El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, ha destacado la necesidad de que se adopten medidas «firmes» y «rápidas» para la supervivencia de la hostelería de la comunidad autónoma. «Necesitamos ayuda, no nos dejéis morir», ha pedido Cuevas, abogando por la figura de la «declaración responsable» para facilitar la actividad. «No nos den más normativas por favor, déjennos intervenir en ellas, porque nosotros somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien y se mire por el bienestar de todos», destacó Cuevas durante su comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). Cuevas ha opinado que si no se da a los hosteleros las «armas» que necesitan, «ahora mismo», para poder abrir sus negocios sin trabas burocráticas, entre las que ha incidido en la figura de la «declaración responsable», al final: «nos van a tener que ayudar en la cola del INEM».

En su defensa de la necesidad de facilitar la declaración responsable del hostelero para facilitar la actividad, Cuevas ha explicado que la media para conseguir permisos de los ayuntamientos está en 14 meses. «Se construye antes un edificio, que se consiguen los papeles», lamenta el presidente de los hosteleros.

Cuevas centró su intervención en dos asuntos, las perspectivas sobre la campaña de verano para el turismo de Cantabria y las propuestas de la AEHC para que Cantabria sea un destino turístico atractivo. Sobre el primer asunto, Cuevas ha considerado que «la palabra que resume todo es incertidumbre». Tras apuntar que se espera con «muchas dudas», afirmó que sí se sabe que «se dejará mínimo un 60% de la facturación por el camino». Y también ha augurado que uno de cada cuatro negocios acabará cerrando sus puertas. «Nos enfrentamos a la ruina total del sector con cientos de familias sin trabajo y sin sustento. nos enfrentamos a la ruina de un sector que es motor económico de la región y que en Cantabria representa el 12 % del PIB», ha resumido Cuevas, añadiendo que, «con 4 meses de invierno y 4 de parón total, son 8 meses sin abrir el cajón, para un sector muy fuerte pero débil financieramente, porque el 75% de los negocios son familiares».

Cuevas ha destacado que «mientras no haya movilidad geográfica no hay negocio» y ha apuntado que los hosteleros que han decidido abrir «están perdiendo una media de entre 100 y 200 euros diarios». En su opinión, con la apertura de terrazas al 50% del aforo « en la mayoría de los casos se perdería dinero con el mero hecho de abrir». Por ello, Cuevas ha destacado que un porcentaje alto de los pocos establecimientos que han abierto lo han hecho «por salud mental, no por hacer negocio». Además ha recordado que solo un 30 por ciento de los locales cuentan con terraza, apostando por que se amplíe la cifra.

En cuanto a las propuestas para que la comunidad autónoma sea un destino turístico atractivo, Cuevas ha considerado que «ahora no toca ir a Roma o a Burdeos a promocionar Cantabria, toca promocionar nuestros propios negocios», porque, en su opinión: «tenemos la mejor relación calidad precio de España y los hosteleros somos capaces de atraer turistas». Además, Cuevas ha apostado por flexibilizar los Ertes «seis meses más allá de que acabe el estado de alarma porque los acontecimientos van a ser flexibles». Y ha recordado que alrededor de un 50 % del sector ha pedido ya un crédito ICO en los primeros 20 días desde que se decretó el estado de alarma.

También se ha referido al convenio con Sogarca para habilitar una línea de avales por importe de 20 millones de euros destinado a pymes y autónomos. «Está muy bien, nos gusta, pero 20 millones para todo el empresariado de la región se queda muy corto», ha opinado. No obstante, Cuevas ha querido finalizar su intervención lanzando un «mensaje optimista». «Los hosteleros somos de otra pasta y sé que con mucho esfuerzo y mucho trabajo vamos a salir de esta», ha subrayado, con la esperanza de contar con el apoyo de las instituciones y de que la gente sepa valorar la labor el sector que, considera, «es esencial».

EMPRESA FAMILIAR Y AUTÓNOMOS. Las empresas familiares y los autónomos cántabros han reclamado en la comisión de seguimiento del coronavirus atajar la «incertidumbre» y la inseguridad jurídica y tomar «ya» medidas dirigidas a aportar financiación y liquidez, agilizar trámites administrativos o prolongar los ERTEs. La responsable de la Asociación de trabajadores autónomos (ATA) en la región, Ana Cabrero, y la presidenta de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam), Paloma Fernández, han hecho estas y muchas otras peticiones a la Cámara, al tiempo que han exigido que se tenga en cuenta al sector para la toma de decisiones.

Ayudas para la reactivación, licencias «exprés» y declaraciones responsables, planes de rescate al comercio minorista, asistencia a quienes cesan su actividad, programas de reorientación del modelo de negocio para volver a empezar, exoneraciones y poner el foco en los autónomos que están «en el limbo» de medidas y ayudas han sido algunas de las reclamaciones que han hecho desde ATA. Además, Cabrero ha avanzado algunos datos de un estudio realizado por la Universidad de Cantabria junto al Idival con posibles previsiones para el comportamiento de los autónomos en varios escenarios, que se publicará «esta semana o la siguiente». En el más «pesimista» para el sector, sin una vacuna ni tratamiento ni inmunidad contra el virus en un año, podrían perderse más de la mitad de autónomos de la región, mientras que en un panorama base caerían un 35,9 por ciento y en uno estable la bajada sería de un 5,20 %. Si todo fuera bien, Cabrero ha señalado que podría hasta ascender un 24,71 por ciento, manteniendo la tendencia «más o menos decente» previa a la llegada de la pandemia.

En Cantabria existen 40.000 autónomos que, como ha señalado Cabrero, necesitan que de disipe «la incertidumbre», ya que es un sector que «necesita todo lo contrario». Así, ha señalado que fueron «los primeros» que notaron la crisis, del mismo modo que cree que serán «los últimos» en salir de ella. De momento, el 95 por ciento de ellos siguen pagando sus cuotas, según ha dicho.

También ve positivas las prestaciones de 661 euros, aunque ha incidido en que «no es la panacea, sino un paliativo». Y ha considerado «fundamental» que se prolonguen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta junio.

Respecto a las moratorias en tasas e impuestos, ha señalado que algunas no están funcionando, como las de alquiler o hipoteca, y agrega que «el autónomo continúa soportando prácticamente los mismos gastos» que antes pese a «no tener actividad o estar ralentizada». Por último, ha exigido medios y medidas de protección para autónomos y trabajadores, así como «ayuda directas» para su modernización y digitalización.

ACEFAM. El principal mensaje de Acefam a los grupos parlamentarios ha sido que la empresa familiar tiene que ser «parte de la solución a la crisis por su capacidad para crear empleo y riqueza», así como que legislen para lograr una Administración «más ágil y sencilla». Las empresas familiares creen que las oportunidades de desarrollo «no han desaparecido», sino que «serán otras», pero alertan de que el camino para hacerlas realidad es «en ocasiones disuasorio» porque las tramitaciones «son lentas, los procedimientos anticuados» o «no existe la suficiente seguridad jurídica». Por eso su presidenta, ha incidido en adoptar licencias «exprés» o las declaraciones responsables para iniciar proyectos.

La representante de la empresa familiar también ha abogado por el desarrollo y el cambio de modelo de instituciones como Sogarca y el Instituto Cántabro de Finanzas, de los cuales ha dicho que «no han supuesto una gran ayuda» durante la crisis por sus requisitos «demasiado conservadores y restrictivos».

Planes específicos para  algunos sectores. Y ha pedido planes específicos de ayuda a los sectores del consumo, sobre todo hostelería, turismo y automoción, así como políticas de captación de fondos de la Unión Europea y apostar por la tecnología.

Tras llamar a la unidad, ha destacado los «notables esfuerzos» en la reorganización de tareas para cumplir con las normas de seguridad y prevención de las empresas familiares, que, ha añadido, tienen «problemas» con los suministros de equipos de protección, por lo que urge al desarrollo de una industria nacional que asegure suministros.

Fernández ha solicitado además «transparencia y criterios claros» por parte de la Administración para controlar la pandemia en los puestos de trabajo, al tiempo que propone que se prolonguen los ERTEs al menos tres meses después del final del estado de alarma. «No hay mejor política social que proteger a le empresa familiar», ha sostenido Fernández, quien ha llamado a hacer test masivos y a ayudar a hacerlos a las empresas.