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El Diario de Cantabria

COMISIÓN PARLAMENTARIA

El Gobierno de Cantabria reorganizará las sedes judiciales

Paula Fernández anuncia un Plan estratégico de Protección Civil y que promoverá medidas para atajar el despoblamiento rural

Asistentes a la comisión parlamentaria. / ALERTA
Asistentes a la comisión parlamentaria. / ALERTA
El Gobierno de Cantabria reorganizará las sedes judiciales

La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior se propone para los próximos cuatro años llevar a cabo la reorganización de las sedes judiciales de Santander, implantar las oficinas judicial y fiscal, aprobar un Plan estratégico de Protección Civil para Cantabria y promover medidas para atajar el despoblamiento rural. Estos son algunos de los objetivos marcados este martes por la titular de ese departamento, Paula Fernández, en su primera comparecencia en comisión en el Parlamento de Cantabria tras la toma de posesión en julio para informar de los proyectos que contempla para esta legislatura.

Fernández también ha avanzado que su Consejería prevé aprobar los proyectos de ley sobre participación ciudadana, de entidades locales menores y la norma que asegurará el Fondo de Cooperación Municipal que beneficia a los 102 ayuntamientos. En materia legislativa, además, ha anunciado una modificación de la ley del juego con la implantación de las primeras medidas consensuadas con el sector, al establecerse una distancia mínima de 500 metros entre todos los establecimientos de juego y los centros escolares y de rehabilitación de ludopatías.

objetivos. La consejera ha subrayado que para esta legislatura la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior se ha marcado objetivos «ambiciosos», aunque «realistas, sensatos y posibles», sin «ficciones», y ha ofrecido a los grupos políticos colaboración y diálogo.

Los partidos políticos presentes en la Cámara regional le ha deseado suerte en el desempeño de su labor y le han respondido ofreciendo colaboración, aunque desde los grupos de la oposición se le ha advertido de que llevarán a cabo una «crítica constructiva y leal» con los intereses de Cantabria. Paula Fernández ha desgranado los proyectos que tiene intención de llevar a cabo, entre ellos, la reorganización de los órganos jurisdiccionales de Santander, que, según ha asegurado, serán consensuadas con todos los operadores jurídicos.

La titular de Justicia ha defendido que los mayores problemas que presentan esos órganos judiciales no son de espacio, sino de saturación en el edificio de Las Salesas, que se liberará aprovechando las sedes del Gobierno para consolidar el proceso de modernización emprendido en la pasada legislatura. Entre esas sedes, ha citado el edificio Europa, «con espacio práctico y apto» para incluir nuevas unidades judiciales.

Por eso, ha adelantado que la puesta en marcha del juzgado número 12 de Santander, previsto para el 30 de junio de 2020, servirá para acometer una «mejor organización» de las sedes judiciales de Santander en todo su conjunto. Fernández ha apuntado, además, la puesta en marcha de «manera progresiva» las oficinas fiscal y judicial, basada en unidades directas de apoyo a los jueces y fiscales.

policía local. La titular de Interior también ha avanzado las líneas de su departamento en materia de Policía Local, cuyas competencias asume en esta legislatura, con el objetivo de culminar la revisión de la normativa para garantizar la coordinación. En este sentido, ha señalado que se está tramitando el nuevo proyecto de normas-marco que apuesta por homogeneizar los procesos selectivos y ha explicado que su departamento tiene como «reto» celebrar un curso anual de Policía Local para que los que aprueban la oposición puedan ejercer de funcionarios, que se celebraría en el último trimestre del año.

La consejera también se propone «sentar las bases» para afrontar en los próximos años la estrategia de lucha contra el despoblamiento, a través de un consejo asesor que funcionará como el «paraguas» que coordine todos los trabajos e impulse las actuaciones del Gobierno y cuya puesta en marcha «no conllevará ningún gasto presupuestario ni de personal adicional».

Además, el Gobierno también prevé tener lista una estrategia de protección civil de Cantabria, a través de un plan que fijará los objetivos de acción para los próximos cinco años y priorizará los esfuerzos que permitan optimizar los recursos disponibles para mitigar los efectos de las emergencias.

Este plan de acción, previsto en la Ley autonómica de Protección Civil, incorporará los factores que potencian el riesgo en las personas como son los condicionantes sociales, económicos y personales.

La consejera de Presidencia ha avanzado que la estrategia autonómica incluirá un nuevo Plan especial de protección civil frente al riesgo de fenómenos meteorológicos y otras iniciativas de la Dirección General de Interior, como la elaboración de un inventario de riesgos naturales y tecnológicos y una red de comunicaciones con los últimos avances en la materia.

emergencias. Por su parte, el Servicio de Emergencias de Cantabria, del que depende el Centro de Coordinación 112 y los parques de bomberos autonómicos, desarrollará de forma efectiva su estructura dentro de la Administración Pública con la aprobación de la relación de puestos de trabajo y la integración de su personal, al tiempo que se pondrá en marcha un plan de inversiones centrado en la renovación y modernización de la flota de vehículos de bomberos.

En la Acción Exterior de Cantabria, la Consejería tendrá como principales pilares de actuación la Oficina en Bruselas para aprovechar, según ha explicado Fernández, «todas las oportunidades que Europa brinda», y las Casas regionales. Además, ha indicado que se ultima un plan estratégico plurianual de apoyo a los cántabros en el exterior con el objetivo de atender situaciones de necesidades y, en su caso, facilitar el retorno a la comunidad autónoma.

En el ámbito legislativo, Paula Fernández ha detallado que las actuaciones consistirán en el desarrollo de una nueva ordenación territorial de Cantabria, mediante la delimitación comarcal de la región. También se contempla poner en marcha el proyecto de ley que blindará el Fondo de Cooperación Local y la nueva norma reguladora de las entidades locales menores, que contará con un fondo económico para su sostenibilidad, a la vez que se impulsará un proyecto de Ley de Participación Ciudadana.

Asimismo, se abordará una nueva Ley de Función Pública, que establecerá por primera vez una carrera profesional para los empleados públicos de la Administración General. Y, en materia del personal público, la consejera se ha comprometido a abrir la negociación colectiva y redactar un Plan de Igualdad que incluya medidas de conciliación.

El Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC) ahondará en la mejora emprendida en la etapa anterior, potenciará la formación en línea y la investigación y los estudios de mejora de los servicios públicos. La administración electrónica centrará otra parte de los esfuerzos de la Consejería, tanto en apoyo a los ayuntamientos, como en el seno de la propia Administración del Gobierno cántabro, y se implantará un proyecto piloto para dotar de sistemas de inteligencia artificial al servicio de información telefónica 012.

Desde los Servicios Jurídicos del Ejecutivo se trabajará en la unificación de criterios y en la mejora de los tiempos de respuesta para agilizar el funcionamiento de toda la Administración regional. Por último, la consejera ha informado a la comisión parlamentaria que el Consejo Económico y Social (CES), órgano de participación social en materia sociolaboral que se recuperó por ley en la anterior legislatura, celebrará su primer pleno antes de que finalice el año. 

El Gobierno establecerá de forma «clara» cuándo cobrar los rescates

El Gobierno de Cantabria ha decidido modificar la normativa que regula la aplicación de la tasa por los servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento dentro del ámbito de protección civil para establecer de forma «clara y precisa» los supuestos en los que se puede repercutir a las personas que se asiste. La modificación la ha anunciado este martes la consejera de consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Asuntos Exterior, Paula Fernández, en su comparecencia en comisión en el Parlamento de Cantabria, donde ha explicado que el motivo de ese cambio es que la norma actual que regula esa tasa «no era de todo operativa».

Según ha expuesto Fernández, en la actualidad para que el Gobierno pueda cobrar esa tasa es necesario que la persona haya actuado con «dolo o imprudencia manifiesta», lo que representa una «dificultad», sobre todo en el segundo caso, para que «sin ninguna duda» se pueda repercutir, ha alegado. Por ello, ha añadido que el Ejecutivo regional va a introducir una reforma en la ley de medidas de este año para establecer de manera «clara y precisa» los supuestos en los que se puede repercutir esa tasa en los casos de salvamento y rescate de personas cuando se cumpla el «hecho objetivo».

Como ejemplos para repercutir la tasa, la consejera se ha referido a los casos en los que exista una señalización que prohíba una actividad, cuando se trate de situaciones «claras» en las que se desoye una advertencia de fenómenos meteorológicos adversos o cuando el particular no haya obtenido todos los permisos legales para una autorización o permiso para llevar a cabo una actividad o cuando no se lleve el equipamiento adecuado para desarrollarla. «Supuestos todos en que tienen que quedar claramente determinado y que determinen así la necesidad de poder repercutir la tasa», ha concluido Paula Fernández.

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