Menos de un año le ha durado al Ministerio de Transición Ecológica la Orden que blindaba de forma legal al lobo ibérico y la prohibición en ningún caso de que pudiera cazar ni un solo ejemplar, tampoco para aquellos que atacaban a la ganadería extensiva y provocan así unas pérdidas millonarias de hasta de 9,5 millones de euros anuales después de 15.000 ataques de media en cada campaña. Fue el 21 septiembre de 2021 cuando el Gobienro modificó el Listado de Especies Salvajes en Régimen de Protección Especial (Lespre) e incluyó al lobo ibérico, lo que provocó desde ese mismo instante una oleada de críticas por parte de ganaderos, cazadores y también de las principales comunidades autónomas donde este animal cuenta con un mayor número de ejemplares, como Castilla y León, Asturias, Galicia o Cantabria (que agrupan el 95% del censo total). Al unísono, iniciaron una batalla legal ante la Audiencia Nacional para tumbar dicha normativa.

Sin embargo, y tras el procedente otorgado hace unas semanas a Asturias, este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio marcha atrás, al menos en una parte, y anunció la puesta en marcha de un protocolo "como mecanismo coordinado y uniforme" que servirá para todos los territorios con el fin de proporcionar " garantías para todas las administraciones implicadas en las autorizaciones de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares".

Es decir, se modifica el criterio y se podrán cazar lobos ibéricos como "medida preventiva" y esta medida hace un guiño a los ganaderos después de sus quejas en estos diez meses: la ministra promete habilitar partidas económicas para "indemnizar" por los daños generados por la especie en la cabaña ganadera. Además, se creará un nuevo censo nacional donde se actualice el número concreto de lobos existentes en España y su localización actual, que el último informe oficial data del censo 2012-2014 e incluye a 297 manadas, pero sin detallar en concreto el número de ejemplares, que podría situarse entre 2.000 y 3.000.

El Ministerio detalla que el documento presentado a las consejeros autonómicos incorpora, "en la medida de lo posible, las aportaciones recibidas por las autoridades regionales", así como las planteadas por otras entidades en el seno del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Así, subraya, "esta hoja de ruta es el resultado del trabajo realizado con todas las comunidades autónomas, y especialmente con las que sostienen un mayor número de manadas en su territorio", por lo que añade que este nuevo reglamento "era un paso necesario" para el reparto de los fondos de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y apoyar así "a los titulares de explotaciones ganaderas". De todas formas, la medida no terminar de convencer a algunas comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP que pretendían que se aprobara un documento mucho más ambicioso y que se volviera al 'status quo' existentes antes de la orden del pasado mes de septiembre.