El Ministerio de Transportes y Renfe conocieron que los nuevos trenes para, sobre todo, Cantabria y Asturias por valor de 258 millones no cabían por los túneles ya hace al menos año y medio. Un documento de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de septiembre de 2021 prueba que se había identificado ya con creces entonces el problema y se perfiló ya la solución que ha terminado adoptándose y anunciado ahora. Se trata de un nota a modo de acta de la reunión, centrada en «la problemática de los gálibos» y cuyo contenido ha sido explicado a EL MUNDO por fuentes conocedoras.

En ella se dice textualmente que Renfe -la empresa pública compradora- y CAF -la constructora de los trenes- admiten «la imposibilidad de dar cumplimiento al proceso de compatibilidad del tren con el área de uso». Quedó así sentenciada ya entonces cualquier posibilidad de seguir adelante con los 31 trenes encargados por el propio presidente de Renfe, Isaías Táboas, con su rúbrica en diciembre de 2020. El contratado fue el grupo CAF y el pedido, por 258 millones de euros.

Protestas, metro en mano, de los afectados por los trenes que no entran en los túneles. Las hemos visto en Antena 3 que ha hecho también un repaso por otros fallos. Hoy nada en TD1 TVE. Quizá por cosas como esta nos sacan más de un millón de espectadores?. pic.twitter.com/SpxqgimQW7

— Carmen Sastre (@Carmensastre12) February 7, 2023

Se concluyó ya entonces que habría que cambiar el diseño para que cupieran por los túneles y, para eso, se definió en la época la receta: «El método comparativo permite obtener el perfil constructivo máximo del vehículo, partiendo de los datos del vehículo que se pretende fabricar». Es decir, la solución que va a emplear Renfe que es la de utilizar un tren que actualmente circula por las líneas ferroviarias para que sirva de referencia.

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La AESF está adscrita al Ministerio y la preside el secretario general de Infraestructuras. A aquella reunión de septiembre de 2021 que tuvo de precedente otra en marzo al avisar CAF del problema, asistieron distintos altos cargos. Según el acta, hubo un tirón de orejas a la administradora de la infraestructura ferroviaria Adif, pero prácticamente la exculpa. En cambio, se hace un claro señalamiento como responsable a Renfe. Al grupo Adif se le pidió que sea más claro con «los datos de los gálibos reales de su infraestructura» y «no los teóricos o deseables para actuaciones futuras». Pero indica que es «la empresa ferroviaria», la que «tiene que demostrar la compatibilidad de su tren con las rutas concretas por las que se pretende operar, ya que a pesar del que el vehículo disponga de una autorización, podría no ser compatible con alguna característica concreta o puntual de las líneas en las que va a operar»,

Y agrega, según las fuentes consultadas que, «es cierto que podría llegarse a la situación no deseable de tener vehículos autorizados que no pudieran circular por determinadas líneas por ser su gálibo demasiado grande, pero este tipo de restricción es la que debe controlar la empresa ferroviaria a través del proceso de compatibilidad del tren con la ruta».

El Ministerio de Transportes no ha explicado cómo es posible que Renfe, sabiendo que tenía que adoptar esa solución en 2021, no la haya empezado a ejecutar hasta ahora. La propia ministra, Raquel Sánchez, admitió este lunes que aún no tienen el diseño definitivo de un tren que quepa por los túneles, pero que confía en tenerlo «aproximadamente en verano» para ya entonces perfilar un calendario de producción y entrega. Tampoco hay explicación de por qué el Ministerio no ha sido más contundente con Renfe, teniendo la información, para que corrigiera rápido el error.

El resultado, según fuentes gubernamentales, no es de coste económico, porque los 31 trenes aún no se habían fabricado, pero sí un considerable retraso de hasta tres años. Trenes que se esperaban para finales de este año pueden llegar no antes de 2026.

De momento, el Gobierno salda el escándalo de los trenes que no caben por los túneles con ceses en Adif y Renfe de cargos intermedios fuera de la alta dirección. "Los ceses inminentes", anunciados por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado fin de semana se limitan al jefe de inspección de vía de Adif y al gerente responsable de gestión de material de la filial Renfe Viajeros, según han comunicado ambas empresas públicas sin detallar nombres. Sánchez, que pertenece al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) como Táboas, ha querido un cese en Adif, pese a los documentos centrados en Renfe de que dispone.

Se trata en todo caso de cargos fuera de la alta dirección del Ministerio y de Adif y Renfe, pese a que el escándalo supone retrasar varios años la entrega de los citados 31 trenes valorados en 258 millones de euros. Tanto la ministra como los presidentes de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y de Asturias, Adrián Barbón, habían reconocido la relevancia del escándalo y la necesidad de destituciones ejemplarizantes.