Cantabria se planta ante un reparto “improvisado” de menores no acompañados
El Gobierno de Cantabria ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ejecutivo central relativa al reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y a la financiación destinada para su atención. Así lo ha expresado este martes la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, durante su intervención en la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia celebrada en Madrid.
Cantabria se une así a otras autonomías que se oponen a elevar a la próxima Conferencia Sectorial la aprobación de la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores migrantes. Arce ha argumentado que la decisión del Gobierno regional responde a la “falta de planificación y claridad” por parte del Estado, y ha lamentado que “no sabemos cómo han calculado la cifra de 156 menores que proponen derivar a Cantabria”.
Según ha explicado la directora del ICASS, durante la reunión no se han proporcionado datos concretos que justifiquen la propuesta ni el cálculo de la capacidad ordinaria asignada a la comunidad. “No se nos han facilitado los criterios técnicos ni la base para establecer ese reparto”, ha insistido Arce, calificando la falta de información como una muestra de opacidad e improvisación.
Un coste elevado y una financiación insuficiente
Uno de los principales motivos del rechazo cántabro se centra en el desequilibrio entre la carga asumida y los recursos asignados. Según las estimaciones del Gobierno de Cantabria, la atención a los 156 menores no acompañados supondría un gasto anual de 7 millones de euros, muy lejos de los 2 millones de euros de ayuda de pago único propuestos por el Ministerio de Juventud e Infancia.
En palabras de Carmen Arce, “la financiación propuesta es totalmente insuficiente y compromete gravemente la sostenibilidad de nuestro sistema de protección”. Ha añadido que esta distribución no equitativa “ahonda una vez más en las desigualdades territoriales” y que “los derechos de los españoles no pueden depender de la comunidad autónoma en la que residen”.
Además, ha advertido de que aceptar esta propuesta “pondría en riesgo no solo nuestro sistema de protección de menores, sino todo nuestro sistema de servicios sociales”, al tensionar los recursos y la estructura ya existente.
Un modelo de protección referente
Pese a esta negativa, Cantabria ha defendido su modelo de atención a la infancia, que ha calificado como “referente” en el conjunto del Estado. Arce ha recordado que la comunidad no cuenta con ningún menor de ocho años en recursos residenciales, lo que demuestra su apuesta por la desinstitucionalización y por soluciones de acogida más personalizadas e integradoras.
“Cantabria ha hecho un trabajo serio y comprometido en protección a la infancia, y lo que pedimos es seriedad y compromiso por parte del Gobierno central”, ha afirmado.
A la espera de una nueva propuesta
El Ejecutivo regional ha pedido al Ministerio que reconsidere su planteamiento, tanto en el cálculo del reparto como en la dotación económica. Asimismo, ha solicitado que se abra un espacio real de diálogo técnico con las comunidades para definir una estrategia común y viable.
Mientras tanto, el Gobierno cántabro se mantiene a la espera de que se reformule la propuesta y de que se facilite información clara y transparente sobre los criterios empleados. “Estamos dispuestos a colaborar, pero no a ciegas ni sin garantías para nuestro sistema”, ha zanjado Arce.