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El Diario de Cantabria

OPERACIÓN "CAYÓN"

Diez detenidos en Cantabria y País Vasco por favorecer inmigración irregular

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Diez detenidos en Cantabria y País Vasco por favorecer inmigración irregular
 La Policía nacional ha detenido a diez personas en Cantabria, Bilbao e Irún como presuntos integrantes de una red que se dedicaba a alquilar pisos a través de una inmobiliaria de Santa María de Cayón a nombre de extranjeros que residían en el País Vasco para, una vez empadronados, solicitar la reagrupación familiar.

En Bilbao han sido detenidas ocho personas y en Irún, una, todas por un delito de falsedad documental, mientras que la principal investigada, propietaria de la inmobiliaria, ha sido detenida en Santander.

Según la Policía nacional, con esta operación, denominada "Cayón", se ha evitado la concesión de 36 autorizaciones de residencia por reagrupación familiar y "se ha evitado el efecto llamada que la actividad estaba generando en el valle de Cayón y en las solicitudes de reagrupación familiar", destaca en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de una comunicación de la Policía Local de Santa María de Cayón el pasado mes de febrero, en la que informaba del incremento inusual de solicitudes de empadronamiento en este municipio y en los de Castañeda y Penagos.

En estos empadronamientos figuraban contratos de arrendamiento que eran tramitados por la propietaria de la inmobiliaria, que alquilaba pisos en esas zonas cercanas al municipio, para una vez obtenidos los certificados de empadronamiento y de convivencia, tramitar las solicitudes de reagrupación familiar en la Oficina de Extranjeros de Santander.

Según la Policía, la trama estaba dirigida por la propietaria de la inmobiliaria, que alquilaba los pisos, intermediaba en las gestiones en los ayuntamientos y en alguna ocasión presentó documentación en la Oficina de Extranjeros, con la excusa de que los solicitantes de las reagrupaciones no hablaban español.

Alguno de los pisos que se ofertaban, fue alquilado en tres ocasiones en el periodo de un año.

Los propietarios de los pisos han declarado que no llegaron a conocer personalmente a sus inquilinos, que recibían mensualmente la renta en sus cuentas y que los recibos de suministros los enviaban directamente a la agencia inmobiliaria, quien se encargaba de gestionar su cobro.

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