LA residencia de Meruelo, habilitada para acoger a casos positivos por coronavirus procedentes de otros centros de dependencia, recibió ayer a sus dos primeros usuarios de este tipo llegados de la de Carrejo tras recabar la autorización de las familias. El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) irá realizando los traslados paulatinamente durante los próximos días y la decisión se tomará conjuntamente con las direcciones de los centros residenciales, atendiendo a la situación individual de cada uno de ellos y al historial médico del residente, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Trabajadores del ICASS ya han contactado con las residencias en las que hay casos positivos para coordinar estos traslados, que serán realizados por una empresa de ambulancias contratada por el ente público. La empresa Grupo Calidad en Dependencia será quien gestione el día a día de la residencia, en coordinación con el ICASS.

En este centro pasarán la cuarentena personas dependientes de otros centros residenciales que han dado positivo en las pruebas de COVID-19, con «síntomas leves» y que no requieren hospitalización. Así, la habilitación de la residencia de Meruelo, que abrió sus puertas hace pocos meses y cuenta con 60 plazas, permitirá facilitar la redistribución de los espacios en el resto de centros, «reforzando las medidas de aislamiento de mayores con diagnóstico confirmado positivo, del resto de residentes».

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha agradecido en nombre de todo el Gobierno de Cantabria la solidaridad del propietario del centro, quien voluntariamente ha puesto a disposición del Ejecutivo sus instalaciones con el ánimo de colaborar en la lucha contra el COVID-19. Álvarez también ha agradecido a la gerencia del centro el sobreesfuerzo llevado a cabo para poder poner en marcha este nuevo recurso, así como la comprensión y buena disposición de los familiares que han dado su visto bueno al traslado de los residentes que se encontraban en Meruelo a otros centros del propio grupo.

«Nadie puede tener dudas de que tanto las entidades del tercer sector como sus trabajadores están redoblando esfuerzos para que la pandemia que azota a nuestra comunidad y al resto del mundo tenga las mínimas consecuencias», ha espetado la titular de Políticas Sociales, quien ha manifestado que su departamento está igualmente «volcado» en este fin común y movilizando todos los recursos posibles.

Por otra parte, Álvarez ha anunciado que el ICASS ha contratado a cuatro empresas especializadas para repetir todas las semanas las tareas de desinfección en las 82 residencias de Cantabria. En cuanto a los materiales de protección, que es, según ha dicho, «el gran caballo de batalla en el mundo», la titular de Políticas Sociales ha apuntado que el ICASS ha distribuido entre las residencias privadas 35.000 mascarillas -9.000 de ellas quirúrgicas-, 1.200 batas, 200 máscaras de protección y 120 geles hidroalcohólicos en las dos últimas semanas.

A este respecto, ha señalado que la Consejería sigue buscando «por tierra, mar y aire» más equipos de protección y ha agradecido la colaboración de decenas de empresas y particulares que están colaborando en esta «lucha titánica». 

En la actualidad, 15 de los 82 centros residenciales de nuestra región cuentan con algún positivo. El Gobierno regional ha subrayado que Cantabria es la segunda comunidad autónoma que más test de coronavirus ha hecho en España en relación al número de habitantes, cerca del doble a las realizadas en el País Vasco o el triple que en Canarias. Ello está siendo posible gracias a la potencia investigadora del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y a la Universidad de Cantabria, que desde el inicio de la crisis trabajan en estrecha colaboración con el laboratorio de microbiología del Hospital Valdecilla en base al protocolo elaborado por Salud Pública.

MAYORES CONTROLES. Por otra parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), está intensificando los controles en los accesos a la Comunidad Autónoma tanto en las autovías como en las carreteras secundarias, tanto nacionales como autonómicas, para evitar que se lleven a cabo desplazamiento indebidos con motivo del inicio de la Semana Santa. De hecho, está previsto que solo en este fin de semana se desarrollen unos 1.000 controles de Tráfico en accesos y salidas de las autovías A-8, tanto en la confluencia con el País Vasco como en la de Asturias, y en la A-67, que une Cantabria con la Meseta, en concreto con la provincia de Palencia.

También se realizarán controles, tanto fijos como móviles, en múltiples carreteras nacionales y autonómicas que dan acceso a las principales poblaciones y comarcas de la región con el objeto de captar a aquellos que traten de acudir a segundas residencias con motivo de las fechas festivas.

Unos desplazamientos que desde la Delegación del Gobierno en Cantabria se recuerda que no están permitidos, tal y como establece el Real Decreto de Estado de Alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

La delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, ha indicado que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con la DGT, está haciendo un ingente trabajo para establecer el mayor número de controles posibles para impedir los desplazamientos a segundas residencias en municipios costeros de la Comunidad Autónoma y en comarcas del interior como es el caso de Liébana.

«Los controles se han intensificado progresivamente desde que entró en vigor el Estado de Alarma y ahora se hará un mayor esfuerzo de cara al inicio de la Semana Santa», ha dicho Quiñones, que ha señalado que no sólo se vigilarán esos desplazamientos indebidos a segundas residencias sino también aquellos no permitidos como acudir a los pueblos o realizar actividades al aire libre.

excepciones. Así, ha recordado que, durante la vigencia del Estado de Alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, o la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

También están permitidos los desplazamientos al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, el retorno al lugar de residencia habitual, ir a entidades financieras y de seguros o cualquier otra actividad e análoga naturaleza. Además, ha reiterado que los desplazamientos tanto a pie como en vehículo deben realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por una causa justificada.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan y «lo hacen con contundencia» frente a quienes incumplen estas medidas, aunque son los menos ya que, ha insistido, la mayoría de la ciudadanía de Cantabria «está siendo ejemplar y demostrando una gran solidaridad en esta difícil situación». Hasta el pasado viernes, 3 de abril, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías Locales de Cantabria habían instruido 5.113 propuestas de sanción y han detenido a 61 personas por incumplimientos graves de esas medidas de limitación de los desplazamientos.