El coordinador del partido de extrema izquierda (IU) en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha pedido a la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, que "no desvíe la atención hacia cualquier otra solución que no sea la recuperación del servicio público del transporte sanitario".

Ruiz Salmón ha llamado la atención sobre cómo tras la jornada celebrada este jueves por su formación, con el ejemplo de la internalización de las ambulancias en La Rioja, impulsado precisamente por la parlamentaria del partido de extrema izquierda Henar Moreno, "ha quedado de manifiesto que la plantilla prefiere una gestión directa pública" y el Ejecutivo cántabro "comienza a abrirse a esa posibilidad".

Por eso, ve "totalmente fuera de lugar" que el PP vuelva a sugerir una adjudicación a empresas, "que es precisamente el origen de todos los problemas actuales que vienen sufriendo los pacientes y trabajadores" y que ha cuestionado desde la Justicia hasta Intervención.

"Volver al punto que causó los problemas sólo puede entenderse si el PP quiere que la adjudicación se la vuelvan a llevar sus militantes", ha enfatizado Ruiz Salmón, recordando que "tanto el responsable de Ambuibérica como su representante en Cantabria han sido cargos públicos del PP" y recibieron esas adjudicaciones cuando gobernaba el PP, "responsable también de la entrega de Valdecilla, primero a una constructora y ahora a un fondo buitre".

Ruiz Salmón le recomienda a Buruaga que "se baje del atril" y hable con los principales afectados y “les diga a la cara” que su solución pasa por que el mismo sector privado que ahora no les paga la extra continúe gestionando.

Un objetivo político que están ocultando a los ciudadanos, como es la internalización del servicio, un escándalo

"La gestión pública garantiza que todas las nóminas llegan a tiempo, a diferencia de la empresa privada", ha sentenciado.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado al Gobierno la licitación inmediata del nuevo contrato del servicio de transporte sanitario y ha pedido al vicepresidente socialista y al consejero de Sanidad que expliquen a todos los cántabros por qué, de manera voluntaria, orquestada y premeditada, mantienen paralizado el expediente a sabiendas de que, con ello, están deteriorando un servicio público esencial.

La dirigente popular ha defendido en rueda de prensa que la convocatoria de este concurso para adjudicar un nuevo contrato acorde con las nuevas exigencias laborales y las necesidades actuales del servicio es el camino más sencillo, más rápido y más eficaz para terminar con una situación insostenible para la empresa concesionaria, los trabajadores y los usuarios.

Buruaga ha recordado que el contrato finalizó hace cinco meses y, de manera inexplicable, la Consejería de Sanidad ha optado por mantener una prórroga de consecuencias nefastas que ni la empresa ni los trabajadores quieren y que, en su opinión, es la peor opción y la más perjudicial para el interés público.

Según la presidenta, el servicio es inasumible desde el punto de vista económico para una empresa que soporta unas pérdidas anuales de casi 4 millones provocadas por el incremento de los costes laborales derivados de una sentencia que, en aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cambió completamente las reglas del juego y disparó los costes del servicio con posterioridad a la firma del contrato.

La consecuencia es que los 472 trabajadores pueden dejar de cobrar parte de sus retribuciones y ver empeoradas sus condiciones laborales, puesto que la empresa ya ha comunicado a los sindicatos su intención de negociar en la segunda quincena de agosto los términos del descuelgue del convenio colectivo.

Para Buruaga, todo ello conduce al deterioro y la pérdida de calidad del servicio, con déficit de personal, retrasos en los traslados de pacientes y en altas en los hospitales y rutas de transporte manifiestamente mejorables.

La presidenta del PP ha recordado que el Gobierno de Cantabria es el máximo garante de la prestación de este servicio público y le ha reprochado que en lugar de cumplir con su responsabilidad pública y de intervenir para garantizar la viabilidad económica de la prestación del transporte sanitario, la calidad del servicio público y los derechos de laborales de la plantilla, esté forzando la inviabilidad del contrato y la asfixia de la empresa, dejando que el servicio toque fondo y alimentando un conflicto laboral sin precedentes.

Buruaga ha hecho hincapié en que el anterior consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, dejó los pliegos hechos y anunció un incremento del coste del nuevo contrato de 5 millones de euros anuales.

“Y si los pliegos del contrato están hechos y el Gobierno no lo licita, blanco y en botella: son el vicepresidente socialista y el consejero de Sanidad los que tiene bloqueada la solución y paralizado el expediente de contratación, son ellos, con el beneplácito del presidente Miguel Ángel Revilla, los que de manera voluntaria, orquestada y premeditada, tiene paralizado el expediente a sabiendas de que, con ello, están perjudicando gravemente a la empresa y a sus trabajadores y erosionando un servicio público esencial”, ha remarcado.

La presidenta ha apuntado como uno de los motivos para justificar lo  que es injustificable que el Gobierno quiera ahorrar presupuesto sanitario a costa de recortar los sueldos de los trabajadores, que son en este momento los que junto con la concesionaria están financiando el coste del servicio que Sanidad se niega a pagar.

No obstante, ha pedido al Gobierno que aclare si detrás de esta escandalosa dejación de responsabilidades hay una estrategia inconfesable y un objetivo político que están ocultando a los ciudadanos, como es la internalización del servicio, un escándalo al que el PP se va a oponer con uñas y dientes.

Para Buruaga, el Gobierno está preparando el terreno y lanzando un globo sonda a ver qué pasa, haciendo seguidismo de Podemos, que ha abierto esta vía en las comunidades donde gobierna: La Rioja y Baleares.

La presidenta ha avisado de que la izquierda populista siempre plantea la arcadia feliz con el dinero público que según ellos no es de nadie y ha advertido de que estos cuentos siempre terminan igual: con la quiebra y el hundimiento del sistema sanitario público.

Según Buruaga, lo único que garantizan los experimentos de internalización es un aumento del personal para dar respuesta al mismo servicio; un aumento de costes, siempre con tendencia al alza; e incluso un aumento de la conflictividad laboral, menos productividad, menos eficiencia y menos sostenibilidad. Además, no hay mejora ni percepción de mejora de servicio, sino más coste, probablemente del doble, lo que haría la prestación insostenible.

“Con este consejero estamos asistiendo a la podemización de la sanidad pública de Cantabria a pasos agigantados”, ha advertido Buruaga, quien ha subrayado que el único rendimiento que buscan el vicepresidente Pablo Zuloaga y el consejero planteando una internalización a nueve meses de unas elecciones es el electoral, contentar a sus compañeros de sindicato y montar otro chiringuito para manejar como les venga en gana, con criterios partidistas y no técnicos.

Buruaga ha recordado que este servicio se ha prestado siempre en Cantabria de manera concertada con empresas epecializadas, al igual que en toda España. ”No podemos estar todos equivocados, de la misma manera que cuesta creer que Zuloaga y Pesquera sean ahora los iluminados”.