Golpe judicial al PRC en Ribamontán: su alcalde, condenado por prevaricación
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, al contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo ni tramitar expediente alguno.
La sentencia, dada a conocer este miércoles, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El tribunal considera probado que el regidor adoptó acuerdos “anteponiendo su voluntad a cualquier otro razonamiento”, actuando con “intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado”.
Contratación sin expediente y sin cobertura legal
Según recoge la resolución judicial, el alcalde decidió contratar a un arquitecto técnico municipal pese a que había finalizado el contrato menor que lo vinculaba con el Ayuntamiento el año anterior. Al tratarse de un contrato menor, no era prorrogable, circunstancia de la que fue informado por la secretaria interventora.
A pesar de ello, procedió a contratarlo “sin formalidad alguna y sin cobertura legal”, dictando un decreto de Alcaldía en el que reconocía los informes contrarios de la secretaria interventora, pero ordenaba subsanar las deficiencias y levantar los reparos.
Sin embargo, según la sentencia, no se subsanó ninguna irregularidad ni se resolvieron las discrepancias advertidas. El alcalde ordenó el pago de las nóminas del técnico, al que contrató “por confiar en él”. Posteriormente, en un Pleno municipal, votó a favor de levantar los reparos de legalidad, siendo “perfecto conocedor” de que el pago contravenía la normativa.
Para la Sala, en este expediente concreto se actuó con plena conciencia de ilegalidad, lo que justifica la condena por delito de prevaricación.
Absuelto en otros cinco expedientes
No obstante, la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha absuelto al alcalde en relación con otros cinco expedientes por los que también fue juzgado. Fiscalía y Partido Popular solicitaban un total de 15 años de inhabilitación al apreciar continuidad delictiva, una tesis que el tribunal ha descartado.
En estos otros casos, la sentencia concluye que el regidor actuó con asesoramiento legal y que, en algunas actuaciones, procedió conforme a derecho, mientras que en otras lo hizo convencido de estar cumpliendo la ley.
Durante el juicio, celebrado el pasado mes de diciembre, Joaquín Arco defendió que todos sus “pasos” contaron “siempre con asesoramiento legal” y atribuyó la denuncia a la mala relación entre la interventora municipal y la abogada del Ayuntamiento.
La condena por prevaricación administrativa en Cantabria supone la inhabilitación para ejercer cargo público durante nueve años, a la espera de que la resolución sea firme tras los posibles recursos.