El futuro de El Escudo queda en el aire sin plazos de resolución
El macroparque eólico de El Escudo se encuentra en suspenso tras una decisión cautelar que ha intensificado el enfrentamiento político y ambiental en Cantabria
La paralización cautelar del parque eólico de El Escudo ha intensificado el enfrentamiento entre administraciones públicas, empresa promotora y colectivos ecologistas en Cantabria, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la resolución de los recursos administrativos pendientes.
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y la Delegación del Gobierno han defendido que la suspensión responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del procedimiento. Según han explicado, las obras no podrán retomarse hasta que se resuelvan los recursos de alzada, sin que exista por el momento un plazo concreto.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha reconocido que el futuro del parque eólico El Escudo dependerá del sentido de dichas resoluciones, aunque ha recordado que el proyecto cuenta con autorizaciones iniciales de todas las administraciones implicadas.
Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha mostrado su respaldo al proyecto y ha subrayado que dispone de todos los permisos necesarios. La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que los tribunales ya se han pronunciado en varias ocasiones avalando su legalidad, y ha señalado que el parque ha sido recurrido “por tierra, mar y aire” sin que prosperaran las impugnaciones.
Desde el Ejecutivo regional se apunta al Ministerio como posible responsable de la situación, al tratarse de un proyecto de más de 50 megavatios, cuya competencia corresponde al Estado. En este sentido, han reclamado que los recursos se resuelvan con la mayor rapidez para evitar perjuicios económicos y laborales.
El consejero de Fomento ha explicado que la paralización se debe a la falta de respuesta de la Dirección General de Energía a los recursos presentados durante la tramitación, lo que ha provocado la suspensión automática al superarse los plazos legales. Según ha indicado, estos recursos son similares a otros ya rechazados por distintos tribunales, incluido el Tribunal Supremo.
El proyecto, promovido por Biocantaber —participada por Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander—, contempla una inversión de 120 millones de euros y la instalación de 25 aerogeneradores con una potencia total de 105 megavatios. Su puesta en marcha permitiría abastecer a más de 95.000 hogares y evitar la emisión de unas 45.000 toneladas de CO₂ anuales.
Desde la empresa promotora se insiste en que el parque cumple con todas las garantías legales y medioambientales, y que la paralización no responde a irregularidades, sino a un proceso administrativo aún en curso.
En cambio, los colectivos ecologistas han celebrado la suspensión de las obras y denuncian posibles irregularidades, así como impactos sobre espacios protegidos como la Red Natura 2000. También alertan de posibles daños en hábitats y acuíferos, cuestionando la viabilidad ambiental del proyecto.
La evolución del procedimiento será clave para determinar el futuro del parque eólico El Escudo en Cantabria, convertido en uno de los principales focos de debate sobre el modelo energético, el desarrollo industrial y la protección del entorno natural en la comunidad.