El Juzgado de lo Social nº 1 de Santander celebró ayer el juicio derivado de la demanda de Trabajadores Unidos contra el Gobierno por vulneración del derecho a la salud de la plantilla del CAD de Sierrallana durante la gestión de la crisis del COVID-19. El ICASS ha defendido el cumplimiento de los protocolos, y ha negado las acusaciones del sindicato, que en su demanda reclama una indemnización para los trabajadores equivalente a un día de salario por cada día de «menoscabo» de su integridad física por la ausencia de medios y protocolos.

El juicio continuará el próximo 25 de junio tras la primera sesión de ayer, que se celebró por la tarde bajo las medidas de seguridad impuestas por la crisis de coronavirus, y en la que el fiscal ha excusado su asistencia y no compareció. Según TU, en el CAD de Sierrallana conviven 70 residentes con discapacidad y cerca de 160 trabajadores, y se han registrado 45 contagios entre los usuarios, con dos fallecidos, y 68 entre los trabajadores.

La letrada del ICASS ha defendido que en cuanto se detectó el primer caso se activó el protocolo y se le puso en aislamiento, y que a fecha 26 de marzo, ya se cumplía «perfectamente» la orden de clasificación de usuarios y de no contacto entre ellos, de forma que se ubicó en el módulo 1 a los residentes que nunca presentaron ningún síntoma, en el 2 a los residentes con diagnóstico Covid confirmado y en el módulo 3 en aislamiento preventivo a quienes sin presentar síntomas habían estado en estrecho contacto con los positivos.

En todo caso, ha asegurado que a fecha de la demanda -29 de abril- «estaban cumplidos los protocolos» y ha afirmado que desde este domingo 14 de junio, «no hay Covid» en el CAD de Sierrallana. «No es cierto que haya habido trasiego y que no haya habido aislamiento», ha afirmado la letrada del ICASS en contra de lo sostenido por el abogado del sindicato.

Tras señalar en varias ocasiones que «el miedo es libre», ha argumentado que a primeros de marzo no se sabía la «alta contagiosidad» del Covid-19 ni que había personas asintomáticas que podían transmitir la enfermedad. Asimismo, ha puesto en valor la formación de los trabajadores del centro en materia de riesgos biológicos en el entorno sanitario y ha explicado que a partir del 20 de marzo, había un ‘coordinador Covid’ y antes de esa fecha llamaban a Atención Primaria y cualquier trabajador con síntomas pasaba a aislamiento domiciliario a la espera de pruebas. Según ha explicado, la coordinadora del centro cogió la baja por faringitis el 10 de marzo (hasta el 3 de abril), el último día que trabajó no tenía síntomas y no se le realizó test por lo que «no tiene diagnóstico Covid». En todo caso, la letrada ha señalado que los usuarios mostraron síntomas a partir del 16 de marzo.

Por otro lado, la representante del ICASS considera que el sindicato TU no está legitimado para ejercer una reclamación de indemnización que en su opinión corresponde a los trabajadores de forma individual. «El propio interés sindical está perjudicando el interés de los trabajadores», ha argumentado. Junto con esta demanda, el sindicato TU solicitó la adopción de medidas cautelares que el juzgado estimó el 27 de marzo pasado, en un auto en el que obligó al Gobierno a adoptar los protocolos de contención legalmente establecidos, a dotar a los trabajadores del CAD Sierrallana de equipos de protección individual y al centro de material desinfectante. El sindicato denuncia el incumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales de 2012 y de los protocolos establecidos en las sucesivas órdenes ministeriales.