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El Diario de Cantabria

EDUCACIÓN

La FAPA no quiere avanzar materia

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria rechaza que se avance materia en los centros educativos tras las vacaciones de Semana Santa, uno de los escenarios que baraja la Consejería de Educación
Aula vacía en un colegio tras la suspensión de las clases por el coronavirus.
Aula vacía en un colegio tras la suspensión de las clases por el coronavirus.
La FAPA no quiere avanzar materia

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria (FAPA) ha trasladado a la Consejería de Educación su rechazo a un posible avance de materia en los centros educativos, sin clases presenciales, planteado a partir del día 20, tras las vacaciones de Semana Santa. En un escrito dirigido al departamento que dirige Marina Lombó, FAPA califica esta posible decisión de «inasumible» en las circunstancias actuales, argumentando que, tras más de tres semanas desde la suspensión de las clases, «hay alumnado con el que no han podido contactar sus docentes». Una circunstancia que, a su juicio, «ya debería de ser suficiente para reconsiderar esta cuestión». Con respecto a las tareas diarias, FAPA ha recordado que existe «un porcentaje de hogares» sin acceso a Internet o con conexiones muy precarias en el ámbito rural, lo que hace imposible llevarlas a cabo. Así como que numerosas familias se conectan a través de un teléfono móvil, soporte que no resulta adecuado para muchas de las tareas, además de que puede no estar disponible durante varias horas del día si las familias continúan trabajando.

En otros casos, los dispositivos disponibles se comparten con varios miembros de la familia, lo cual supone añadir una dificultad organizativa. Igualmente, FAPA indica que «en muchos hogares el alumnado no cuenta con un espacio mínimamente digno para poder realizar estas tareas con la comodidad necesaria». «A esto hay que sumarle que ya para las tareas diarias se hace imprescindible un apoyo cercano y muchas familias tienen una capacidad muy limitada a la hora de poder ayudar a sus hijos con aquellas partes que no entienden. Si esto ya supone muchas veces un problema cuando hablamos de los deberes en el transcurso normal del curso, la situación se ha agravado en estos días de confinamiento», ha subrayado la federación.

Además, ha señalado que muchas familias están viviendo una situación psicológicamente «muy delicada», tanto por las propias consecuencias de la enfermedad en sí, como las situaciones de incertidumbre laboral y económica, condiciones laborales precarias o con altos niveles de estrés. «Todo ello realizando además un esfuerzo considerable para intentar mantener la normalidad del hogar con sus hijos». Por todo ello, FAPA considera que avanzar materia tras las vacaciones es «inviable» y exige que sea «revertida» esta decisión, que aún no se ha adoptado. «Para poder avanzar hay que asegurar que se pueda hacer con todos y todas, algo de lo que estamos muy lejos», ha remarcado la federación.

dejar atrás al alumnado más vulnerable. «En estos días se están haciendo grandes esfuerzos por parte de administración, profesorado, familias y alumnado para mantener en pie el sistema educativo dentro de una situación totalmente imprevista, pero estamos muy lejos de unas condiciones que permitan avanzar. Si esto se lleva a cabo, sería dejando atrás al alumnado más desfavorecido, algo que no estamos en disposición de consentir, menos aun en días en los que precisamente se nos insiste en que saldremos de esto juntos», ha enfatizado FAPA. Además, la federación ha asegurado que, desde que los centros empezaron a trasladar esta cuestión a las familias a finales de la semana pasada, han sido múltiples las llamadas de padres y AMPAs ante la «gran preocupación» que ha producido esta posible decisión.

Por otra parte, FAPA ha expresado su discrepancia con el plantamiento de la Consejería de que los centros puedan suprimir de las programaciones aquellos aspectos cuya adquisición sea factible en los cursos inmediatos. A juicio de la federación, esa reestructuración de los currículos debe acometerse desde la propia Consejería de Educación y hacerse extensiva a los centros para que los contenidos se mantengan unificados en todos ellos y garantizar así la igualdad y que todo el alumnado de Cantabria «contará con los mismos contenidos mínimos».

«Además, no supondrá un problema para aquel alumnavdo que cambie de centro, ya que no se encontrará con contenidos que no se habían incluido en su centro anterior pero sí en el nuevo», ha apostillado FAPA. Por otro lado, plantear la opción de «distintas velocidades» para los centros, aunque sea por un tiempo determinado, «no dejaría de ser una nueva forma de establecer sistemas de ranking» entre ellos, algo que FAPA considera «perjudicial» para la educación pública.

La adjudicataria del Programa PROA no ejecutará un ERTE, según CCOO. Por otro lado, la empresa adjudicataria del Programa Programa de Refuerzo y Orientación Académica (PROA), de la Consejería de Educación, ha dado marcha atrás y ha desistido en su intención de ejecutar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según ha señalado CCOO en un comunicado. La adjudicataria del servicio es Arasti Barca, que ya había anunciado la intención de ejecutar un ERTE a su plantilla, compuesta por más de un centenar de docentes. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha explicado que se enteraron de que la empresa pretendía llevar a cabo el ERTE cuando esta envió a sus trabajadores cartas en las que se les comunicaba la decisión y les instaba a firmar una regulación de 77 días.

En esa misiva se argumentaba, según CCOO, que el Gobierno de Cantabria había suspendido el contrato a la empresa, lo que el sindicato ha desmentido.

«Las trabajadoras nos la hicieron llegar y nos pusimos a trabajar de forma inmediata para paralizarlo,» ha subrayado.

Así, la organización sindical se puso en contacto con los responsables de la Consejería de Educación para trasladarles la intención de Arasti Barca e intentar evitar la ejecución de un ERTE que, a su juicio, contravenía a la decisión del Ejecutivo regional de mantener los contratos de las empresas adjudicatarias.

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