Jueces y fiscales de Cantabria rechazan la Ley Bolaños: quieren silenciar a la Justicia libre
Más del 60% de jueces y fiscales en Cantabria se han sumado a la huelga nacional en protesta contra la reforma judicial impulsada por el ministro Félix Bolaños. Conocida popularmente como “Ley Bolaños”, la iniciativa ha generado un rechazo sin precedentes en el colectivo judicial de la región, que denuncia una grave amenaza a la independencia judicial.
El Partido Popular de Cantabria ha respaldado las protestas y ha acusado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar intervenir políticamente en el sistema judicial para controlar los nombramientos de jueces y fiscales. La formación conservadora ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento autonómico para exigir la retirada inmediata del proyecto.
Un seguimiento histórico en Cantabria
Según datos difundidos por asociaciones profesionales, la huelga ha sido secundada de forma masiva en los juzgados de Santander, Torrelavega y Reinosa, lo que confirma que una amplia mayoría del poder judicial cántabro se opone frontalmente a la reforma.
En un comunicado conjunto, las asociaciones judiciales APM, AJFV, Foro Judicial Independiente y UPF advirtieron que la Ley Bolaños «rompe el equilibrio institucional» y convierte a los jueces en «instrumentos del poder político».
El PP habla de “asalto al Estado de Derecho”
Los senadores del PP cántabro Félix de las Cuevas y Javier Noriega han llevado el asunto al Senado, donde han acusado al Ejecutivo de perpetrar un «asalto al Estado de Derecho» sin precedentes. «Nunca se ha legislado tan rápido para controlar tanto», señaló de las Cuevas. Noriega añadió: «Lo que Sánchez pretende con esta ley no es reformar, sino someter».
Durante su intervención en Madrid, De las Cuevas denunció que «esta reforma reduce la autonomía del Poder Judicial y elimina los contrapesos institucionales». A su juicio, «la independencia de jueces y fiscales no puede depender de la voluntad del Gobierno».
Un clamor unánime entre los magistrados
En Cantabria, los convocantes de la huelga recordaron que esta movilización es histórica y responde a una «deriva autoritaria» en el diseño de las reformas. Aunque el CGPJ no reconoce formalmente la huelga, ha anunciado que no sancionará a quienes se hayan adherido.
«La independencia judicial no se mendiga, se defiende», ha afirmado uno de los magistrados de la Audiencia Provincial. Otro juez, que prefirió mantener el anonimato, afirmó: «Es la primera vez que nos vemos obligados a salir a la calle porque nos arrebatan la Constitución».
El PSOE se mantiene firme: tensión institucional
A pesar del rechazo de jueces, fiscales y partidos de la oposición, el PSOE mantiene su hoja de ruta. El ministro Bolaños ha defendido que las reformas buscan «modernizar» el funcionamiento del sistema judicial, aunque no ha logrado el consenso con las principales asociaciones del sector.
El PP, sin embargo, asegura que la verdadera intención del Gobierno es controlar los órganos de gobierno de los jueces, especialmente el CGPJ. Desde Génova se advierte de que se trata de un «ataque calculado a la separación de poderes».
“Sin justicia independiente, no hay democracia”
La huelga continuará en las jornadas del 3 y 4 de julio si no se suspende la tramitación del texto. Desde Cantabria, la respuesta ha sido clara y contundente: los jueces no aceptarán injerencias en su independencia profesional.
Como declaró recientemente el portavoz del PP en la región: «La independencia judicial es el pilar que sostiene toda la arquitectura democrática. Sin ella, todo se derrumba».
La presión aumenta. La sociedad cántabra observa con inquietud el desarrollo del conflicto. Mientras tanto, la tensión institucional entre la judicatura y el Gobierno se recrudece en plena campaña preelectoral.