Denuncian falsedad documental en la expropiación de una parcela de Mortera-Liencres

El pasado viernes se inauguraba la carretera CA-303, entre Mortera y Liencres, y el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla lo definía como una «gran obra». Pero, ¿a costa de qué? o mejor dicho, ¿a costa de quién?.

El mismo día que preparaban la foto en el mirador situado entre ambas localidades, una de las afectadas de las expropiaciones para ejecutar dicha obra, se enteraba de que el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Piélagos, seguían adelante en un proceso «que nos está llevando la salud a toda la familia», por la «mala» actuación, «carente de ética» del Gobierno regional.

Todo comienza en octubre de 2019, cuando José Luis y Charo, reciben una notificación de Consejería de Obras Públicas para una primera reunión en el Ayuntamiento para iniciar los trámites de la expropiación. En esa reunión se les pide que firmen un acta previo de ocupación, que ellos no firman, al no estar de acuerdo con el proyecto y presentan sus alegaciones.

A partir de ese momento comienza un calvario para este matrimonio y su familia, que ven como la administración pública lejos de trabajar por y para los ciudadanos, hacen caso omiso de sus reclamaciones, y siguen adelante con el proceso, a base de, según manifiesta su representante legal, documentos que no son legales y atentando contra el derecho de propiedad para hacer la carretera si o si.

Vayamos a los antecedentes de dicha expropiación. El acto expropiatorio del terreno del matrimonio de José Luis y Charo, pasa por el consentimiento reflejado en el acta previa de ocupación (que en este caso existe, pero firmada por una persona que ni es propietaria, ni cuenta con el permiso del matrimonio). La expropiación se basa, por tanto, en un documento que no es legal, pues no respeta ni el derecho de propiedad, ni el título de propiedad. En él, habla y firma una persona ajeno a la propiedad, que afirma representar al matrimonio. Nada más lejos de la realidad.

Los propietarios han tenido conocimiento de ese Acta Ilegal de forma puramente casual y ha comenzado una lucha contra el Gobierno Regional para conseguir de éste, unas condiciones de expropiación lógicas y adecuadas a los criterios técnicos: primero evitando que dañen su finca desde el criterio urbanístico, segundo buscando contener adecuadamente las tierras que se han retirado para construir la carretera. Se trata de evitar caídas accidentales en un desmonte de hasta 5 metros de desnivel en su peor punto.

A la vista que la ley de expropiaciones exige presentar al menos 3 opciones y elegir la menos dañina, los afectados solicitaron reconducir la expropiación a una opción que no dañe urbanísticamente la parcela. Siempre renunciando al cobro de indemnización monetaria por el terreno expropiado, buscando mantener la edificabilidad del mismo. También pidieron un muro de contención que, casualmente, ronda los 130.000 euros y… no interesa.

Durante las comunicaciones con el Gobierno Regional los abogados del matrimonio advirtieron que la expropiación es ilegal, y que el proyecto de la carretera es muy deficiente en criterios técnicos y no es ni de lejos la opción menos dañina, pero la administración «ha hecho caso omiso a todas nuestras reclamaciones».

Al destaparse que el acta previa de ocupación es ilegal, la sede Regional del Catastro modificó la titularidad de la parcela expropiada atribuyendo una parte de la misma (con las obras de la carretera casi acabadas) a la misma persona que firmó el acta de ocupación. La ley de expropiaciones (1955) vincula como única herramienta de atribución de justiprecios a la información catastral. De ahí, se podría adivinar una presunta colaboración entre el Gobierno Regional, la sede Regional de Catastro y el firmante del acta previa de ocupación ilegal. Desde hace tiempo se ha elevado recurso ante la sala de lo contencioso administrativo al que seguirá la demanda en cuanto el TSJC lo admita a trámite, contra el Gobierno de Cantabria por la naturaleza del acta previa de ocupación y recientemente se ha elevado contra la Sede Regional del Catastro por la acción de modificar la titularidad de la finca, como de costumbre, sin el consentimiento de sus dueños.

Por último los afectados creen que «se ha atentado contra el derecho de propiedad para hacer la carretera si o si, y además, el proyecto técnico es deficiente en lo geotécnico y dañino en lo urbanístico, cuando la ley de expropiaciones exige todo lo contrario».