El Ejecutivo cántabro revisa los contratos con empresas vinculadas al ‘caso Obras Públicas’

El Servicio de Contratación y Compras del Gobierno de Cantabria ha consultado varios expedientes de empresas implicadas en el denominado ‘caso Obras Públicas’ con el objetivo de comprobar si las personas condenadas en la sentencia firme continúan ejerciendo como administradores o mantienen una posición mayoritaria en los consejos de administración de dichas sociedades. Así lo ha explicado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, a preguntas de los medios de comunicación.

Según ha indicado, el informe emitido por el servicio jurídico del Ejecutivo autonómico establece con claridad que debe verificarse «si las personas condenadas siguen siendo administradores de las sociedades y, además, en el caso de que no sean los administradores, si siguen teniendo mayoría en esos consejos de administración».

El criterio fijado es que, en función del resultado de esa comprobación, las empresas podrán o no contratar con la Administración. «Si es que no, podrán contratar; y si es que sí, no podrán contratar», recoge el informe jurídico al que ha aludido el consejero.

Media ha recordado que, una vez adquirió firmeza la sentencia de la trama de Obras Públicas —en la que, entre otras cuestiones, se condenó a tres años y ocho meses de inhabilitación para contratar con la administración al apoderado de API Movilidad e Imesapi, al administrador de CANNOR y La Encina, y al administrador, apoderado y socio de RUCECAN—, el Gobierno solicitó un informe al servicio jurídico «para ver cómo proceder» en los servicios de contratación de cada consejería.

Ese informe fue recibido hace unas semanas y, a partir de ese momento, las distintas áreas han comenzado a aplicar las indicaciones recogidas en el mismo. En el caso de la Consejería de Fomento, se ha requerido a varias empresas que aporten información sobre su estructura societaria cuando participan en procedimientos de adjudicación o resultan adjudicatarias de contratos públicos.

El consejero ha señalado que en su departamento existen expedientes en los que concurren empresas afectadas por la sentencia y que dichos expedientes «no se han paralizado». En su lugar, se ha concedido un plazo para que las compañías presenten la documentación necesaria que permita comprobar si la situación actual de sus órganos de administración y de su accionariado se ajusta a lo que determina el informe jurídico.

Entre los contratos en los que ya se ha aplicado este procedimiento figura el de mantenimiento de carreteras. Media ha indicado que su departamento realizó esta consulta antes incluso de la que, según ha trascendido, llevó a cabo la Consejería de Educación en relación con RUCECAN y el contrato para la ampliación del IES Marismas de Santoña.

El consejero ha subrayado que esta actuación responde a la necesidad de aplicar correctamente la sentencia firme y de garantizar que se cumpla la inhabilitación impuesta a las personas condenadas. En este sentido, ha insistido en que el objetivo es comprobar si quienes fueron inhabilitados siguen desempeñando funciones que les permitan influir de forma decisiva en las sociedades que concurren a licitaciones públicas.

Asimismo, ha advertido de que esta situación no afecta únicamente al Gobierno de Cantabria, sino que «nos pasará a todas las administraciones», en referencia tanto a los ayuntamientos como a la Administración General del Estado, que deberán aplicar el mismo criterio en sus procesos de contratación.