El Gobierno de Cantabria abonará el 23 de abril a los ayuntamientos siete millones y medio de euros correspondientes al primer pago del Fondo de Cooperación Municipal, con el objetivo de «relajar» sus tesorerías y que puedan afrontar tanto sus compromisos sociales como los pagos a proveedores. El vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, lo ha explicado así durante la comparecencia telemática que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado ayer. También se ha abordado la ampliación del «escudo social» ya que, según ha señalado el vicepresidente, se propondrá complementar la Renta Social Básica a todos las unidades perceptoras con hijos menores de 18 años, para «llegar a las familias que peor lo están pasando» y garantizar la higiene y manutención de los niños de Cantabria «con menos recursos».

Esta medida, que se planteará a la patronal y sindicatos en la próxima sesión de la Mesa del Diálogo Social, que tendrá lugar este viernes, beneficiaría a 2.066 familias desprotegidas y 3.479 niños de la región. Zuloaga ha informado además de que el tiempo medio de pago a proveedores se situó en marzo en 23,43 días, lo que mejora las cifras de febrero, cuando se tardó algo más de 25.

Según ha explicado, el Gobierno regional pretende así asegurar que la economía de Cantabria «funcione» y cumplir con sus proveedores para garantizar «el dinamismo» de la región. Respecto a la cuenta bancaria habilitada la semana pasada por el Ejecutivo regional para recibir donaciones que ayuden a hacer frente al COVID-19, el vicepresidente cántabro ha destacado que ya se han recibido más de 58.000 euros en aportaciones llegadas «desde todos los niveles de la sociedad de Cantabria». El dinero recaudado en esta cuenta, denominada «Cantabria contra el coronavirus», se destinará a que el Servicio Cántabro de Salud adquiera material sanitario y haga frente a los sobrecostes generados por la crisis sanitaria.

Preguntado por si la Administración de Cantabria tiene previsto alguna ayuda para autónomos y pymes que no han parado su actividad pero que tampoco tienen clientes, Zuloaga ha recordado que el cheque de resistencia ha recibido más de cinco mil solicitudes. Y ha subrayado además que en la Mesa del Diálogo Social se están debatiendo propuestas presentadas por los sindicatos y por CEOE-Cepyme Cantabria que se centran en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos en general.

Por último, Pablo Zuloaga ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la orden de avales del Instituto de Finanzas de Cantabria que viene a desarrollar la del Instituto de Crédito Oficial con el fin de inyectar a la economía regional 1.100 millones de euros.

El objetivo de estas ayudas a empresas, pymes, micropymes y autónomos es financiar nóminas, facturas de proveedores pendientes de liquidar, alquileres, gastos de servicios, costes de servicios externalizados y, en definitiva, otros gastos. 

Por otra parte, los test rápidos frente al coronavirus empezaron ayer a utilizarse en Cantabria y la prioridad son las residencias en las que se hayan registrado casos positivos. Estos test se van a aplicar tanto a usuarios de los centros como a trabajadores y el objetivo es llegar a todas las residencias, tengan o no casos positivos.

Pablo Zuloaga ha explicado que se trabaja ya en la implantación del protocolo de uso de los test rápidos de coronavirus.

Ha detallado que, además, las altas en COVID se darán a personas con PCR negativo, que se hará tras siete días asintomáticos y, como mínimo, 14 días después de salir del hospital. El Ejecutivo prevé que así se pueda dar el alta a 350 personas en Cantabria en los próximos días. En cuanto a los test rápidos, Zuloaga ha recalcado que la prioridad son las residencias que tienen residentes positivos y también ha aseverado que el Gobierno pretende que esos test lleguen a 6.000 usuarios y a más de 2.500 trabajadores de los centros.