La directora general de Juventud del Gobierno de Revilla, Alicia Renedo, no ha tenido más remedio que dimitir, tras el escándalo, que ha salpicado el panorama social de Cantabria, al conocerse la adjudicación por su departamento de un contrato a la empresa en la que trabajó y por el que el Ejecutivo de la que era ella partícipe han tenido que salir al paso y abrir una investigación.

Supuestamente, la socialista Alicia Renedo firmó un contrato de 1.580 euros para un curso de educación afectivo sexual con la empresa en la que trabajó antes de ser directora general de Juventud.

En la declaración de actividades e intereses de los altos cargos del Gobierno de Revilla que publicó el Boletín Oficial de Cantabria el pasado 12 de diciembre y que puede consultarse en el portal de transparencia del Ejecutivo, aparece el trabajo que Renedo desempeñó en esa empresa pero no consta esa actividad como motivo de inhibición.

Alicia Renedo, de la mano de Zuloaga desde la Alcaldía de Ruente hasta el Gobierno regional | La ya ex directora general de Juventud fue también directora de Igualdad y Mujer del Ejecutivo regional y alcaldesa de Ruente por el Partido Socialista

Alicia Renedo (Ruente, 1974) fue nombrada en agosto de 2019 directora general de Juventud del Gobierno, puesto que viene desarrollando hasta la actualidad y que depende orgánicamente de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte que dirige el socialista Pablo Zuloaga, desde donde aún no se han realizado valoraciones respecto a este asunto.

En la legislatura anterior (2015-2019), desempeñó el cargo de directora de Igualdad y Mujer del Ejecutivo regional.

Renedo, que es especialista en Administración y Gestión de Empresas con grado superior en Recursos Humanos, es jefa de Administración en excedencia por cargo público, habiendo desarrollado esta labor durante las últimas dos décadas en la empresa privada, según se indica en el Portal de Transparencia del Gobierno.

Además, de 2003 a 2007, fue alcaldesa de Ruente por el PSOE y concejala de 2007 a 2015 y de 2019 a 2021 por este mismo partido, del que.

En cuanto a los cargos orgánicos dentro de su partido, del 2012 al 2018 fue secretaria de Área de Igualdad y en diciembre de 2021 fue elegida de nuevo al frente de esta área hasta la actualidad.

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Tras conocerse esta información y antes de hacerse pública la dimisión de Renedo, el PP y Vox han reclamado, su salida del Ejecutivo y han exigido al vicepresidente y consejero del que depende Juventud, Pablo Zuloaga, que «asuma responsabilidades». 

El Gobierno de Revilla ha reiterado que la dimisión de Alicia Renedo se produce para «garantizar la transparencia del proceso de investigación» y asegura que los proyectos que el Ejecutivo está desarrollando «continúan con normalidad sin verse afectados por cuestiones ajenas a las políticas de Juventud». Pero está claro que esto afecta a la credibilidad de este Gobierno, que está salpicado por casos de corrupción, como el 'Caso La Loma', 'Caso Mioño', 'Caso Proconor' o el 'Caso Santa Catalina', todos estos con implicados miembros del PRC. O bien por el PSOE regional, el 'Caso Puerto Gallego', 'Caso SCS' o el 'Caso Sogiese', todos casos que fueron a la justicia. 

En ese comunicado, Renedo ha defendido que su gestión «se ha desarrollado conforme a la legalidad» y ha asegurado que el «único objetivo» ha sido «de avanzar en las políticas de Juventud que Ejecutivo regional se ha marcado».

Alicia Renedo ya adjudicó, presuntamente, cuando estuvo al frente de la Dirección General de Igualdad del anterior Gobierno cántabro, entre 2016 y 2019, contratos a esa empresa, en la que ella trabajó después de abandonar su responsabilidad en el Ejecutivo.

Tras conocerse las presuntas irregularidades de Renedo, el Partido Popular de Cantabria se ha preguntado «a qué dedica Zuloaga el dinero público», al mismo tiempo que ha reclamado al vicepresidente del Gobierno y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, que «asuma las responsabilidades» que le corresponden por el «escándalo» de los contratos de la Dirección General de Juventud que «afecta de lleno a su consejería».

Así se ha expresado el diputado regional del PP, Alvaro Aguirre, quien, tras conocer la información, ha exigido la «dimisión» o el «cese inmediato» de la directora general, Alicia Renedo.

«Consideramos que este pasteleo es una muestra más de cómo el PSOE de Pablo Zuloaga no está centrado en atender los intereses y problemas de los cántabros, sino que su único afán es resolver las necesidades de los miembros del Partido Socialista y de sus amigos», ha denunciado Aguirre.

Además, el parlamentario del PP ha añadido que Zuloaga «debe, de manera inmediata, tomar medidas en un asunto que afecta de lleno a una directora general a quien nombró para tratar de ganar la simpatía de determinado sector del PSOE regional».

Al respecto, Aguirre ha continuado diciendo que el vicepresidente «está obligado a pedir perdón a los ciudadanos de Cantabria que ya le colocarán en el sitio en que debe estar el próximo mes de mayo».

«Si la propia Renedo no presenta hoy mismo su dimisión ni Zuloaga hace efectivo el cese, deberá ser el presidente Miguel Ángel Revilla quien tome de una vez por todas el timón del Gobierno que preside», ha subrayado el diputado del PP para quien «no caben ambigüedades en un asunto de esta gravedad ni el PSOE puede hacer rehén a todo un Gobierno de sus intereses partidistas ni, mucho menos, Revilla puede consentirlo».

Para Alvaro Aguirre, «resulta paradójico que los que precisamente intentan constantemente dar lecciones de transparencia y buen gobierno sean quienes se dejen a sí mismos en evidencia con prácticas tan escandalosas como las conocidas hoy».

El diputado regional del PP ha anunciado que su partido va a llegar al fondo de este asunto a través de todos los instrumentos parlamentarios que tiene a su alcance, a fin de que «tanto Pablo Zuloaga, máximo responsable de la consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, así como Alicia Renedo, su actual directora general de Juventud, ofrezcan las explicaciones que deben y asuman responsabilidades». «De igual forma esperamos saber si esta situación se circunscribe únicamente a los 13 contratos que se han publicado y que afectan a dos direcciones generales, Igualdad y Juventud o si es un proceso que de forma sistemática se ha podido dar en otros departamentos del Gobierno o el sector público institucional», ha reclamado Aguirre.

En su opinión, desde el inicio de la legislatura la consejería que dirige Zuloaga «se ha convertido en una especia de gymkana de la polémica y los escándalos, con dimisiones, ceses, nombramientos con un claro interés partidista, uso de dinero público para la promoción personal del propio Pablo Zuloaga, y claras faltas de respeto a los ciudadanos».

En este sentido se ha referido a cuestiones como la habilitación de «un comedor privado en la Filmoteca Regional para cargos del PSOE, mientras los interiores de los restaurantes permanecían cerrados a causa de la pandemia o los constantes desprecios a la presidenta del Consejo de la Mujer, que propiciaron su dimisión».

«Todo ello para tratar de camuflar un claro déficit de gestión que los cántabros ni merecen ni pueden soportar por más tiempo. Se trata de una espiral de excesos o mala gestión de los recursos públicos que Zuloaga y los suyos pagarán en las urnas», ha concluido.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha exigido a la directora general de Juventud, Alicia Renedo, que presente su dimisión ante las informaciones publicadas que aseguran que ha adjudicado contratos a la misma empresa en la que trabajó.

Para Cristóbal Palacio, portavoz parlamentario, la directora general «se ha saltado todos los principios de dignidad, igualdad de oportunidades y libre competencia» utilizando, para ello, la figura del contrato menor «que permite a los socialistas adjudicar a dedo y sin competencia, contratos a amigos y antiguos jefes».

Para Vox, la información publicada «refuerza y consolida» las diferentes denuncias que dicha formación ha realizado a lo largo de la legislatura en las que asegura que el Gobierno PRC – PSOE fomentan una «corrupción de baja intensidad» que pretende tejer una red de colocación y de movimiento de dinero «de manera impune, sin tener en cuenta que se paga con los impuestos de todos los montañeses».

«Es un engranaje más dentro de la maquinaria de gasto de los chiringuitos de género», asegura Palacio. «Unos chiringuitos que no están pensados para ayudar a las mujeres si no, más bien, para repartir dinero público entre asociaciones y empresas satélites socialistas».

Asimismo, desde Vox solicitan una auditoría de los contratos realizados «en la anterior legislatura y en la vigente» a las empresas relacionadas con la directora general.

«Estamos seguros de que este tipo de adjudicaciones no son una excepción y se repiten también en otros departamentos del Gobierno», indica el portavoz.