La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará desde el martes, 23 de marzo, a cuatro responsables de un club de alterne de Heras (Medio Cudeyo) acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores por supuestamente tener empleadas a mujeres dedicadas al alterne o la prostitución sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. La Fiscalía solicita para ellos penas que suman casi 14 años de prisión, con la concurrencia de la agravante de reincidencia en el caso de uno de los acusados.

La celebración de este juicio, que estaba fijada para el mes de octubre pero se aplazó por un caso de Covid-19, comenzará el martes a las 10.00 horas y está previsto que continúe el miércoles a la misma hora. De los cuatro procesados, dos son mujeres, socias de una mercantil dedicada a la explotación de establecimientos hosteleros, entre ellos el club de alterne de Heras. El tercero es el encargado del club y el cuarto otro hombre que, según el fiscal, no tenía una participación habitual en la marcha del local, pero se prestó a aparecer como administrador único de la sociedad.

Hechos, en 2017. Según recoge el escrito del Ministerio Público, en marzo de 2017, agentes de extranjería de la Policía Nacional identificaron en una inspección a 21 personas trabajando en el club, entre ellas una limpiadora y 16 mujeres de diferentes nacionalidades «que ejercían voluntariamente actividades de alterne y prostitución», y dos de las cuales se encontraban en situación de estancia irregular en España.

Días después se realizó una segunda inspección, en esta ocasión con presencia también de funcionarios de la Agencia Tributaria, y se encontró a 28 personas, 18 de ellas chicas extranjeras que ejercían el alterne y la prostitución, de las que siete se encontraban en situación irregular. Finalmente, mes y medio más tarde, en una tercera visita al club con miembros de la Inspección de Trabajo, se identificó a 25 personas, de las cuales 18 eran mujeres dedicadas a las actividades ya mencionadas.

El fiscal explica en su escrito que muchas de las trabajadoras indicadas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social en las fechas de las inspecciones o carecían de permiso de trabajo por estar en situación de estancia irregular en España.