27.11.2021 |
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«FORO SANTIAGO, CAMINO DE CONSENSO»

El G8 de las autonomías despobladas exige mejor finaciación

Feijóo y otros siete mandatarios de tres partidos firman en Santiago una declaración con 35 propuestas con el foco en financiación y despoblación

Los ocho  presidentes firmantes de las Comunidades Autónomas en una foto de familia . / efe
Los ocho presidentes firmantes de las Comunidades Autónomas en una foto de familia . / efe
El G8 de las autonomías despobladas exige mejor finaciación

Ocho presidentes autonómicos han firmado en la denominada cumbre de Santiago sobre financiación un documento, con 35 puntos, en el que reclaman otro modelo que subsane las deficiencias del actual sistema de reparto entre los distintos territorios y que sea fruto de un consenso multilateral en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Son dos de las principales posiciones plasmadas en una declaración institucional en la que los firmantes trasladan la necesidad de que España acometa, de manera pronta, el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.

La cita de Santiago reunió ayer en el parador de los Reyes Católicos a los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla; y a los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias).

En la declaración institucional, los ocho participantes ponen de relieve la trascendencia de este debate ya que afecta a la principal vía de ingresos de las comunidades, y por ello reivindican que el nuevo sistema solo pueda ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, consenso en el cual se tengan en cuenta por lógica las posiciones de todas las administraciones afectadas.

Y, por tanto, las decisiones relativas a la financiación ordinaria -suscriben- han de quedar al margen de los «legítimos espacios bilaterales» entre el Gobierno y cada comunidad autónoma. Representan estos ocho presidentes el 61,97 % de la superficie española y al 24,13 % de la población. En el texto concordado, todos transmiten su absoluto respeto a las comunidades con intereses diferentes y recuerdan que el objetivo que debe unir a todas ellas es el de «acertar» en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestan, así como de los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos.

En este sentido, instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a definir cuanto antes una metodología de trabajo que permita a todas las administraciones aportar sus particularidades y necesidades concretas, estableciendo un calendario para ello, así como a identificar los principios básicos que rijan el nuevo modelo y que, a entender de los ocho, deberían ser diecisiete.

NUEVO MODELO

1. Asignación de recursos entre las comunidades autónomas: debe tener como «objetivo inexcusable» que todas puedan prestar servicios similares con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios.

2. Reforzar el principio de suficiencia, sobre todo en aquellos supuestos en los que los ingresos no evolucionen de forma homogénea.

3. Creación de un catálogo de servicios cuya financiación esté asegurada.

4 . Corregir los déficit de financiación dotando al sistema autonómico de mayores recursos.

5. Que ninguna comunidad reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema.

6. Que las necesidades de financiación de las comunidades autónomas se fijen atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales: además de los costes fijos, la dispersión, baja densidad, orografía, envejecimiento... Que ello sea cuantificado de forma completa.

7. Evaluación de los gastos destinados a educación, sanidad y servicios sociales, dado su elevado peso relativo en todas las zonas.

8. Que la sanidad pública y su dinámica de crecimiento de gasto sea objeto de un análisis especial.

9. Estudiar de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia.

10. Atención a criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y otras en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas.

11. Lealtad institucional y seguridad jurídica desde el principio.

12. Valoración de recursos adicionales decisivos para garantizar el desarrollo de las comunidades autónomas: Potenciar las políticas del fondo de compensación interterritorial/ Evaluación de la situación actual y futura de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato y no generar perjuicio financiero a ninguna de ellas/ Reparto de los fondos Next Generation de forma equitativa mediante el establecimiento de criterios estables y objetivos/ Evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local/ Que los órganos de cooperación interadministrativos velen de forma efectiva por que los recursos asignados a través del sistema de financiación no se detraigan por otras vías.

13. Consolidar la recuperación económica con los fondos europeos.

14. Transición hacia un modelo más verde y sostenible.

15. Asignación de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos públicos y privados que garanticen una salida cohesionada de la crisis.

16. Que no compita la asignación de recursos de la política de cohesión con el reparto de los fondos de recuperación, de modo que se asegure la complementariedad.

17. Cogobernanza multinivel realmente efectiva mediante una mayor capacidad de decisión para las autonomías en la asignación de fondos. Que el Gobierno cumpla su compromiso de dedicar el 50 % de los fondos que se reciban de la Unión Europea a las autonomías.

CANTABRIA

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha felicitado de los «importantes» acuerdos alcanzados este martes en la Cumbre de Santiago de Compostela, un encuentro en el que, según ha dicho, ha habido la «sensación» de que «no existían partidos políticos» pese a que había representantes de tres formaciones distintas (PP, PSOE y PRC). «Creo que ha salido todo muy bien», ha valorado. En este encuentro, los presidentes de Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Extremadura y La Rioja han logrado consensuar un documento de 35 puntos sobre distintos asuntos.

Uno de los principales de la reunión y del documento suscrito por todos ha sido todo lo que tiene que ver con la reforma del sistema de financiación autonómica, un proceso para el que los ochos presidentes han reclamado «transparencia» y que «solo» sea «fruto de un consenso multilateral» en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Han pedido que, en esa negociación, se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas y, entre ellas, las de comunidades que, como estas ocho, tienen una población dispersa, envejecida y donde es, según han señalado, es más caro prestar los servicios a la ciudadanía en materia sanitaria, educativa, servicios sociales o infraestructuras.

Revilla ha afirmado que la «foto» de este martes en Santiago de Compostela pone en evidencia «el gran desastre» que es España en relación a su articulación territorial. El presidente cántabro ha expuesto que las ocho comunidades autónomas representadas hoy en Santiago suponen «el 64 por ciento» de la «piel de toro» (en alusión a España) o, como dicen en Cantabria o Asturias, «del prau», pero solo el 22% de la población.

«Esto es lo que nos tiene aquí, el corregir una deriva que es una catástrofe señalada desde Europa», ha dicho Revilla, que ha subrayado que España es el «país peor articulado» territorialmente, esto es en lo que tiene que ver en la distribución de la población en el territorio.

Revilla ha lamentado que se ha hecho «una nación de grandes urbes» y «determinadas políticas» han contribuido a una «deslocalización de las gentes» hacia esas grandes ciudades.

GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno valora el acuerdo alcanzado este martes en Santiago de Compostela por ocho presidentes autonómicos del PSOE, el PP y el PRC, pero considera necesario el consenso del resto de comunidades, ha afirmado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

«Valoramos positivamente que haya habido presidentes de comunidades autónomas que manifiestan cuáles son las singularidades de sus territorios, ahora bien, han de ponerse de acuerdo, debemos ponernos de acuerdo con aquellos otros territorios que tienen diferentes circunstancias y todos juntos concurrir en algunos principios que se exponen en esa declaración de Santiago», ha declarado la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra de Política Territorial ha defendido que la modificación del sistema de financiación, que caducó en 2014, «es una cuestión pendiente en la agenda política» y «es de las reformas que sí o si son precisas afrontar», pero también que «ha de hacerse con un previo consenso». Considera que los principios de esa declaración coinciden con los «principios inspiradores» de la Constitución, «que tienen que ver con la solidaridad de los territorios y con la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, y con la garantía de esos servicios básicos».

Ha señalado, además, que el Ejecutivo enmarca la reunión celebrada este martes en la capital gallega «en un ámbito de normalidad en las relaciones institucionales de los gobiernos autonómicos» e «incluso» la valora «positivamente si va en la senda de fijar esos consensos previos que habrían de preceder una reforma del sistema de financiación» en España. En todo caso, la portavoz ha apuntado que «en tanto en cuanto llega ese consenso, este Gobierno ha demostrado su absoluto compromiso con la financiación de las comunidades autónomas para que puedan ejercer sus competencias.

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