Más retrasos en los trenes regionales: no estarán en circulación hasta 2026

Los nuevos trenes de Cercanías para Cantabria no llegarán en 2026, según confirmó CAF | El retraso se debatirá próximamente en la Mesa del Ferrocarril, mientras se critica la falta de gestión y se exige al Gobierno central cumplir el acuerdo firmado en 2023

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (3d); el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (2i); el secretario de
Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano (3i), y, durante la presentación del inicio de la fabricación de los nuevos
trenes de ancho métrico de Renfe, en CAF, en febrero del año pasado. / Alerta
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (3d); el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (2i); el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano (3i), y, durante la presentación del inicio de la fabricación de los nuevos trenes de ancho métrico de Renfe, en CAF, en febrero del año pasado. / Alerta

Los nuevos trenes de Cercanías comprometidos para Cantabria no estarán listos a comienzos de 2026, pese a que ese fue el plazo oficial anunciado por el Ministerio de Transportes tras el acuerdo alcanzado en 2023. La confirmación procede de la empresa fabricante, CAF, que ha trasladado que los convoyes no llegarán en la fecha comprometida.

El retraso añade un nuevo capítulo a la gestión errática del Gobierno central en este proyecto, que ya había sufrido un grave revés con el error de diseño de los trenes iniciales y que mantiene a los usuarios de la red ferroviaria regional a la espera de unas mejoras que nunca terminan de materializarse.

El proyecto de renovación de los Cercanías de Cantabria y Asturias nació en 2020 con un contrato cercano a los 200 millones de euros para la construcción de 31 unidades de ancho métrico. La adjudicataria, CAF, asumió la fabricación de los convoyes, que debían sustituir un parque móvil envejecido y mejorar la movilidad de miles de usuarios diarios.

Sin embargo, apenas un año después se descubrió que los cálculos iniciales estaban mal ejecutados: las medidas de los trenes no se correspondían con los gálibos de los túneles, lo que imposibilitaba su circulación.

Este fallo, bautizado como el «fiasco ferroviario», obligó a paralizar el contrato y replantear el diseño de las unidades. El error no solo fue técnico, sino político, porque dejó en evidencia la falta de supervisión del Ministerio de Transportes y generó un fuerte desgaste institucional.

La polémica obligó a replantear el calendario y a pactar un nuevo marco de ejecución, que incluyó compensaciones a las comunidades afectadas.

En febrero de 2023 se firmó un acuerdo que establecía que las nuevas unidades entrarían en servicio en 2026. El compromiso se presentó como un punto de inflexión tras el escándalo del diseño erróneo, con el objetivo de recuperar la confianza en un proyecto estratégico para la movilidad.

El contrato, además, se amplió a 38 unidades, lo que supuso un incremento del presupuesto y un refuerzo de las promesas de modernización.

Sin embargo, la confirmación de que los plazos no se cumplirán vuelve a generar incertidumbre. Los retrasos afectan directamente a un servicio considerado esencial para la cohesión territorial de Cantabria, donde la red de Cercanías es utilizada diariamente por miles de ciudadanos que, en ausencia de alternativas competitivas, dependen de trenes anticuados, con frecuentes incidencias y escasa fiabilidad.

La demora se debatirá en la Mesa del Ferrocarril convocada en Santander, pero las expectativas son limitadas: los usuarios ya han visto incumplirse varios compromisos y perciben que las promesas oficiales se repiten sin garantías de cumplimiento.

En declaraciones a los medios ayer martes en Reinosa, la candidata regionalista Paula Fernández ha expresado su «preocupación» ante las noticias que le llegan de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril), con sede en Beasain (Guipúzcoa), sobre «nuevos retrasos y el incumplimiento de los plazos establecidos», que, según ha censurado, se producen mientras el Gobierno de Cantabria (PP) «no reivindica, ni hace nada» para saber cómo está la situación.

«Tenemos noticias de la empresa CAF de que no van a llegar conforme al compromiso que estaba establecido», ha recalcado la también diputada del PRC, en alusión al acuerdo suscrito en febrero de 2023 por el Ministerio de Transportes con los presidentes de Asturias y Cantabria (entonces, el regionalista Miguel Ángel Revilla), tras la polémica de los trenes diseñados con anterioridad y el problema con las medidas que impedirían su entrada por los túneles de la red de ancho métrico de ambas comunidades.

El Plan de Cercanías de Cantabria, presentado como la gran apuesta del Estado en infraestructuras ferroviarias para la comunidad, contempla una inversión superior a los 1.300 millones de euros.

En su versión inicial preveía poco más de 370 millones, pero las sucesivas actualizaciones han multiplicado las cifras, hasta el punto de que ya se ha movilizado cerca del 70 % del presupuesto.

Con todo, la percepción ciudadana es que las mejoras materiales son escasas, y que la modernización prometida no se refleja en el día a día de los viajeros.

El retraso en la llegada de los trenes se suma a una larga lista de problemas acumulados. Las líneas de Cercanías de Cantabria arrastran desde hace años una notable falta de inversión: retrasos diarios, averías, material rodante obsoleto y horarios poco fiables.

El Gobierno central defendió en su momento la gratuidad de los billetes como medida de compensación, una iniciativa que se ha prorrogado en varias ocasiones.

Sin embargo, la gratuidad no resuelve el problema de fondo: la necesidad de contar con trenes nuevos, modernos y adaptados a las necesidades del siglo XXI.

Los sindicatos han reclamado repetidamente transparencia en el proceso de fabricación. Señalan que, aunque los trenes se terminen de construir en los próximos años, todavía será necesario un periodo de pruebas, homologación y certificación, que podría prolongarse varios meses, incluso más de un año.

Por tanto, advierten que hablar de 2026 como fecha de inicio de operaciones resulta poco realista, lo que alimenta la desconfianza de los trabajadores y de los usuarios.

En paralelo, la Consejería de Fomento de Cantabria ha intensificado la presión sobre el Ministerio de Transportes. El Ejecutivo autonómico insiste en que no puede aceptarse un nuevo incumplimiento y exige que se mantenga la fecha comprometida.

Además, ha solicitado que se prorrogue la gratuidad de los servicios de Cercanías en tanto no se entreguen los trenes, de modo que la ciudadanía no cargue con el coste de los retrasos.

El presupuesto del proyecto también ha sufrido alteraciones. Los 196 millones iniciales se han elevado hasta rozar los 220 millones, debido al rediseño, la inflación y la ampliación del pedido. A esta cifra se suman los crecientes gastos en infraestructuras y medidas compensatorias, lo que convierte el proyecto en una de las inversiones más costosas de la historia reciente en Cantabria.

Las características técnicas de los trenes rediseñados incluyen:

  • Velocidad máxima de 100 km/h

  • Accesibilidad universal

  • Espacios para bicicletas

  • Conexión WiFi

  • Sistemas de información a bordo

  • Zonas adaptadas para personas con movilidad reducida

  • Transporte de carritos infantiles

En definitiva, unas prestaciones que suponen un salto de calidad frente al material actualmente en circulación, pero que, por ahora, permanecen en el terreno de las expectativas.

El Ministerio de Transportes se enfrenta, en este contexto, a un problema de credibilidad. Después del error inicial y de los compromisos incumplidos, cada retraso añade presión política y social.

El caso de los Cercanías en Cantabria se ha convertido en un ejemplo de cómo un proyecto estratégico puede verse lastrado por fallos de supervisión y por la falta de planificación a largo plazo.

La incertidumbre afecta también a la percepción de la política de infraestructuras en España. Cantabria y Asturias han señalado en varias ocasiones que no pueden seguir siendo tratadas como territorios periféricos en las prioridades del Estado.

La modernización de los Cercanías se presenta como un elemento básico para garantizar:

  • Igualdad de oportunidades en movilidad

  • Cohesión territorial

  • Sostenibilidad

Sin embargo, los hechos demuestran que los compromisos no se han cumplido en los plazos anunciados.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue utilizando trenes antiguos, con retrasos crónicos y servicios limitados.

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