El Gobierno de Cantabria emitió un informe desfavorable al proyecto eólico de Garma Blanca, por los «impactos inadmisibles» e «incompensables» que causaría en el entorno, según avanzó el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Guillermo Blanco. El proyecto de Garma Blanca, que se ubicaría en Arredondo, Entrambasaguas, Solórzano, Ruesga, Riotuerto y Miera, es una de las actuaciones eólicas cuya tramitación está suscitando polémica, con oposición social en las zonas afectadas. Las afecciones apreciadas en el informe del Gobierno determinan que sus impactos son «irreversibles» e «incompatibles» con los valores de la zona, y en algunos casos ni siquiera han sido analizados por el promotor, por lo que se propone al órgano ambiental del Ministerio, competente para emitir la resolución de declaración de impacto ambiental, que ésta sea desfavorable.

Blanco explicó que los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente han emitido un informe que detalla nueve aspectos «desfavorables» a ese parque eólico, entre ellos la afección al paisaje, que no contempla una interrelación con el resto de parques del entorno, o el impacto negativo en comunidades de rapaces y en zonas protegidas de manantiales. Además, la ubicación elegida tiene un alto impacto sobre los quirópteros, el grupo de vertebrados que, junto con las aves, es el más afectado por estas instalaciones, explicó el consejero.

El órgano competente para resolver la solicitud de la autorización administrativa previa es la Dirección General de Política Energética y Minas, mientras que las competencias para resolver sobre la declaración de impacto ambiental corresponden a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ambas pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Blanco destacó por tanto que «el órgano sustancial» que ha de decidir es el Ministerio, pero cree que es «difícilmente salvable» el informe que ha hecho la administración regional. «Nuestro informe es absolutamente desfavorable», insistió.

El consejero pidió al Ministerio que declare la evaluación de impacto «desfavorable» porque son afecciones que impactan de forma «irreversible» y que no son mitigables, dado que en la propuesta del proyecto eólico no se proponen alternativas. «Esto hace referencia al proyecto eólico de Garma Blanca porque es el primero que se ha presentado, posteriormente se verá el de Ribota, pero ya en el informe se habla de que el estudio de impacto ambiental debiera verse conjugado entre los cuatro proyectos y que se han tratado y presentado de forma separada. Se entiende por cuestión lógica que los demás parques tendrán que verse afectados por igual», ha considerado el consejero.

PUNTOS DESFAVORABLES. Entre los nueve aspectos «desfavorables» se encuentra que no se realiza un estudio alternativo, como sugiere el documento de alcance del Ministerio, además de que las alternativas de acceso son «imperdonables» por el impacto paisajístico principalmente. A esto se suma que la construcción del proyecto de Garma Blanca es sobre suelo kárstico, ya que está lleno de cuevas, y la alternativa para subsanarlo es «inyectar hormigón» cuando, según advirtió Blanco, en esas cavidades lo que se hace es interrumpir el trasiego hidrológico de una zona protegida porque es de donde se hace la captación de agua de muchos pueblos del entorno».

Blanco añadó que en ese informe también se recoge que hay una afección a 38 paisajes del listado de Paisajes Relevantes de Cantabria, de los que 12 se ubican en el mismo parque de Garma Blanca. El consejero de Medio Ambiente hizo referencia asimismo a la afección al medio social, que «ha de verse de un modo global, no solo en lo que tiene que ver con la opinión pública», sino, tal y como hace el informe de su departamento, teniendo en cuenta las estrategias de desarrollo local o rural.

El informe de la Dirección General de Biodiversidad señala así que el estudio de impacto ambiental de Garma Blanca plantea solo los «teóricos efectos positivos en el empleo», pero sin analizar en qué medida tienen repercusión directa en la zona y sin considerar si el proyecto pudiera interferir en los planes de puesta en valor del territorio.

PROT. 

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha enviado un escrito al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, el regionalista José Luis Gochicoa, en el que le advierte de la "ilegalidad y nulidad" del inicio del procedimiento de aprobación del borrador del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).

En el escrito, que el colectivo ha remitido a los medios de comunicación, se indica que la "supuesta participación" que propone el Ejecutivo en relación a este procedimiento "no responde a las exigencias" del Convenio de Aarhus ni tampoco a la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La Plataforma considera que lo que se propone, por parte del Ejecutivo regional, es un "mero simulacro de participación", en el que el colectivo "renuncia a intervenir".

Además, ha exigido que sus consideraciones "no sean valoradas, ni utilizadas" como tal participación", pues "no tiene otro carácter que el de denuncia frontal" de todas las actuaciones que se están llevando a cabo en la elaboración del PROT.

Este colectivo ha señalado que los criterios generales de los que parte el PROT debieran ser elaborados, "no en la oscuridad por quienes nos han traído al caos actual, sino por todos".

"Todo lo que nos presentan es, pues, nulo de pleno derecho", ha afirmado la Plataforma, que considera que ello deberá ser reelaborado a partir de un "proceso de real participación".

El colectivo sostiene que parece que el Ejecutivo está intentando "una aparente, irreal participación ciudadana" en el que "se olvida de nuevo a los posibles afectados directos por los grandes proyectos e infraestructuras: vecinos, concejos abiertos/juntas Vecinales propietarios de los terrenos comunales, concejales y pedanías".

Según la Plataforma, en esta participación del PROT, se "priva" a estos afectados "del exacto conocimiento y, en especial, del debate público de las razones y efectos de cada actuación concreta, hurtándole el acceso a la información y la práctica de la participación ciudadana que se impusieron en Aarhus".

"Hay que insistir, pues, en la exigencia de una correcta y objetiva información previa, que potencie una real participación ciudadana al elaborar las políticas que deseamos, que se concrete en un eficaz debate público, poniendo sobre la mesa del mismo todas las razones e intereses en litigio", ha insistido.

Para la Plataforma, "pretender, luego, implantar proyectos e infraestructuras sin informar ahora de modo adecuado acerca de los mismos y sus reales impactos a las poblaciones afectadas no genera otra cosa que desengaño y desafección social local hacia los proyectos".

"La participación social no se reduce a posibilitar la mera presentación de alegaciones durante el periodo de información pública, ni a exhibir abstrusos documentos, exagerada e innecesariamente técnicos, ni a asistir a reuniones, ni a poder entrar en un portal de Internet. Exige facilitar a la población local, de forma previa y durante el trámite, un conocimiento real y suficiente de lo que se propone, para, entre todos, decidir el mejor modelo de desarrollo territorial y socioeconómico para la zona", ha mantenido. 

ENERGÍA EÓLICA

Respecto a la energía eólica, la Plataforma considera que, antes de hablar de la implantación de parques eólicos --un tema ahora de actualidad a raíz de los proyectos que hay sobre la mesa o en tramitación que afectan a los Valles del Pas y Trasmiera--, se deben primero solventar "debates esenciales", como el de decidir entre la generación concentrada y la distribuida, una cuestión que, según se ha quejado, "no parece interesar a nadie".

En cuanto a la implantación de parques eólicos en los Valles del Sur, el colectivo afirma que "la posible ejecución de infraestructuras de comunicaciones, eólicas, de transporte energético, ... debería tener en cuenta la enorme calidad y fragilidad de estos paisajes histórico-culturales, a los que se podría hacer perder parte de sus valores y
reconocimiento".

"Un paisaje cultural constituye un valioso e insustituible recurso como elemento revitalizador del territorio, especialmente necesario para el desarrollo de los periféricos, afectados por procesos de despoblación. Los usos que se espera sean motores de revitalización territorial son los asociados a actividades de ocio y turísticas, apoyadas en la excelencia paisajística del territorio", ha defendido.