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El Diario de Cantabria

CORRUPCIÓN GOBIERNO REVILLA

Los dos exmiembros del Gobierno de Revilla condenados por corrupción recurren la condena

«Ni sé quiénes son, ni he hablado nunca con ellos, ni les conozco» aseguraba Revilla en una de

sus intervenciones con los periodistas pero véase en la foto en un encuentro con los condenados

Condenados los ex altos cargos del SCS.
Los condenados los ex altos cargos junto a Revilla.
Los dos exmiembros del Gobierno de Revilla condenados por corrupción recurren la condena

Los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud condenados a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público por fraccionamiento de contratos de obras y servicios en el SCS durante su etapa en el cargo, la pasada legislatura, han recurrido la sentencia, de la Audiencia Provincial de Cantabria, según han informado fuentes judiciales a Ep.

Fue dictada en marzo, por la Sección Tercera de la AP, tras el juicio celebrado un mes antes, y tras el que el tribunal consideró que el exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo acudieron de manera «deliberada» e incluso «reiterada» a la figura del contrato menor.

Por eso, los magistrados decidieron inhabilitarles durante 14 y 11 años por un delito de prevaricación administrativa -continuado en el caso de González, no así en el de Rojo, ya que su actuación se limitó a un único hecho-. Dicha inhabilitación es para trabajar o desempeñar un puesto relacionado con la contratación en instituciones que gestionen fondos públicos, durante el tiempo que reclamaba el fiscal, en tanto que el PP -que denunció los hechos, ha ejercido la acusación particular y se opone ahora al recurso- pedía quince años para cada uno de ellos.

González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.

Fueron denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación en aquel momento, y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.

La resolución judicial consideró que la actuación de los que fueran responsables de Gestión Económica y Atención Primaria del SCS «supone una flagrante vulneración de los principios constitucionales que conforman la actuación de la administración en un Estado de Derecho».

Entendía así que, «de forma injusta y arbitraria, eludieron la incoación del procedimiento administrativo adecuado para la contratación de los servicios, obras y suministros» objeto de esta causa, «acudiendo de forma deliberada y, además, reiterada en el caso del subdirector de Gestión Económica, a un expediente inadecuado, como es el previsto para los contratos menores».

Los magistrados tuvieron en cuenta a la hora de acreditar los hechos denunciados la «abundante prueba documental», el informe de Intervención General que destaca por su «claridad y contundencia», la declaración de los testigos y la de los propios acusados -que defendieron su gestión y los contratos en cuestión en la vista oral, en la que destacaron los ahorros logrados con los mismos y negaron su vinculación con las empresas adjudicatarias-.

Los dos exmiembros del Gobierno de Revilla condenados por corrupción recurren la condena
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