante la comparecencia celebrada este viernes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, prevista en la Ley del Tribunal del Jurado como paso previo a la apertura del juicio oral, las defensas solicitaron diversas diligencias complementarias, entre ellas ratificaciones periciales. La jueza deberá ahora valorar estas peticiones antes de dictar el auto de apertura de juicio, que permitirá a las partes personadas —Fiscalía, acusaciones particulares como la del Gobierno de Cantabria y las defensas— presentar sus conclusiones provisionales y calificaciones jurídicas de los hechos.
Una vez se dicte dicho auto, se abrirá el trámite para que las acusaciones concreten las penas solicitadas para cada uno de los imputados.
En la causa también figuran como investigadas las empresas Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina, todas ellas del sector de la construcción o mantenimiento de infraestructuras, presuntamente beneficiadas por el amaño de contratos. Asimismo, se encuentran implicadas la esposa y otra hija del funcionario, cuya participación todavía se valora dentro del conjunto de diligencias instruidas.
Paralelamente, una pieza separada, abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, analiza presuntas irregularidades en Gesvican, empresa pública dependiente de la misma Consejería de Obras Públicas. En ese procedimiento se investigan hechos similares de fraude y cohecho, centrados en adjudicaciones y contratos vinculados a esta entidad instrumental.
La instrucción del ‘caso Obras Públicas’ ha requerido de sucesivas prórrogas y del refuerzo del juzgado encargado, ante la complejidad del caso, la magnitud de la documentación intervenida y el elevado número de personas físicas y jurídicas involucradas.
El procedimiento judicial, que avanza hacia su fase final antes del juicio, se perfila como uno de los más relevantes en la historia reciente del control de la contratación pública en Cantabria, y marcará un precedente tanto por la dimensión del entramado como por las consecuencias políticas e institucionales derivadas.