La Fiscalía solicita que los agresores del menor agredido en Santander no puedan acercarse ni comunicarse con él
El Ministerio Público solicita medidas cautelares para proteger al menor con parálisis cerebral mientras se investigan los hechos como posibles delitos de lesiones y discriminación
La Fiscalía de Menores de Cantabria ha solicitado este viernes la aplicación de medidas cautelares contra los cuatro alumnos investigados por la agresión a un menor con parálisis cerebral en el IES Leonardo Torres Quevedo de Santander. En concreto, el Ministerio Público ha pedido que los implicados se mantengan alejados tanto del menor como del centro educativo, así como la prohibición de cualquier tipo de comunicación con la víctima.
Según ha informado la propia Fiscalía en un comunicado oficial, estas medidas tienen como objetivo proteger al menor durante la tramitación de las diligencias penales abiertas, que investigan los hechos como posibles delitos de lesiones o maltrato de obra y de discriminación.
La petición se resolverá conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y se valorará judicialmente una vez se escuche a las defensas de los cuatro investigados.
Investigación en curso y medidas educativas paralizadas
Los hechos salieron a la luz este miércoles, aunque se produjeron hace dos semanas. Según la información conocida, la víctima, un menor con movilidad reducida que utiliza silla de ruedas, fue increpado y agredido físicamente por varios compañeros dentro del recinto escolar.
Tras conocer lo ocurrido, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria activó el protocolo de acoso escolar y el IES Torres Quevedo abrió un procedimiento disciplinario ordinario, que derivó en medidas cautelares y una expulsión temporal de cinco días, el máximo contemplado por la normativa educativa.
Sin embargo, al iniciarse el procedimiento penal en la Fiscalía a raíz de la denuncia interpuesta por la familia, dicho expediente disciplinario quedó automáticamente suspendido, tal como establece la ley para evitar duplicidades entre los procedimientos administrativos y judiciales.
Un paso más en la protección del menor
La solicitud del Ministerio Fiscal supone un paso importante en la protección efectiva del alumno agredido, que hasta ahora seguía compartiendo espacio educativo con sus agresores. Tanto la familia como diversos colectivos habían reclamado la necesidad urgente de garantizar la seguridad del menor y evitar cualquier situación de revictimización.
La resolución de esta solicitud está pendiente de la audiencia a las partes. En caso de ser aprobada, los cuatro investigados no podrían acercarse ni comunicarse con Antonio, ni acudir al centro en el que ocurrieron los hechos mientras dure el proceso penal.