Denuncian ante el CGPJ las anomalías en el caso del parque eólico ‘El Escudo’

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha presentado una denuncia y queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La entidad sostiene que en la tramitación del procedimiento ordinario 1263/2022, vinculado al proyecto eólico El Escudo, se han producido anomalías que han derivado en retrasos, indefensión y un avance de las obras impulsadas por el consorcio Biocantaber, integrado por Iberdrola Renovables, Banco Santander y Ocyener.

En un comunicado hecho público el 1 de septiembre de 2025, la Plataforma detalla que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) incurrió en un retraso de meses en la remisión del expediente. Afirma que la documentación llegó incompleta y desordenada, y que la Sala no adoptó ninguna sanción por la demora.

La consecuencia, según la entidad, fue que la demanda se retrasó un año en formalizarse, mientras las obras seguían ejecutándose. Esta situación, argumenta, generó inseguridad jurídica y una clara indefensión para la parte demandante.

Otro de los puntos de la denuncia se refiere a la no designación de Biocantaber como parte interesada en el procedimiento. Según expone la Plataforma, el MITERD no reconoció a la empresa su condición procesal, lo que obligó a solicitar de forma insistente su emplazamiento hasta que la Sala finalmente lo ordenó. El colectivo entiende que este hecho constituye una anomalía que condicionó desde el inicio la tramitación.

En cuanto a las medidas cautelares, el escrito enumera nueve solicitudes presentadas entre el 21 de junio de 2024 y el 9 de abril de 2025. La Plataforma sostiene que ninguna fue tramitada ni proveída, lo que permitió un avance de las obras sin control judicial. A su juicio, se produjo un perjuicio difícil de reparar, ya que durante ese tiempo se ejecutaron trabajos que alteraron el entorno sin que existiera resolución sobre la suspensión solicitada.

La entidad añade que el plazo empleado para dictar sentencia fue excesivo. Según recalca, pasaron 16 meses desde que se presentaron las conclusiones hasta que se emitió la resolución. Esa dilación, asegura, favoreció que las obras siguieran avanzando pese a las reiteradas solicitudes de paralización. Para la Plataforma, esta demora resulta incompatible con la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva en un asunto con incidencia ambiental inmediata.

Otro aspecto que destaca es la falta de resolución de la petición de aclaración de la sentencia, formulada el 13 de junio de 2025. Transcurridos más de 75 días, la solicitud sigue pendiente, lo que obligó a la Plataforma a anunciar ad cautelam un recurso de casación sin conocer la respuesta. La organización entiende que esto limita su derecho de defensa, ya que no pudo contar con todos los elementos de la resolución antes de recurrir.

También se denuncia el retraso en la tramitación del recurso de casación, presentado el 17 de julio de 2025 y que aún no se ha remitido al Tribunal Supremo. Del mismo modo, critican la falta de tramitación de la solicitud de ampliación de medidas cautelares presentada el 24 de julio de 2025. En dicha solicitud se hacía constar su urgencia y se pedía habilitar el mes de agosto. La Plataforma advierte que en ese periodo el consorcio y la Administración continuaron con actuaciones que aumentan la irreversibilidad de los daños.

En su escrito al CGPJ, la organización afirma que «cada día es más difícil reparar el perjuicio para el interés general, bienes comunales de utilidad pública muy protegidos y el medio ambiente, destrozando en especial el futuro, turberas, humedales, espacios protegidos, biodiversidad, conectividad,… en la sierra del Escudo». Señala que los impactos no solo son jurídicos, sino que afectan directamente a elementos naturales esenciales.

La Plataforma subraya además que actúa sin ánimo de lucro y que se acoge a la justicia gratuita. Se define como una pequeña asociación con más de 15 años de actividad, que ha participado en procesos judiciales que culminaron en la anulación, por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Tribunal Supremo, del concurso eólico de 1.400 megavatios, así como de cinco polígonos industriales eólicos en su territorio. El comunicado también contiene consideraciones sobre el modelo energético actual.

La Plataforma afirma que es «vacuó acogerse a una falsa/innecesaria ‘transición energética’», ya que, según indica, nunca antes se había registrado un uso tan elevado de materiales y recursos como madera, carbón, petróleo, uranio, agua escasa, cemento, acero, aluminio, plásticos, fibras y metales raros. Todos ellos, sostiene, se utilizan en la fabricación e instalación de aerogeneradores y placas solares explotados por los consorcios.

Asimismo, la organización denuncia que se está produciendo una usurpación de tierras comunales y de lo que consideran bienes colectivos: «lo único renovable, la luz y el viento, de todos». Argumentan que se trata de recursos naturales que deberían permanecer en manos de las comunidades y no quedar bajo el control exclusivo de grandes empresas privadas.

El comunicado concluye con una advertencia sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. La Plataforma señala que «pese a los nada tranquilizadores/falsos anuncios, crece la emisión de gases efecto invernadero y, con ello, una evidente, caótica ‘emergencia climática’, frente a la que nadie, en absoluto, hace nada».