La Fiscalía de Cantabria desvela una profunda investigación tras el alarmante descubrimiento de 1.700 fallecidos en listas de espera, un hecho que ha sacudido los cimientos del sistema sanitario regional y ha puesto en jaque la gestión del anterior Gobierno de coalición PRC-PSOE, que lideró la comunidad desde 2015 hasta 2023. Y al frente del mismo estaba el conocido político Miguel Ángel Revilla. 

La noticia, que rompió el silencio la semana pasada gracias a la denuncia del consejero de Salud, César Pascual, del Partido Popular, ha evidenciado una realidad sombría en el ámbito sanitario de Cantabria. Pascual reveló cifras escalofriantes: más de 1.700 personas fallecidas mientras aguardaban por atención médica, y otros 7.000 pacientes en un limbo administrativo, sin claridad sobre el motivo de su espera.

“Una herencia pesada” es como describió el consejero la situación legada por el Gobierno anterior, marcada por la “sospecha” de listas de espera “infladas” y una aparente negligencia en el manejo de las mismas. Esta revelación no solo arrojó luz sobre la posible manipulación de cifras sino que también ha levantado interrogantes sobre la efectividad de las políticas sanitarias implementadas durante esos años.

La asociación el Defensor del Paciente, alzando la voz por los derechos de los afectados, solicitó una investigación “exhaustiva” para desentrañar las responsabilidades detrás de este dramático número de fallecimientos. “Es un hecho de extrema gravedad”, enfatizaron desde la asociación, insinuando que estas muertes pudieron haberse evitado con una gestión más diligente y responsable.

La respuesta de la Fiscalía, anunciando la apertura de diligencias de investigación, marca el inicio de un proceso que busca justicia y claridad para las familias de los fallecidos y para una sociedad cántabra que demanda transparencia y eficacia en su sistema de salud.

El plan de acción del Gobierno actual, comprometiéndose a invertir hasta 65 millones de euros en tres años para la reducción de las listas de espera, refleja un intento por remediar años de gestión cuestionable y por restaurar la confianza en los servicios de salud de Cantabria.

La Fiscalía, con su investigación en curso, no solo busca esclarecer las causas detrás de estos fallecimientos sino también determinar si hubo dejación de funciones por parte de quienes estuvieron al mando. Mientras tanto, la comunidad espera ansiosa por resultados que puedan ofrecer no solo respuestas sino también soluciones duraderas para evitar que una tragedia de esta magnitud se repita.

El legado del gobierno PRC-PSOE en el ámbito sanitario queda ahora bajo el escrutinio público, mientras el Defensor del Paciente y las autoridades actuales trabajan para desentrañar la verdad y asegurar que el derecho a una atención sanitaria digna y oportuna sea una realidad para todos los ciudadanos de Cantabria.