El Ejecutivo cántabro denuncia un “traslado forzoso” de menores migrantes impuesto desde el Gobierno central
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, critica que el Ejecutivo central imponga las plazas "a espaldas" de las comunidades y excluya a Cataluña y País Vasco
El Gobierno de Cantabria ha calificado de "arbitraria" e "impuesta" la cifra de 194 menores migrantes no acompañados que el Ejecutivo central ha asignado a la comunidad en el marco del nuevo reparto entre regiones. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha expresado su rechazo frontal a un modelo que, a su juicio, "no responde ni a criterios técnicos claros ni al respeto institucional entre administraciones".
"No se puede proteger a estos menores si se les trata como mercancía", ha manifestado la titular de la Consejería en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Para Gómez del Río, la medida aprobada por el Gobierno de España supone un "traslado forzoso, unilateral y sin diálogo previo", que ha dejado fuera a Cataluña y el País Vasco, algo que ha tildado de "inadmisible".
"Una cifra decidida sin explicación ni consenso"
Según la consejera, la cifra de 194 menores asignada a Cantabria ha sido "decidida desde Madrid sin justificación técnica ni consulta con las comunidades autónomas afectadas". El cálculo estatal parte de una ratio media de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, pero, en opinión del Ejecutivo cántabro, "nadie ha explicado cómo se ha llegado a ese número" en el caso de Cantabria.
Gómez del Río ha recordado que el sistema regional de protección cuenta actualmente con 220 plazas, por lo que, si se aplicara el reparto propuesto, "apenas quedarían 26 plazas disponibles para el resto de menores tutelados en situación de vulnerabilidad", lo que comprometería, ha dicho, el funcionamiento ordinario del sistema.
"No se puede fijar una cifra arbitraria, y menos aún hacerlo a espaldas de las comunidades autónomas, excluyendo además de forma deliberada a determinadas regiones", ha remarcado, en alusión a la ausencia de Cataluña y Euskadi en el listado de comunidades receptoras.
Solidaridad sí, imposición no
A pesar del rechazo al modelo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, Cantabria ha reiterado su disposición a colaborar en la respuesta al fenómeno migratorio. "Siempre hemos sido una comunidad solidaria, y lo seguiremos siendo", ha afirmado Gómez del Río, matizando no obstante que "una cosa es la solidaridad y otra cosa es la imposición sin planificación".
En este sentido, la consejera ha cargado contra lo que ha calificado como "improvisación, falta de diálogo y ausencia de previsión" por parte del Gobierno central. A su juicio, el actual reparto responde más a una lógica política de emergencia que a un diseño serio y coordinado de protección de la infancia migrante.
"Queremos garantizar la protección de estos menores, pero no desde la improvisación ni el apilamiento en centros sin recursos suficientes", ha advertido.
Exige el cese inmediato del traslado forzoso
Ante esta situación, el Gobierno de Cantabria ha solicitado que se "cese de inmediato este traslado forzoso de menores entre comunidades autónomas", y ha exigido al Ministerio competente una revisión urgente del modelo. Gómez del Río ha subrayado que la región está comprometida con los derechos de la infancia, pero ha defendido que dicha protección debe hacerse "desde la responsabilidad, la planificación, los recursos adecuados y el respeto institucional".
"El Gobierno de Sánchez no está priorizando la protección de los menores, sino buscando cómo sacarse un problema de encima repartiéndolo por decreto", ha zanjado la consejera.