Entra en vigor la norma que revoluciona la burocracia en Cantabria: menos papeles, más eficiencia

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la Ley de Simplificación Administrativa, una de las normas clave del actual Gobierno regional, que entrará en vigor este sábado, 5 de abril, con el objetivo de reducir la burocracia, eliminar trámites innecesarios y agilizar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración.

La nueva ley introduce por primera vez el deber general de promover la simplificación en el ámbito autonómico y local, con la finalidad de acortar procedimientos, impulsar la actividad económica, y favorecer la creación de empleo. Según destaca el Ejecutivo, con esta norma se pone fin a los "procedimientos eternos" y se dota a la administración pública de herramientas modernas y eficaces.

Entrada en vigor y desarrollo normativo

Las medidas normativas recogidas en el Título VI, que modifican diversas leyes y decretos autonómicos, serán de aplicación inmediata desde su publicación, salvo aquellas que requieran desarrollo reglamentario, para las que se contemplan plazos de entre tres y seis meses. La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ya ha iniciado la redacción de los decretos de desarrollo necesarios, como los relativos al nuevo régimen de silencio positivo, la reducción de plazos de resolución o la aprobación de nuevos formularios normalizados.

La consejera Isabel Urrutia ha destacado que esta ley supone un "momento histórico" y ha defendido que se trata de “la ley de simplificación más avanzada del país”, un instrumento que el Gobierno cántabro considera estratégico para el desarrollo económico y que se ha aprobado, subraya, “en tiempo récord”.

Principales novedades de la ley

Entre los avances más destacados de la nueva norma se encuentran:

• La generalización del silencio positivo en los procedimientos administrativos, salvo que una ley estatal o europea establezca lo contrario.

• El uso obligatorio de declaraciones responsables o comunicaciones previas en lugar de licencias o autorizaciones, salvo cuando lo exija una norma de rango superior.

• Reducción de plazos de resolución: la regla general será de tres meses, y los informes o dictámenes deberán emitirse en diez días.

• Eliminación de duplicidades en controles administrativos y solicitud conjunta de informes sin condicionamientos mutuos.

• Aprobación de modelos normalizados obligatorios, guías y protocolos por procedimiento.

Asimismo, se contempla la creación de una "red proactiva permanente" dentro del Gobierno cántabro para seguir identificando procedimientos que puedan ser simplificados, así como una colaboración continua con organizaciones profesionales, empresariales y sociales.

Fomento de inversiones y vivienda

La ley crea un marco de tramitación preferente para proyectos empresariales estratégicos, con reducciones de plazos, acceso prioritario a financiación e incentivos, y una unidad aceleradora de proyectos adscrita a la Presidencia del Gobierno. También se impulsa la unidad de mercado, garantizando el libre acceso a la actividad económica en las mismas condiciones que en el resto del Estado.

Además, introduce medidas para fomentar la construcción de vivienda libre y protegida mediante su vinculación a proyectos de interés regional (PSIR), con posibilidad de incluir grandes equipamientos públicos como centros educativos o sanitarios.

Simplificación en servicios sociales, salud, juventud y vivienda

La ley también simplifica trámites en servicios sociales y sanitarios, por ejemplo:

• Reconocimiento automático de grados de discapacidad según dependencia: grado I (33 %), grado II (66 %) y grado III (80 %).

• Eliminación de trámites en protección civil, autorizaciones de aguas, campamentos juveniles, carné joven o en el reconocimiento del personal sanitario como autoridad.

Evaluación y aplicación

La norma será de aplicación tanto a la Administración autonómica y su sector público institucional, como a la administración local de Cantabria. Establece la aprobación en seis meses de un Plan de Simplificación, la revisión general de los silencios administrativos y plazos, la creación de un grupo de trabajo, informes anuales de evaluación y un sistema de reconocimiento a departamentos y entidades que más simplifiquen.

Por último, se regula el funcionamiento de entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro, y se establece un régimen sancionador para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables.