La Justicia perdona a Muguruza la cárcel
Además de absolver a dos ediles de Castro
13:51 28/04/21
La Audiencia de Cantabria ha revocado parcialmente la sentencia del Juzgado de lo Penal dictada en la causa por prevaricación conocida como 'caso Proconor', de modo que absuelve a dos ediles y sustituye la pena de 7 meses de prisión impuesta a la ingeniera municipal y al ex alcalde Fernando Muguruza por una multa.
A finales de 2019 el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condenó a once representantes públicos y a una funcionaria municipal de Castro Urdiales por participar en los actos que dieron lugar a la construcción de la calle Cantabria en la Unidad de Ejecución 1.26, un vial que contraviene el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
En una sentencia dada a conocer este miércoles y contra la que no cabe la interposición de recurso alguno, el tribunal confirma la existencia de un delito de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística en este caso.
No obstante, excluye de los hechos considerados ilícitos un pleno municipal celebrado en 2002 en el que se aprobó una modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución.
Tampoco considera que tengan "entidad delictiva independiente" del pleno de 2006, que sí aprecia ilícito, las votaciones del proyecto de reparcelación ni el de urbanización.
Según señala la sentencia, "los mismos no hacen sino desarrollar las previsiones del estudio de detalle –aprobado en el pleno de 2006-, no aportan ningún elemento nuevo al delito ya cometido", que "se produce cuando, con todos los requisitos propios del delito de prevaricación, se aprueba la modificación del estudio de detalle en el pleno del Ayuntamiento".
Sacar de los hechos delictivos el pleno de 2002 y la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización tiene como consecuencia la absolución de dos concejales que fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, Joaquín Antuñano y Javier Zurbano.
Y ello porque su participación se circunscribe a hechos que ahora se considera que no tienen relevancia penal.
Por otro lado, centrar el hecho delictivo en el pleno de 2006, el que sí aprobó el estudio de detalle que finalmente se llevó a cabo, supone no apreciar continuidad delictiva en el resto de concejales.
Son ocho: Jaime Díez Muro, Rufino Díaz Helguera, Salvador Hierro, Pedro Olano, Teresa Pérez, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza y José Miguel Rodríguez "KyK".
La pena que se les atribuía queda ahora en dos años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público, frente a las impuestas por la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, que oscilaban entre los tres años y los tres años y seis meses.
Junto a ello, la Audiencia confirma la comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística por parte del que fuera alcalde del municipio desde 2003 y de la ingeniera municipal por su participación a lo largo de los años en la tramitación del expediente de la unidad de ejecución que culminó con la concesión de la licencia para la construcción de 51 viviendas.
Sin embargo, la Audiencia deja sin efecto la pena de siete meses de prisión que acordó la juez de instancia y les impone una pena de multa de 2.550 euros, pues, según razona, "la sentencia no explica por qué motivo opta por la pena de prisión en lugar de la multa siendo aquella más aflictiva".
No obstante, la sentencia mantiene la pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público tanto para el que fuera alcalde como para la empleada pública. ![Publicidad 171034]()
A finales de 2019 el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condenó a once representantes públicos y a una funcionaria municipal de Castro Urdiales por participar en los actos que dieron lugar a la construcción de la calle Cantabria en la Unidad de Ejecución 1.26, un vial que contraviene el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
En una sentencia dada a conocer este miércoles y contra la que no cabe la interposición de recurso alguno, el tribunal confirma la existencia de un delito de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística en este caso.
No obstante, excluye de los hechos considerados ilícitos un pleno municipal celebrado en 2002 en el que se aprobó una modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución.
Tampoco considera que tengan "entidad delictiva independiente" del pleno de 2006, que sí aprecia ilícito, las votaciones del proyecto de reparcelación ni el de urbanización.
Según señala la sentencia, "los mismos no hacen sino desarrollar las previsiones del estudio de detalle –aprobado en el pleno de 2006-, no aportan ningún elemento nuevo al delito ya cometido", que "se produce cuando, con todos los requisitos propios del delito de prevaricación, se aprueba la modificación del estudio de detalle en el pleno del Ayuntamiento".
Sacar de los hechos delictivos el pleno de 2002 y la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización tiene como consecuencia la absolución de dos concejales que fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, Joaquín Antuñano y Javier Zurbano.
Y ello porque su participación se circunscribe a hechos que ahora se considera que no tienen relevancia penal.
Por otro lado, centrar el hecho delictivo en el pleno de 2006, el que sí aprobó el estudio de detalle que finalmente se llevó a cabo, supone no apreciar continuidad delictiva en el resto de concejales.
Son ocho: Jaime Díez Muro, Rufino Díaz Helguera, Salvador Hierro, Pedro Olano, Teresa Pérez, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza y José Miguel Rodríguez "KyK".
La pena que se les atribuía queda ahora en dos años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público, frente a las impuestas por la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, que oscilaban entre los tres años y los tres años y seis meses.
Junto a ello, la Audiencia confirma la comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística por parte del que fuera alcalde del municipio desde 2003 y de la ingeniera municipal por su participación a lo largo de los años en la tramitación del expediente de la unidad de ejecución que culminó con la concesión de la licencia para la construcción de 51 viviendas.
Sin embargo, la Audiencia deja sin efecto la pena de siete meses de prisión que acordó la juez de instancia y les impone una pena de multa de 2.550 euros, pues, según razona, "la sentencia no explica por qué motivo opta por la pena de prisión en lugar de la multa siendo aquella más aflictiva".
No obstante, la sentencia mantiene la pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público tanto para el que fuera alcalde como para la empleada pública.
