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El Diario de Cantabria

DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

El Gobierno suspende la acreditación de centros para la dependencia

La medida, de carácter temporal, buscar hallar el mayor consenso posible con el sector de la dependencia, según el Ejecutivo regional
Un instante de la reunión mantenida ayer en el Icass. / Raúl Lucio
Un instante de la reunión mantenida ayer en el Icass. / Raúl Lucio
El Gobierno suspende la acreditación de centros para la dependencia

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha acordado posponer la entrada en vigor de la nueva normativa de autorización y acreditación de Centros de Servicios Sociales que entraba en vigor el próximo 2 de noviembre con el objetivo de iniciar un proceso participativo y buscar una «solución de consenso» con las entidades del sector de la dependencia.

Así se lo ha comunicado este martes la consejera Ana Belén Álvarez a los representantes de las empresas y entidades prestadoras de servicios de atención a la dependencia y la discapacidad en una reunión celebrada en la sede del ICASS.

Según ha explicado Álvarez, la situación de conflicto planteada con la aprobación el pasado mes de mayo de la nueva normativa introduce «elementos de incertidumbre importantes» en el desarrollo del sistema de dependencia.

De ahí que la Consejería haya optado por abrir un proceso negociador y buscar una «solución de consenso» que permita conciliar el liderazgo de la Administración en la definición de las políticas públicas, la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia y la estabilidad de las entidades prestadoras de servicios. La solución propuesta por el Ejecutivo regional pasa por posponer el calendario de aplicación de las normativas en cuestión hasta el 30 de junio de 2020 como plazo máximo, con la excepción del cumplimiento de las ratios de profesionales que la Administración ya está abonando.

Álvarez ha defendido que «las reformas serias deben permanecer estables en el tiempo para que puedan dar resultados» y ello «solo es posible si éstas son fruto del consenso, del acuerdo entre las diferentes visiones de un problema». «Estamos convencidos de que entre todos seremos capaces de llegar a un acuerdo que posibilite la mejora de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia», ha asegurado. Finalmente, la consejera ha señalado que para el Gobierno de Cantabria el desarrollo y extensión del Sistema Público de Servicios Sociales es una prioridad, y esta tarea apasionante nos obliga a analizar constantemente la realidad social y a dar respuesta a lasviejas y a las nuevas situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía.

En la reunión celebrada en la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) han participado, además de la consejera, el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora; representantes de la Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD), la Federación Lares, CERMI y la Fundación Obra San Martín.

VALORACIÓN POSITIVA DEL SECTOR. Tras el encuentro, las entidades han mostrado su satisfacción por retomar la senda del diálogo para elaborar una norma de consenso. Tal y como han informado los asistentes, en la primera semana de noviembre empezarán a trabajar los grupos de trabajo para reelaborar la normativa.

Las organizaciones empresariales FED y LARES se han mostrado «conformes» con la propuesta de la Consejería de suspender la normativa en tanto se trabaja en un nuevo marco en el que se pueda desarrollar la actividad de forma «sensata y sostenible». En un comunicado conjunto, destacan la importancia de «trabajar a un ritmo que acorte los plazos para la toma de medidas que mejoren el desarrollo de la actividad». Por otro lado, estiman «razonable» que la administración «considere de interés general mantener el aumento de la ratio y los precios para, al menos, comenzar a abordar la mejora de la atención a las personas usuarias y disminuir la carga de trabajo del personal».

FED y LARES entienden que la suspensión de la normativa es «un paso adelante» y esperan que sea «el inicio de un camino hacia la estabilidad del sector» a través del desarrollo de una nueva norma «fundamentada en criterios técnicos, que aporte seguridad jurídica, que garantice la sostenibilidad de la red de dependencia y que beneficie a la atención de las personas usuarias».

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