Llegan los primeros inmigrantes a Cantabria: Cantabria recibe lo que País Vasco y Cataluña rechazan con el visto bueno de Sánchez

El conflicto entre el Gobierno de España y el Ejecutivo cántabro por el reparto de menores migrantes no acompañados (MENAS) entra en una nueva fase. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, anunció este miércoles que la comunidad recibirá “en los próximos días” a los nueve primeros menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, aunque reconoció que no puede concretar la fecha exacta de su llegada.

El movimiento se produce mientras el Gobierno regional de María José Sáenz de Buruaga (PP) insiste en que no cuenta con información suficiente ni con garantías jurídicas y materiales para afrontar esta acogida, calificando la medida de “imposición” por parte del Ejecutivo central.

Casares habla de “transparencia”, pero el Gobierno cántabro denuncia lo contrario

Casares aseguró que el Gobierno central ha actuado con “transparencia desde el principio” y que Cantabria “dispone de toda la información necesaria”. Según explicó, algunas de las alegaciones planteadas por las comunidades autónomas al decreto estatal se resolverán “hoy o mañana”, con la firma inminente de los expedientes que permitirán iniciar el traslado de los menores.

El delegado quiso remarcar la dimensión humanitaria de la medida:

“Estamos hablando de derechos humanos y de niños. Existe una emergencia migratoria que Canarias, Ceuta y Melilla no pueden afrontar en solitario. Como país debemos dar una respuesta, y confío en la solidaridad de los cántabros”.

El choque político: el Gobierno regional habla de imposición

Frente al tono conciliador de Casares, el Gobierno de Cantabria sostiene una visión muy distinta. La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ya había denunciado esta semana que la comunidad desconoce cuándo, cómo y con qué recursos se realizará la acogida. Además, exigió que las primeras derivaciones se realicen hacia comunidades que ya concentran mayor volumen de menores.

El Ejecutivo de Buruaga recuerda que el reparto estatal está recurrido ante el Tribunal Constitucional por once comunidades autónomas, incluida Cantabria, y que presenta defectos de tramitación que podrían acarrear su nulidad.

En palabras de Gómez del Río:

“No se trata de proteger a los menores, sino de convertirlos en mercancía y moneda de cambio política. Es un procedimiento impuesto, sin planificación y sin respeto al interés superior del menor”.

Cifras y reparto: 194 menores para Cantabria

El decreto fija un baremo de 32 menores por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa el cupo máximo de Cantabria en 194. Este primer contingente, sin embargo, será reducido: nueve menores, de los cuales seis proceden de Canarias, dos de Ceuta y uno de Melilla.

A pesar de la cifra inicial, el Gobierno autonómico teme que la acogida se traduzca en un problema de gestión por la falta de recursos asignados y por la ausencia de un plan detallado que garantice su integración en ámbitos clave como educación, sanidad y protección social.

La gestión en manos de la Asociación Nueva Vida

Aunque desde Delegación del Gobierno no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que la Asociación Nueva Vida, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Santander, será la encargada de gestionar la acogida de los menores en Cantabria. La organización ya ha comenzado a preparar la contratación de unas 70 personas para reforzar su plantilla y dar respuesta a este reto.

El complejo elegido sería el Centro de Educación Ambiental de Polientes (Valderredible), unas instalaciones de gran capacidad que hasta ahora han funcionado como centro educativo, colonias de verano y espacio de encuentro para actividades medioambientales.

Solidaridad frente a competencias autonómicas

La polémica trasciende lo logístico y se sitúa en el plano político y competencial. Mientras el Gobierno central apela a la solidaridad interterritorial para afrontar una crisis migratoria que desborda a Canarias, Ceuta y Melilla, el Gobierno cántabro insiste en que el decreto supone una intromisión en competencias autonómicas y un desprecio al principio de lealtad institucional.

Además, desde Santander se cuestiona que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya pactado con el País Vasco y Cataluña su exclusión del reparto, imponiendo posteriormente las cifras al resto de comunidades.

La batalla judicial: del Constitucional al Supremo

La llegada de estos nueve menores se produce en pleno pulso judicial. Cantabria, junto a otras diez comunidades, ha recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional, y la propia presidenta Buruaga ya ha advertido que no descarta acudir al Tribunal Supremo para frenar lo que considera un procedimiento “arbitrario y sin garantías”.

El Gobierno regional defiende que continuará impugnando todas las normas que “no sean el mecanismo adecuado para proteger a los menores”, alertando de que las actuales medidas no combaten a las mafias que trafican con ellos ni aseguran su correcta atención.

Un pulso político y social que apenas comienza

La llegada de los nueve primeros menores migrantes a Cantabria es solo el inicio de un proceso que, a tenor de las declaraciones de ambas partes, promete convertirse en un conflicto prolongado.

Por un lado, el Gobierno central busca proyectar una imagen de solidaridad nacional frente a la emergencia migratoria. Por otro, el Gobierno autonómico denuncia que se trata de una medida impuesta, mal diseñada y sin garantías reales, que coloca a Cantabria ante una responsabilidad que no puede asumir en solitario.